Protección a defensores y periodistas
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- Publicado: Martes, 19 Febrero 2019 11:20
- Escrito por Óscar Loza
No soy Aquiles sino su talón.
José Emilio Pacheco
Urge que el gobierno de Andrés Manuel tome medidas de protección a defensores y periodistas. Apenas el martes pasado nos llegó la grave noticia de que Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, activistas de la Organización del Pueblo Mé Phaa, fueron privados de la libertad y desaparecieron. Eran las 7:30 de la mañana y viajaban en el tramo Tierra Colorada-Ocotito, rumbo a Chilpancingo. No alcanzaron a llegar a su destino.
Obtilia es integrante del Concejo de Autoridades Comunitarias del municipio de Ayutla, Guerrero y cuenta con una medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2009. En noviembre pasado Obtilia denunció que había sido objeto de amenazas de muerte. Por lo visto a los enemigos de los derechos humanos no les mortificó mucho el cambio de régimen.
No son los únicos casos a lamentar. El jueves 3 de enero Sinar Corzo Esquinca fue asesinado en Arriaga, Chiapas, poco después de haber gestionado ante el ayuntamiento de ese municipio el arreglo de camino vecinal hacia la comunidad La Línea. A pesar de este hecho y de lo que se dijo a voz en cuello sobre los presuntos responsables, el día 18 de enero aparecen muertos Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez, en el pueblo de Amatán, Chiapas. Habían sido levantados junto a otros 48 miembros del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común de Amatán el día 17.
El sábado 9 pasado, en el municipio Emiliano Zapata, Chiapas, fue asesinado el periodista de radio Jesús Ramos Rodríguez, director del noticiero Nuestra región hoy. En todos los hechos se exigen medidas cautelares para prevenir que la violencia cobre víctimas entre los familiares de quienes perdieron la vida, lo que no deja de ser correcto, sin que perdamos de vista que ello habla de que hasta hoy vamos atrás, muy atrás, de quienes asesinan a periodistas y a defensores de los derechos humanos.
Cabe mencionar que algunos de ellos contaban con medidas cautelares, que a final de cuentas no pudieron evitar el mal mayor. Y en referencia a ese tipo de medidas que emiten organismos como la CIDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las comisiones estatales y organismos de la sociedad civil, debe hacerse una revisión de los casos mencionados, para observar en detalle qué tanto se atendió dichas medidas, pues del incumplimiento de esas medidas maduraron las condiciones para que perdieran la vida los beneficiarios mencionados arriba.
Y esta recomendación no debe ser echada en saco roto, pues hay otros activistas de derechos humanos y periodistas que cuentan con ellas, y no les han faltado sustos en los años y meses anteriores; que si bien conservan la vida, ésta la viven con el Jesús en la boca. En estos casos hay sobrada materia de trabajo para Alejandro Encinas, subsecretario de gobernación y para las secretarías generales de gobiernos de los estados y las áreas de derechos humanos de esas entidades. En Sinaloa hay al menos dos casos, en el personas cuentan con medidas cautelares emitidas por la CIDH y que no son valoradas en su justa dimensión por las autoridades locales, a pesar de la insistencia de sus beneficiarias y de las reiteradas circunstancias delicadas en que se han visto envueltas.
Es cierto que Alejandro Encinas tiene mucho trabajo, pero no menos cierto es que la vida democrática de la Nación languidece y muere si la violencia sigue cobrando víctimas entre defensores de los derechos humanos y periodistas. Los partidarios de la violencia están tocando las dos aristas más sensibles de la vida nacional y en un régimen que se reivindica democrático y partidario de la libertad de expresión y de proteger no sólo los derechos humanos, sino a sus defensores, aquellos no pueden seguir asesinando o desapareciendo a nuestros activistas y reporteros. Permitirlo es ahorcarse con el mismo lazo que mata a periodistas y defensores.
La situación obliga a todas las instituciones del Estado mexicano [de los tres poderes y de los tres niveles (federal, estatal y municipal) de gobierno], incluido el sistema no jurisdiccional de derechos humanos, los organismos no gubernamentales y asociaciones de periodistas, a coordinar esfuerzos y fortalecer los mecanismos de prevención y protección a periodistas y defensores de los derechos humanos. Los casos que se han presentado desde el 1° de diciembre pasado hablan de una emergencia y debemos asumirla con toda la dimensión que tiene. Emprender el esfuerzo de coordinación mañana nos dice que empezamos con retraso, no sigamos con esta falla, porque lamentaremos nuevas víctimas. Si los enemigos de la democracia y los derechos humanos tienen ojos y manos en todos lados vigilando a periodistas y defensores de los derechos humanos, la sociedad debe tener ojos, manos y corazón en cada rincón del país para defender sus espacios, a los defensores y periodistas. Y el Estado debe tener prestos su estructura y su fuerza política en defensa del Estado de derecho. Vale.
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Twitter @Oscar_Loza
