Marco Antonio Parra “Mayco”,
con tu callado proceder has ganado muchas batallas.
Esta no será la excepción, échale muchas ganas camarada.
Tenemos 36 años ininterrumpidos de trabajo. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, fue fundada en el año de 1983. Nunca cerró sus puertas a pesar de los momentos terribles que ha vivido, como la pérdida de Jesús Michel, Norma Corona o Jorge Aguirre. Tampoco fue razón suficiente para no atender quejas y peticiones de ciudadanos, las amenazas o persecución sufrida por algunos otros de sus miembros. Nuestra vocación de servicio se ha forjado de buena arcilla: de lucha incansable e inclinación humanitaria del pueblo sinaloense.
Nosotros estamos cumpliendo. ¿Por qué lo decimos?, porque la constancia y dedicación a nuestro trabajo de defensa y promoción de derechos humanos, logró que este año el Congreso del Estado aprobara un pequeño renglón del presupuesto anual de gobierno para el sostenimiento de las oficinas de la CDDHS. Ese fondo es de un millón de pesos para 2019. La aprobación de ese modesto renglón significa el reconocimiento al trabajo permanente de más de tres décadas de nuestra parte. Es nuestro orgullo. Pero no faltan negritos en el arroz, señor gobernador.
Creímos que el reconocimiento otorgado por el Congreso no tendría tropiezos en el Poder Ejecutivo, que todo fluiría sin mayores problemas, contribuyendo a generar mayor estabilidad en el funcionamiento de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa. Pero nos hemos equivocado. Nos preguntamos, ¿qué pasa en el área de finanzas del Gobierno del Estado? Porque sólo una ministración de recursos hemos tenido durante el presente año y esa data de principios del mes de mayo pasado. ¿Hay interés en alguna área de gobierno en que nuestra Institución no funcione, en que cierre sus puertas?, pues después de muchas gestiones para que lleguen los fondos acordados por la Cámara de Diputados, la segunda ministración no toca a nuestras puertas.
Licenciado Quirino Ordaz, a pesar de cualquier dificultad nosotros no dejaremos de cumplir con nuestro deber, seguiremos atendiendo a todos los ciudadanos que ocurran ante nuestras oficinas o que soliciten de nuestros buenos oficios desde algún rincón de nuestra querida geografía sinaloense. Pero si nosotros cumplimos con nuestro deber, con toda justicia solicitamos de su parte que el Poder Ejecutivo cumpla con el suyo. Si en el área de finanzas se están dificultando las cosas y nos ponen en riesgo de suspensión del servicio de energía eléctrica, del teléfono y el agua, además del pago de salarios, le agradeceremos pregunte por las razones que tengan para incumplir un decreto del Congreso. Más agradecidos estaremos si a la preocupación suya le acompaña instrucciones precisas para que el área de finanzas destrabe cualquier obstáculo y nos permita contar con un recurso vital para el servicio que prestamos a la ciudadanía.
Por otra parte, se cumplieron 57 meses este día 26 junio sin que haya la justicia que buscamos para el caso Ayotzinapa. Hay un entorno que va propiciando que el nuevo trabajo emprendido por la Fiscalía General de la República y de la Subsecretaría de Gobernación para Derechos Humanos, pueda dar frutos positivos. Me refiero a la reacción que la ONU ha tenido ante el video que hace algunas semanas salió a la luz y en el que se demuestra que uno de los 110 detenidos para el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, fue torturado en octubre de 2014. La ONU plantea la reposición del proceso de investigación.
Las misma Fiscalía General de la República dio a conocer que este 26 de junio inició sus trabajos la Unidad Especializada en investigación sobre el caso de Ayotzinapa y manifiesta que tendrá 17 facultades, mismas que le permitirán cumplir las tareas para la que fue creada. ¿Cuándo lo hará? Lo ignoramos, pero hacemos votos porque dichas tareas no tarden mucho en cumplirse. Dentro tres meses se cumplirá el año quinto desde aquella fatídica noche de Iguala. Y la sociedad mexicana no puede estar esperando de manera infinita a la solución del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La justicia ya no fue pronta y expedita, pero al menos deseamos que llegue aunque no en el tiempo en que decenas de millones lo demandaron a nivel de todo el mundo.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el de la Cuarta Transformación de México, debe ver como tareas de corto plazo el esclarecimiento del caso de Ayotzinapa, la justicia para los 40 mil desaparecidos que hay en el país y detención de la nefasta práctica de la desaparición forzada en México. No es una tarea fácil, pero sí imprescindible, si queremos que la transformación prometida y a la que aspiramos millones de mexicanos sea una realidad. Vale.
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