Carola Rockete arriesgó su libertad

por salvar la vida de 40 inmigrantes africanos.

La fiscalía italiana fracasó en su intento de imponerle rejas.

El mundo lo aplaude.

Hubo cambio de secretario de desarrollo social y cambio de política hacia los desplazados de la violencia. Juró el gabinete social que nada cambiaría y que se cumplirían los compromisos adquiridos con ese sector vulnerable que no ha dejado de crecer. Pero las dificultades siguen presentándose para preocupación de muchos. Y las inquietudes pueden desbordarse si no se atienden las necesidades más apremiantes.

Este viernes 5 hay reunión entre la Coordinadora de desplazados y la autoridad estatal. Ojalá que la mesa de diálogo se desarrolle en el mejor ambiente, porque de ello depende en buena medida que las cosas se encaminen adecuadamente. Si el ambiente se vuelve tenso los problemas se prolongarán y con ello el sufrimiento de cientos de familias que han puesto sus esperanzas en la amigable composición con las autoridades del estado. Nada menos esperamos nosotros.

El martes 2 del presente el senador Rubén Rocha se reunió en Mazatlán con las familias de desplazados del sur del estado. El clamor por el cumplimiento de compromisos hechos por las autoridades se hicieron sentir, sobre todo el problema de la vivienda. Dos cosas se juntan para volver desesperante el renglón de la vivienda: el hacinamiento de dos y hasta tres familias en una pequeña casa de renta, porque no pueden pagar una por separado, pues sus ingresos son muy precarios, y la otra razón es la conciencia de que el Congreso del Estado aprobó un presupuesto de 30 millones para la compra de terrenos y hasta este día no se ha entregado un solo metro cuadrado a los desplazados.

Todos debemos tener plena conciencia de que ha pasado ya medio año fiscal sin que el fondo de 30 millones de pesos, 15 millones acumulados hasta hoy, se hayan aplicado por entero para aliviar la penosa situación que viven los desplazados de todo el estado, cuya cifra ha sobrepasado ya los 40 mil ciudadanos desde 2009 a la fecha. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa apuesta a la amigable composición y utilizará sus buenos oficios para lograrla. Nada mejor debe pasar por el bien de los desplazados de la violencia. Enhorabuena.

En otro orden de cosas, la CDDHS ha solicitado información a Protección Civil del estado y a los municipio de Ahome, Culiacán, Navolato, Mazatlán, El Rosario y Escuinapa sobre el Atlas de riesgo general y de cada uno de los municipios mencionados, además de que se nos informe acerca de las obras realizadas previendo los problemas que se han presentado en las últimas temporadas de lluvias. Por el importe que algunas de las obras implican somos conscientes que no se pueden resolver todas, pero esperamos que se haya avanzado en las que presentan mayores riesgos. El término para dar respuesta de acuerdo a la Constitución Política del Estado es de 10 diez días y está por vencerse. Esperamos que cumplan.

Ya no es posible seguir las viejas conductas de cruzarnos de brazos y esperar a que el temporal sea favorable, tampoco es posible permitirle a los fraccionadores (constructores de viviendas) que sean ellos los que decidan hacia dónde crece la ciudad, sin importar los riesgos naturales. Los grandes dolores de cabeza que hemos tenido y las pérdidas humanas y materiales de las familias damnificadas son demasiadas como para seguir siendo víctimas de especuladores y cómplices desde las oficinas públicas. Valen más las vidas de nuestros conciudadanos que los intereses que se esconden detrás de esos proyectos de viviendas.

La Cámara de Diputados está pendiente con los defensores de derechos humanos y los periodistas. El pasado día 13 de junio le hicimos llegar una iniciativa de Ley de protección para estos sectores. No ha pasado mucho tiempo desde ese día, pero como a los enemigos de estas dos actividades no se han distinguido por dormirse en sus laureles o por cambiar de actitud ante un nuevo gobierno que se reivindica respetuoso de los derechos humanos y de la libertad de expresión, lo más natural es que urjamos a nuestros legisladores a obsequiarnos con una Ley sobre el tema a la brevedad posible.

Si bien la legislación no cambiará radicalmente la situación preocupante de activistas y reporteros, sí nos queda claro que al legislarse quedarán muy bien establecidas las medidas de prevención que eviten llegar a los momentos extremos y los pasos que tienen que darse para proteger a defensores y periodistas cuando las condiciones apunten al riesgo o cuando esté corriendo. Las expectativas son grandes para una buena legislación y esperamos que el Congreso del Estado esté a la altura de nuestro reclamo. Vale.

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