No, gobernador

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Publicado: Lunes, 18 Febrero 2019 15:50

Escrito por Juan Manuel Partida

Discrepamos del gobernador Quirino Ordaz Coppel en su afirmación de que los sinaloenses queremos la guardia nacional planteada por la cuarta transformación.

Cierto que necesitamos con urgencia un combate más eficiente en contra de la violencia y de la delincuencia, pero ello para nada implica necesariamente que como pueblo respaldemos ese proyecto que ya hemos visto operar y que ha fracasado gravemente.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere simplemente formalizar y hasta superar lo que no funcionó con Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

El uso de las fuerzas armadas como sustituto y como cabeza de la prevención del delito y el combate a los delincuentes ya demostró que no es la solución.

Con el ingrediente negativo de numerosos abusos y delitos cometidos por militares y marinos, con una impunidad vergonzosa e insultante.

Robos, torturas, desapariciones y asesinatos por montones, sin castigo.

Condenas incluso por organismos internacionales, como las Naciones Unidas, sin que los gobiernos de antes y de hoy vayan más allá de las simulaciones y las puras apariencias.

Ya sabemos que hay una luna de miel política entre el gobierno estatal y el federal, pero el pueblo no puede quedar embarcado en acciones que, como ya advertimos, tienen repercusiones muy negativas.

Cuestionamos en su momento la Ley de Seguridad Interior, decretada finalmente como ilegal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Proceder con las reformas constitucionales pretendidas por el gobierno federal atenta gravemente contra nuestros derechos humanos, al darle a la guardia nacional facultades dictatoriales.

No habría modo de alegarle a la autoridad, que con cualquier pretexto se metería en nuestras casas sin órdenes de aprehensión, o nos detendrían en las calles sin contar con un mandato judicial.

Ya hemos visto muchos abusos, y está claro que con el pretexto de que nadie más puede enfrentar a las mafias organizadas, se arguye que nuestras fuerzas armadas son las que deben hacerse cargo de las tareas de seguridad pública, por encima de las autoridades civiles.

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa no se atrevió a los caprichos del Ejército y la Armada, de establecer reformas legales a modo para terminar haciendo a un lado nuestros derechos humanos.

Enrique Peña Nieto se bajó los pantalones y cedió con la ya mencionada ley de seguridad interior, pero el faraón que ahora nos gobierna quiere ir más allá.

La constitución no les sirve como está, y para complacer a los altos mandos de las fuerzas armadas se quieren violentar nuestros derechos humanos.

En términos más entendible, lo que ahora es ilegal puede ser luego legal.

Sobre lo anterior hay también advertencias puntuales de la ONU y de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, de que proceder con las modificaciones constitucionales planteadas atenta contra nuestras garantías hoy amparadas por la constitución.

Al interior del país, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y partidos políticos diversos han expresado su repudio total.

Nada, pues, que violente nuestros derechos humanos, y que al mismo tiempo formalice el actuar impune de quienes desde el gobierno roban, desaparecen y asesinan.