Los pueblos siempre quieren hablar.
El problema más bien es saber si el Estado está dispuesto a renegociar.
Jaime Luis Brito
El próximo día 14 de junio la prensa mazatleca estará sentada en el banquillo de los acusados. Los reporteros Luis Peraza, Adriana Angulo, Joel Núñez, Kenia Flores, Adrián Luján, Sibely Cañedo, Marimar Toledo y Fernando Zepeda deberán comparecer ante el Juzgado Primero Civil. El día 13 de mayo pasado así lo resolvió dicho juzgado. Dos cosas sorprenden sobremanera al respecto: la actitud de intolerancia de la autoridad municipal del puerto, que encabeza el químico Guillermo Benítez y que en este aspecto no se diferencia del anterior presidente municipal Fernando Pucheta y la diligencia que el Poder Judicial muestra ante la demanda que presenta un despacho jurídico.
Entre las cosas que la sociedad de Mazatlán esperaba después de las elecciones de 2018, era un cambio verdadero en las maneras de tratar los problemas del municipio, en especial las relaciones con los diferentes sectores sociales, sin faltar los medios de comunicación. No fue así y vuelve a repetirse esa actitud que invita al zafarrancho con quienes opinan de manera diferente. Publicar en libertad parece más que una falta al Bando de policía y se pretende darle el rostro de un delito manifiesto que hay que combatir sin descanso. Y no falta el juez, para cerrar el abominable círculo de la intolerancia, que da cabida a la primera demanda que se presenta contra quien publica textos de crítica a quienes ejercen el poder local.
La cita judicial en otras circunstancias sería parte del anecdotario tropical al que nos han impuesto nuestros políticos de carnaval y quemas de mal humor, pero el marco en que se realizará es materia sobrada para preocuparnos y ocuparnos del asunto. No puede pasar por alto que tan sólo en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador nueve reporteros han sido asesinados, pues a los enemigos de la libertad de expresión no les sube la presión porque haya habido cambio de régimen, pues a final de cuentas la impunidad no ha recibido la derrota del Estado que promueve la llamada Cuarta Transformación.
Y en Sinaloa las cuentas negativas no sólo siguen bañadas por la sombra del caso Javier Valdez, que no ha alcanzado la justicia que merece, pues tienen que sumar las amenazas contra María de Jesús, reportera de El Debate y el asesinato que cobró la vida del periodista Omar Iván Camacho de Guamúchil. Como podemos ver el marco no es nada agradable. Y la sensibilidad de las autoridades locales deja mucho que desear en materia de libertad de expresión.
En tanto sucede lo mencionado, a convocatoria del Congreso del Estado y la participación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México, Artículo 19, Reporteros sin Frontera, organismos de periodistas y comisiones de derechos humanos de Sinaloa, hacen un esfuerzo por elaborar una iniciativa de Ley de protección a activistas de derechos humanos y periodistas, buscando detener la terrible práctica de atentar contra la libertad de expresión, los derechos humanos y contra la integridad de quienes promueven esos derechos.
No se ve por ningún lado que las instancias gubernamentales mazatlecas y de otros municipios estén registrando la iniciativa del Congreso y las preocupaciones de un amplio número de organizaciones internacionales y locales, más bien parecen navegar en contra de toda esa nueva corriente social que aspira a una legislación que contenga los parámetros internacionales en la materia y que garantice el pleno ejercicio del periodismo y de la defensa de los derechos elementales de los ciudadanos.
Por otro lado, no estamos viendo expresiones masivas de solidaridad con los periodistas porteños mencionados y condenas colectivas locales y nacionales contra la medida judicial que favorece de entrada las actitudes intolerantes y autoritarias de quien gobierna Mazatlán, alimentando además otros intereses retardatarios en el puerto y en el resto del estado. Estamos en el momento justo de hacer valer los espacios ganados en materia de libertad de expresión y derecho a estar informados. No esperemos al día 14 para decirle a Luis Peraza, Adriana Angulo, Sibely Cañedo y los demás citados, que estamos con ellos. Es ahora.
Y desde luego, busquemos que el día 14 no comparezcan solos. Los reporteros citados somos todos. Que la comparecencia sea una manifestación de apoyo a los periodistas y la exigencia de respeto a la libertad de expresión y condena a la intolerancia de las autoridades. Expresarnos en solidaridad con los periodistas mazatlecos será el mejor mensaje a los trabajadores de la comunicación, a las autoridades, a la sociedad y, desde luego, a quienes aún aspiran a amordazar la democracia, ahorcando a su correa de transmisión principal: la libertad de expresión. Vale.
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