El miedo no da fe, cuando más
una resignación sorda y temible.
René Valdés
El caso Javier Valdez ha dejado algunas lecciones inolvidables. En su II aniversario luctuoso habrá que preguntarnos si las hemos aprendido. No estoy tan seguro de ello. ¿Por qué lo afirmo? Porque en el recuento de la historia de su inmolación no hemos creado ni los mecanismos, ni las estrategias que prevengan los ataques a otros periodistas. No tenemos que quebrarnos mucho la mollera para encontrar los datos que nos reiteran la situación planteada: tan solo desde que inició el presente régimen que encabeza López Obrador van nueve reporteros asesinados.
Una primera lección en la que se ha insistido mucho desde aquél 15 de mayo de 2017 es que los periodistas deben valorar más la unidad gremial. Una leve revisión en este renglón arroja que no sólo en el país hay inmensidad de organismos que representan a pequeños grupos de reporteros, también en los estados se reproduce una situación similar. Vaya, hasta en las ciudades sucede lo mismo, como es el caso de Culiacán. Lamentablemente argumentos sobran para justificar la pulverización, a pesar de los crecientes y lamentables saldos.
Una segunda sería la impunidad que reina en los diferentes ataques que reciben los periodistas, que van desde las amenazas, daños a su patrimonio, hasta la pérdida de vidas. Los organismos internacionales como Artículo 19 o Reporteros sin Fronteras y nacionales como la CNDH, afirman que dicha impunidad anda por el 90 por ciento de los casos registrados. Demasiada manga ancha en materia de agravios a periodistas, y lo peor: ello resulta ser la mejor invitación para seguir agrediendo a los periodistas.
La tercera lección es la ausencia de una legislación integral sobre la materia. A nivel federal llegó con mucho retraso y en las entidades va despacio y con tropiezos una legislación que permite ver de manera nebulosa las posibles políticas públicas en el terreno de la libertad de expresión y en la protección de los periodistas. Hay mecanismos de protección en varios estados, pero el énfasis está en la reacción sobre hechos consumados y no en medidas de prevención. Las consecuencias de todo ello ya las conocemos.
Es necesario mencionar como cuarta lección, que la medida que se ha privilegiado en los mecanismos de protección es sacar de la ciudad y del estado, en no pocos casos, a reporteros amenazados o agredidos. Sin condenar la medida, digamos que cuando no se sigue una investigación de fondo de los casos, el reportero queda desarraigado de su tierra y de su medio, además de impune su caso. Y en muchas ocasiones sin contar con el respaldo del medio de comunicación para el cual trabajó. Sin dejar de mencionar que a pesar de las medidas de protección en otra ciudad, los riesgos para su integridad física y moral no terminan.
La débil respuesta social quizá debe contar como quinta lección ante la magnitud que alcanza el problema de ataques a reporteros. Alejandro Encinas, subsecretario de gobernación para derechos humanos y migración, informa que hasta el 2 de marzo del presente año 792 personas estaban inscritas en el mecanismo de protección y que 292, es decir el 37 por ciento, eran periodistas. Los otros son activistas de derechos humanos.
El Estado identifica muy bien donde se concentra buena parte de este mal y de ello deben desprenderse medidas concretas para abatirlo por parte de la autoridad y de la sociedad. El 62 por ciento de los casos se concentra en diez entidades, destacando la Ciudad de México, los estados de Veracruz y Guerrero con el 35.6 por ciento. Las acciones que demanda la situación que viven los periodistas tienen que ser contundentes y sin demora. Los resultados no pueden esperar.
Ante el II aniversario luctuoso de Javier Valdez este 15 de mayo, digamos también que la justicia no ha llegado a su caso. Dos presuntos responsables materiales comparecen actualmente ante el juez, sin tener claro en el expediente la autoría intelectual del crimen. Al parecer ha tenido mayor fortuna el caso de Omar Iván Camacho, asesinado recientemente en Guamúchil, pero lo que hace la autoridad hasta hoy no es ninguna garantía de solución. La acción organizada de periodistas y de la sociedad debe pugnar por una legislación integral y establecer mecanismos de prevención y protección junto a los organismos nacionales e internacionales que respaldan los derechos de los periodistas. Vale.
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