Aristóteles dice que el Estado mas justo es aquel que garantiza que todos seamos iguales ante la ley.

¿Qué es lo que estará en juego el próximo viernes cuando se reanude la audiencia que se le sigue a tres ex funcionarios Malovistas acusados por el Gobierno de Sinaloa por el desvío de poco mas de 263 millones de pesos?

No estará en juego si el acuerdo legal al que llegaron tanto la parte ofendida, en este caso el Gobierno del Estado y a quien se acusa de desviar los recursos públicos, es justo o injusto, ese será otro juicio y corresponderá a los sinaloenses cuestionarlo y sentenciarlo.

Lo que estará en juego, es ver si el Estado de Derecho, ese que nos garantiza que todos seamos iguales ante la ley, es respetado por quienes tienen en su responsabilidad y funciones institucionales, el procurar e impartir justicia.

Eso es lo que verdaderamente debe interesar y ponderar como prioridad el ciudadano. La otra vertiente, la de si es inmoral o moral, justo o injusto, ese juicio le toca hacerlo y sentenciarlo a los mismos ciudadanos y este tiene ante sí, el instrumento para castigarlo o perdonarlo. El Voto.

Por lo pronto, se podría pensar que varios personajes que han estado inmersos en este caso podrían caer en su propia trampa. La politización de un caso netamente jurídico o judicial.

1.-Cuando se dio la suspensión del fallo y se pospuso para nueva fecha -próximo viernes 7 de febrero- la audiencia por parte de la juez Sara Bruna alegando un juicio de valor como es considerar que era inmoral aceptar el común acuerdo de las partes en conflicto, de pagar una sanción de 2 millones de pesos, advertimos, que sin ser expertos en temas legales, la juez se había apartado de su responsabilidad de juzgar en base a lo que las leyes dictan, única y exclusivamente.

2.-También lo advertimos en nuestra columna del pasado jueves 30 de enero, que la juez con su decisión de no rechazar, sino solo posponer su fallo, alegando que era inmoral el acuerdo planteado entre el gobierno de Quirino Ordaz y los tres ex funcionarios Malovistas, quizás había tomado una decisión política para blindarse ella en lo personal y al Poder Judicial en lo general, de un caso sensible ante los ojos de los sinaloenses como son los casos de presunta corrupción.

3.-Así, la gran interrogante según lo planteamos en nuestra columna de ayer, es qué pasará en la próxima audiencia. Se aprobará el acuerdo, o se rechazará de nuevo.

¿Irá la juez Sara Bruna a validar el acuerdo al cual legalmente tienen derecho de realizar Gobierno del Estado como parte ofendida y los Tres personajes del Gobierno Malovista acusados de desvíos de recursos públicos?

Y si lo valida que pasará con todas esas voces que la llevaron hasta los cuernos de la luna haciéndola ver -en un juicio de valor, como un adalid de combate a la corrupción y de la moralidad por catalogar de inmoral dicho acuerdo.

¿Dirán que se vendió, que le llegaron al precio, que es parte del sistema corrupto?

4.-¿Pero, y si no lo valida, que pasará con el respeto al Estado de Derecho y la legislación vigente aprobada en este caso por él Congreso quien es el que hace las leyes?

Para donde dé el falló que emita la juez, será interesante analizarlo. De eso no hay duda. Hasta ahí el comentario hecho ayer.

5.-Pues bien, ese temor de que la juez no se apegue a la ley, más allá de que sea justo o injusto el acuerdo, ya fue olfateado por abogados afiliados a la Federación de Abogados de Sinaloa.

Julio Sergio Alvarado Andrade, presidente de la FAS dice qué en la postura de la juez, la cual cataloga como un exceso, hay una condición que les parece peligrosa, que sería que la juez juzgue desde su perspectiva de la moral, y no desde la perspectiva de que dicta la ley.

6.-Y es que ni la juez, ni la Fiscalía General del Estado, como impartidor y procurador de justicia, pueden hacer más de lo que la ley les permite. La FGE en su tiempo recibió la denuncia de parte de la ASE donde figura como ofendido el Gobierno del Estado. Después integró la carpeta de investigación, encontró elementos suficientes para probar la probable comisión de un delito, solicitó una orden de aprehensión ante el juez en contra de los tres imputados, misma que le fue concedida, y se declaró lista para ir al juicio oral. En pocas palabras, hizo su chamba.

7.-Sin embargo, si la parte ofendida para quien procuró justicia la FGE, decide acogerse a lo que la ley permite y realizar un acuerdo con los imputados, estén de acuerdo o no como institución de procurar justicia, pero las partes en conflicto deciden no seguir con el proceso penal, tienen que acatarlo. Esa es su voluntad.

Así, la gran pregunta que queda pendiente de contestar es la siguiente. ¿Y la juez irá a hacer lo mismo? Eso es lo que está en veremos.

8.-Lo que sí ya es conocido, es el fallo y sentencia del juicio que ya resolvió el ciudadano sinaloense. La sentencia popular desde hace mucho tiempo atrás encontró culpables a muchos funcionarios malovistas del delito de corrupción y los juzgó socialmente.

Igual juzgó ya el acuerdo llegado entre el Gobierno actual y el anterior, y de paso sentenció como una burla y una tranza.

Solo que hacer este tipo juicio, si está en el ámbito de las competencias del ciudadano Sinaloense. ¿Estará un juicio así también en el ámbito de competencias de la juez?

Eso lo sabremos el próximo viernes.

9.-Lo que sí, es qué entre lo perdido, no se puede permitir que el Estado de Derecho, ese que garantiza que todos seamos iguales ante la ley, no se respete parejo, sea justo o injusto ante los ojos del ciudadano.

El juicio social de sentenciar como moral o inmoral, ese tiene otro tipo de sentencia y de castigo y es casi seguro de qué se habrá de pagar.

El 2021 está a la vuelta de la esquina.

Habrá que estar pendientes.

PASO A PASITO.-Mientras los mexicanos estábamos entretenidos con la rifa de la avión presidencial, con el temor al coronavirus o la escasez de medicamentos en los hospitales públicos, el gobierno de López Obrador le asestó otro duro golpe a los trabajadores pensionados y jubilados.

La Suprema Corte -Poder Judicial- ya controlado por el presidente falló en contra de que los trabajadores que intenten acogerse al viejo régimen de Pensiones del IMSS, puedan obtener una pensión de 25 salarios mínimos o UMAS y solo pueden hacerlo con un máximo de 10.

Es decir, si un trabajador aspiraba y tenía condiciones de aspirar a una pensión de 50 mil pesos, ahora solo podrá recibir alrededor de 20 mil.

Son alrededor de 25 millones de trabajadores los que pudieran resultar afectados por esta decisión de la Suprema Corte.

Además, también van contra trabajadores que tienen doble pensión por haber desempeñado un doble trabajo y una doble tributación.

En fin, los distractores le han servido y bien al presidente.

OTRO PASITO.-Desde finales del año pasado, venimos advirtiendo que al entrar el 2020 lo que antes era, ya no será. El 2020 es el año de construcción de futuros proyectos de cara a la sucesión de Sinaloa y cada actor que busque el poder que dejará Quirino Ordaz lo hará a su manera.

Sin lugar a dudas, una de las fortalezas del actual gobierno estatal, es qué a tres años, no se le conocen casos documentados de presunta corrupción como si abundantemente se documentaron en la administración pasada.

Sin embargo, hoy los cuestionamientos de casos de presunta corrupción empiezan a aflorar y a denunciarse, pero aun, ninguno se ha documentado fehacientemente.

¿Será parte de los tiempos y circunstancias de las cuales hablamos desde finales del año pasado? Lo que antes era ya no será.

Ahh… y todavía falta ver, o acaso ya empezamos a ver también, el juego de la delincuencia, porque hay que advertir que estos también juegan en la sucesión.

La sucesión, cambia las reglas del juego, de eso no hay duda.