Era evidente que las autoridades estatales no tenían ni la menor idea de lo que pasaba en Culiacán a eso de las tres de la tarde. Las balaceras se desataban por todos lados.

Gente armada empezaba a recorrer las calles del sector urbano Tres ríos, considerado el corazón económico y comercial de Culiacán.

Y la verdad, es que las autoridades estatales no tendrían por qué saber o tener idea de por qué pasaba lo que pasaba en Culiacán.

Ese tipo de operativos implementados por el Gobierno Federal cuando se trata de capturar a un capo de la talla de uno de los hijos del Chapo Guzmán se hace -y siempre se ha hecho- con el mayor de lo sigilos y sin tomar en cuenta a las autoridades estatales.

La excusa que siempre se da, es que se hace para no poner en riesgo las labores de inteligencia e evitar posibles filtraciones.

Fue casi una hora después de iniciados los enfrentamientos cuando se empezó a entender y tener información del motivo de las balaceras.

El Gobierno Federal con un equipo de inteligencia de la Guardia Nacional había detenido a uno de los hijos del Chapo Guzmán. Más tarde, se supo que se trataba de Ovidio.

Pero si las autoridades estatales no tenían conocimiento de las causas que originaron el convertir a Culiacán en una zona de Guerra, tampoco supieron en primer instante cuando se dio la negociación y el Gobierno Federal tomó la decisión de liberar al hijo del Chapo.

La información empezó a llegar por los videos que corrían como reguero de pólvora por las redes sociales.

Los líderes de escuadrones le pedían a su gente que cesaran los tiroteos, que todo mundo se replegara, porque ya habían soltado al patrón.

Pasaron horas para que las autoridades federales, a través de un escueto mensaje del Secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo, dijera que para salvaguardar la vida de la gente de Culiacán se habían suspendido las acciones.

Con ello dejaba entrever lo que ya todo mundo daba por hecho en las redes sociales. Que habían dejado libre al joven capo. Horas más tarde, esta noticia se confirmaba y el propio Presidente López Obrador dijo que él había avalado dicha decisión.

Y ahí empezó el debate que hoy mantiene ocupado a medios locales, nacionales e internacionales.

¿Hizo bien el Gobierno Federal en soltar al hijo del Chapo?. ¿Se doblegó y se arrodilló el Gobierno ante el poder del Narco?.

Y a eso hay que agregarle una interrogante más y que es el origen de toda esta discusión. ¿Hay ineficiencia en el nuevo Gobierno Federal y producto de ello se puso en riesgo a la gente de Culiacán?.

Las tres interrogantes vale la pena desmenuzarlas con la mayor frialdad posible.

1.-Sin lugar a dudas el Gobierno Federal defiende su postura de tomar la decisión de liberar al hijo del Chapo. El Presidente López Obrador dijo que se tomó dicha decisión para no poner el riesgo la vida de mucha gente en Culiacán.

2.-Su postura desde luego, puede contener un alto grado de humanismo, de prudencia y sensatez, pero evidentemente está muy alejada de lo que un gobernante debe hacer con eficiencia y eficacia por sus gobernados como es garantizar la paz, la tranquilidad y desde luego la seguridad pública.

3.-El Gobierno Federal, en realidad puso en riesgo la vida de mucha gente en Culiacán desde el momento de diseñar y aplicar un operativo para la captura de El Chapito que evidentemente careció de lo que más presume el Presidente. Inteligencia.

4.-Desde luego ésta postura oficial y presidencial puede ser avalada por las miles de gente que quedamos atrapadas en el fuego cruzado –soy una de ellas- y a merced de un verdadero ejército de sicarios, con tácticas evidentemente militares en la implementación de la logística usada para lograr su objetivo. Intercambiar la libertad de Ovidio Guzmán por la pacificación de la ciudad de Culiacán.

5.-Desde luego, las miles de gente que sentían su vida en riesgo avalan en su gran mayoría la decisión presidencial. ¿Qué importaba más, poner a salvó su vida o que mantuvieran detenido al capo?.

La respuesta para quien vivió en carne propia esa odisea es más que obvia. Y no les falta o faltó razón.

6.-Para quienes vieron los hechos desde afuera, que evidentemente son los más, la decisión Presidencial fue un grave error, fue doblegarse, ponerse de rodillas, o bien, la muerte del poder del Estado como el poder supremo.

Si antes se decía que no puede haber nadie por encima de la ley y por encima del poder del Estado, esa máxima se echó abajo. Hoy se podría decir que el poder del narco, si está por encima del poder presidencial.

Para quienes lo ven así, tampoco es falta razón para pensarlo.

7.-Pero hay una verdad mucho más dolorosa y que no tiene dos interpretaciones. Un error siempre se intenta solucionar con otro error.

El mostrar y aceptar ser una autoridad ineficiente y que por esta causa se ponga en riesgo, ahí sí, la vida de miles de personas. Eso es mucho más grave que la decisión tomada.

Aquí está el origen o causa, la decisión al final es una consecuencia del error inicial.

8.-El mismo Alfonso Durazo en su defensa de no aceptar la existencia de un Estado fallido dijo que lo único que se tiene es un operativo fallido. En pocas palabras, aceptó que al Gobierno le faltó capacidad para sacar adelante su operativo, o sea prefirió cargar con el mal menor que es mostrarse como un gobierno ineficiente e ineficaz en materia de seguridad.

Eficiencia que sí tuvieron gobiernos como el de Fox, Calderón o Peña Nieto quienes capturaron a capos de mucha más altura sin disparar un solo tiro.

9.-Ahí es donde vale la pena analizar las consecuencias todavía no de la decisión tomada por el Presidente, sino de la ineficiencia mostrada por un Gobierno que evidentemente es incapaz de cumplir con su obligación de garantizar la seguridad de sus gobernados.

Esa ineficiencia es igual o mucho más peligrosa que la posible corrupción de un gobierno. Fue esa ineficiencia mostrada la que en realidad puso en peligro la vida de mucha gente en Culiacán.

9.-Pero además, por esa ineficiencia mostrada hasta el momento por el Gobierno Federal en temas de seguridad, es que han aumentado los índices delictivos y los homicidios a nivel nacional.

Por esa ineficiencia, es que sucedió lo que pasó en Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Veracruz y otros Estados donde los grupos delictivos imponen su ley y el Gobierno ha dejado a los ciudadanos a merced de estos.

Ahí, en esta ineficiencia mostrada, en salvar un error con otro error, ahí sí no puede haber dos posturas ni interpretaciones.

Habrá que estar pendientes.