Al pan yo no le pido que me enseñe
sino que no me falte durante cada día de la vida.
Pablo Neruda
Aún no digerimos la mala nueva: un supuesto centro de rehabilitación mantenía en cautiverio a 57 jornaleros y albañiles. Dice la Fiscalía que eran explotados laboralmente y abrió una carpeta de investigación por el delito de trata de personas. Una nueva forma de esclavitud se presentó en Angostura, donde operaba dicho centro. Y ha trascendido que en Ahome ya se investiga otro local del que se señala da abrigo a violaciones elementales a la dignidad humana como el mencionado.
Nos invade otra preocupación que tiene vasos comunicantes con al menos dos instancias gubernamentales: la Secretaría de Salud y la Dirección del Trabajo. Lo decimos porque hay cientos de los llamados centros de rehabilitación en el estado de Sinaloa, de cuya mayoría quizá tenga conocimiento la autoridad de Salud, pero no hay registro formal ni la supervisión debida. La Norma Oficial Mexicana 028 en esas circunstancias es un punto ajeno a dicha materia. Y las posibilidades de control de la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones (CEPTCA), sobre los centros de rehabilitación son dramáticamente limitadas. Por eso suceden situaciones como la mencionada en Angostura sin que se registren por las autoridades de salud.
La otra oficina gubernamental que duerme el sueño de los justos es la Dirección del Trabajo y su apéndice: la Procuraduría del Trabajo. No dudamos que falta legislar en la materia, pero ese espacio público muestra año por año que no tienen los suficientes inspectores, seguramente tampoco el presupuesto que requiere y, lo peor, la vocación por cumplir la misión de velar por el respeto a los derechos laborales es un asunto que no pasa por las mentes de quienes están al frente de esa dirección. Y lo decimos porque ni el escándalo que resultó de las cuarterías de Juan José Ríos en marzo pasado hizo posible sacudir la modorra y la herrumbe que se vive en la Dirección del Trabajo.
Todos pudimos enterarnos que 72 niños en edad escolar que vivían con sus familias en esas cuarterías, no asistían a ninguna escuela porque nadie se preocupó, ni patrón ni autoridades, para que hubiera aulas disponibles para esos infantes. La Dirección del Trabajo se enteró junto la sociedad, luego del alboroto del día 21 de marzo y siguientes, que murieron ocho niños por causas emparentadas con la desnutrición, hacinamiento y condiciones de extrema pobreza en que se encontraban sus familias. Atrás de todo ello había campos agrícolas y condiciones de trabajo para los jornaleros (padres de esas infelices criaturas), desconocidas para la Dirección del Trabajo porque nunca hicieron una visita de inspección.
Pero los funcionarios de la Dirección del Trabajo no han aprendido la lección, pues se da un nuevo escándalo con el caso del centro de rehabilitación de Angostura y toman nota, si es que la tomaron, cuando por otros medios ellos y nosotros nos enteramos de un caso grave de retención y explotación de trabajadores. Esclavitud le llamaron algunas instancias y personas interesadas en el caso. Y como Ascensión Zepeda, director del trabajo, no se tibia ni con la canícula que padecemos en estos días, menos con las infamias registradas en los 57 trabajadores rescatados en Angostura, adelantemos algunas acciones que impidan otras canalladas.
La temporada hortícola 2023-24 llegará en poco tiempo. No esperemos protestas porque a los jornaleros no se le entregan ni equipo de seguridad ni herramientas de trabajo de parte de los patrones, tampoco accidentes para entrar en el tema, pero con el alto costo de incapacidades temporales o permanentes de los trabajadores o pérdidas de vidas por riesgos de trabajo. Es necesario plantear desde ahora, que la Dirección del Trabajo tenga un plan que le permita solicitar con tiempo a las empresas la información sobre el equipo de trabajo y las herramientas necesarias para el desempeño de las labores de los jornaleros.
El mismo plan debe contemplar al menos dos visitas a dichos centros de trabajo, pues no habrá otra manera de que se cumpla con lo que establecen las leyes laborales y de que haya el respeto mínimo a la dignidad humana de esos trabajadores. De nuestra parte, planteamos estar en observancia permanente para que la Dirección del Trabajo cumpla con sus tareas.
Y como lo sucedido en Angostura es solo la punta de una larga madeja, no estará mal que los ciudadanos nos volvamos más sensibles, hasta quisquillosos, cuando observemos cosas y comportamientos de empresas, de contratistas, que no encajan con las costumbres laborales que todos aceptamos y que chocan con las leyes y derechos que consagra la Constitución. Preservar nuestros derechos exige mantener la guardia en alto y nos plantea que allí donde hay personas y grupos especialmente vulnerables, la vigilancia sea con mayor celo, porque al menor descuido puede repetirse la tragedia de marzo en Juan José Ríos y lo aquí señalado en el centro de rehabilitación de Angostura. Insistamos en la cultura de respeto a los derechos humanos como la forma de convivir en paz y de hacer justicia a los más desprotegidos de la sociedad. Vale.
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