Estoy con los que partieron sin volver el rostro.
Rosario Castellanos
Se va el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En septiembre próximo se termina su presencia concertada en México. El pasado día 25 entregó su Sexto y último Informe sobre su inolvidable trabajo sobre el caso Ayotzinapa. De las conclusiones hechas públicas, lejos de quedarnos con la tranquilidad de que la justicia plena llegará a las familias de las víctimas, a su querida escuela y a la sociedad, las dudas sobre ese anhelo crecen hasta nublar el horizonte.
En ese informe no hay hallazgos del todo nuevos, pero las certezas que confirman las conclusiones nos dejan un sentimiento de orfandad al imponernos de las faltas que las Instituciones cometieron en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Una conclusión temprana del informe señala: “Hay distintos niveles de implicación y responsabilidad de todas corporaciones del Estado”. Y esa afirmación se sustenta al afirmar que policías municipales, estatales, agentes ministeriales, policía federal, marinos, militares y el CISEN (que hicieron presencia en la noche de Iguala e interrogaron a detenidos).
Los miembros del GIEI concluyen que marinos y militares manipularon información relevante del Caso Ayotzinapa, en operaciones conjuntas que, además mantuvieron en secreto. Informan también de la existencia de videos que prueban torturas a presuntos involucrados en la desaparición de los normalistas. Y la piel se vuelve camino empedrado cuando todas las instancias, presentes en los hechos de que se trata, conspiraron para desaparecer a los estudiantes, según palabra del GIEI. En el umbral del noveno aniversario del doloroso Caso de la Normal Rural Isidro Burgos, tener como conclusión lo anterior, en lugar de la verdad sobre los hechos y la certeza de que la justicia pisa en tierra firme, no es nada halagüeño.
Uno de los dolores tempranos de la Noche de Iguala, fue saber de la muerte del estudiante Julio César Mondragón. Pero con todas las injusticias que ese caso particular encerraba, creímos en la versión que se hizo pública sobre el lugar y autoridades que dieron fe del cuerpo inerte. Ahora sabemos que al menos hay dos versiones diferentes de la misma Institución: la que emite el Batallón 27 y la que expresa el Batallón 47. ¿Por qué? La sociedad mexicana no merece ese trato. Al dolor que aquello significó hay que agregarle incertidumbre y dudas al por mayor en el tortuoso camino de buscar la verdad.
Otra de las cosas que nos hieren profundamente es que el equipo de la CIDH nos reitere que el CISEN, presente en algunos sitios donde se desarrollaron los hechos de Iguala, haya dado seguimiento cabal de los mismos, sin que moviera un solo dedo para evitar que las cosas hayan llegado hasta el horror en que las conocemos. Y del Sexto Informe se desprenden otras joyas inexplicables: un centro de información policial (suponemos que es el de Iguala), recibió alrededor de 500 llamadas denunciando las agresiones contra los normalistas, sin que de ellas se derivara alguna acción para evitar la infamia de la noche del 26 al 27 de septiembre. La madeja tiene uno y mil hilos que se enlazan entre las corporaciones del Estado y que empalman relaciones de complicidad con el crimen organizado. Lo que explica de alguna manera las innumerables complicaciones que se han presentado en el largo proceso de casi nueve años buscando la verdad y la justicia plena para Ayotzinapa.
Y, por si fuera poco, la versión primera que el Ejército Mexicano dio sobre varios soldados que supuestamente estaban de descanso el día-noche de los hechos, no es la verdad ahora, pues de acuerdo al Sexto Informe del GIEI, estuvieron presentes en los sitios de agresión a los normalistas. Lo que resulta muy enojoso y preocupante. No concluye el mencionado informe sin mencionar que de antemano había en el Ejército una visión contrainsurgente sobre los estudiantes normalistas (a quienes consideraban ligados a guerrilleros), concepto que poco ayudó ̶ afirma el GIEI ̶ , para evitar la catástrofe que todos conocemos y que tanto daño hizo a México.
Una afirmación central del Grupo Independiente de Expertos Internacionales nos llama grandemente la atención: “Un destino diferente habrían tenido los estudiantes normalistas si los militares los hubieran ayudado”. Por el poder y presencia del Instituto Armado, nadie duda que así hubiera sido.
Se va el GIEI y los trabajos de la Comisión de la Verdad quedan horros, ¿qué futuro tendrán sin la presencia valiente y conocedora del grupo de expertos? No lo sabemos. Pero lo que sí tenemos muy presente es que si la familia, la Escuela Normal de Ayotzinapa, los grupos de solidaridad que siempre han estado presentes y la sociedad mexicana no siguen firmes en la lucha por acceder a la verdad y conseguir la justicia plena, el Caso Ayotzinapa se hundirá en las tinieblas del tiempo y en los escritorios de fiscalías anémicas y de tribunales solapadores.
Confieso que abrigué muchas esperanzas de que en el presente sexenio de AMLO la verdad asomaría en el trabajo de la Fiscalía General de la República y que los esfuerzos de Alejandro Encinas, con el respaldo del presidente y de la sociedad, no encontraría todos los tropiezos en que se ahoga el Caso Ayotzinapa. El Sexto Informe del GIEI arroja luz, mucha luz sobre el caso de los normalistas, pero los rayos centrales de sus luminarias apuntan hacia lo que obstaculiza llevar a buen puerto el trabajo de la Comisión de la Verdad y que la judicialización de la causa encuentre la justicia que las familias de las víctimas, la Normal Rural de Ayotzinapa y el pueblo mexicano han demandado. Vale.
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