El que no es capaz de resistir con serenidad
los ataques de sus enemigos no sirve para la lucha.
Lázaro Cárdenas
La prolongada confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y la UAS, lastima el corazón de no pocos sinaloenses. Pasé casi medio siglo en las aulas universitarias, poco menos de las dos terceras partes de mi vida. Tiempo suficiente para que todo lo que suceda en relación con el Alma Mater lo sienta muy cercano. En ella me formé como profesional y fue el crisol donde alimenté mi vocación por la defensa y promoción de los derechos humanos. No fue fortuito, pues cuando ingresé en sus aulas otros universitarios como Marco César García Salcido, José Luis Ceceña Cervantes, Jesús Michel Jacobo, Norma Corona, Camilo Valenzuela y Liberato Terán Olguín, estaban forjando una nueva filosofía y otra manera de hacer País.
Dos momentos fueron cruciales para la UAS y para mi generación. El primero arranca en 1969 con la propuesta de una nueva Ley Orgánica, en la que se contempla, en respeto a la autonomía, que haya un Consejo Universitario paritario (participación de maestros y alumnos con representación igual) y que la elección de las autoridades de la Universidad, fueran por los universitarios. Hubo oídos sordos y se impuso un rector en 1970. La UAS no aceptó esa situación. Vivió un largo proceso de lucha que concluyó con el triunfo del movimiento universitario, pero con el alto costo de dos vidas preparatorianas: María Isabel Landeros y Juan de Dios Quiñones.
Un segundo momento lo fue el año de 1981. El gobernador Antonio Toledo Corro pretendió arrebatarle las preparatorias a la UAS. La defensa de las prepas y de la autonomía implicó una de las luchas más intensas de la Universidad, en la que participó el pueblo de Sinaloa al lado de alumnos y maestros. El 27 de noviembre de ese año fue dramático: en el Congreso del Estado se negaron a recibir una petición que por escrito llevábamos, acompañados de un grupo de universitarios, mientras el gobernador ordenaba la represión contra los manifestantes. 17 órdenes de aprehensión se emitieron en las siguientes horas, entre los perseguidos destacaban los nombres de Rubén Rocha Moya, Audómar Ahumada Quintero (diputado), Rodrigo López Zavala, Ramón Villegas Félix y Oscar Loza.
Es cierto que la Universidad ha vivido un proceso en el que el viejo proyecto y anhelo de construir una universidad crítica, democrática y popular se fue desvaneciendo, en tanto las prácticas burocráticas, las influencias partidistas y los asomos de corrupción, tomaron el campus universitario por asalto. No le echemos la culpa a otros, buscando salvar la responsabilidad que a cada uno nos corresponde. Toda esa veterana generación universitaria: los que hoy participan en el gobierno (en el Poder Ejecutivo y en el Congreso del Estado), los que controlan la UAS y los que nos ubicamos en la sociedad civil, sin excepción, tenemos alguna responsabilidad en lo que hoy sucede en la UAS.
Mi trayectoria en el movimiento de defensa y promoción de los derechos humanos es muy clara. No tengo compromiso alguno (conflicto de interés) con quienes dirigen la Universidad ni tampoco con quienes conducen los destinos de Sinaloa, pero manifiesto que me liga un profundo sentimiento de pertenencia a la UAS, pues de sus 150 años, casi medio siglo estuve en sus aulas. Muchos sinaloenses me reiteran este sentimiento uaseño. Por esas razones creo que las maneras actuales de abordar el conflicto UAS-Gobierno del Estado no es el adecuado.
En los últimos días se ha insistido mucho en los medios no sólo sobre los citatorios para que el Rector y otros funcionarios comparezcan ante un Juez, sino hasta la presunción de la autoridad de que serán vinculados a proceso. Con todo ello se ha faltado de manera grave al principio de presunción inocencia, que no sólo debe hacer público el acusado, sino respetar de antemano la autoridad. En un Estado de derecho, este principio debe brillar por su respeto y la verdadera división de los poderes públicos será la garantía de que ello sucede sin ningún tropiezo.
Pienso que si la autoridad, da por concluidos todos los recursos que ofrece la disposición y vocación al diálogo en la búsqueda de una solución, y hace comparecer al Rector ante un Juez como cualquier cuatrero, no sólo se sentará un mal precedente. Estoy convencido de que, sin ser la medida justa, se juega con fuego en un marco que puede dar muchos dolores de cabeza. La Universidad no es Héctor Melesio Cuén ni el Rector Jesús Madueña Molina y sí vive y siente lo que se dice y hace en su entorno.
No me estoy ofreciendo para la mediación entre las partes, tampoco creo que ambas se inclinen por ello. Pero ante el valor que representa la UAS para nuestra historia y la construcción del Sinaloa que ahora vivimos, no puedo quedarme ni al margen de los acontecimientos ni callado.
Nadie puede negar lo polarizado de la situación ni la aportación que ahora traería reabrir las puertas al diálogo. El Gobernador y parte de su gabinete, así como el diputado Feliciano Castro, vivieron las coyunturas del 72 y del 81; también las vivieron Cuén Ojeda y algunos de sus seguidores. Todos ellos saben y sabemos que llevar un conflicto como el mencionado al campo de medición de fuerzas y a las instancias penales, puede permitir imponerse a una de las partes, pero dejaría atrás mucha inconformidad y un estadio minado, que en cualquier momento puede explotar. Sinaloa tiene ya muchos problemas graves, no merece un destino más ingrato.
Concluyo planteando al Gobernador Rocha Moya y al Ing. Cuén Ojeda: tienen una gran responsabilidad ante la sociedad. Todos sabemos que no hay conflicto sin posibilidades de solución. Que siempre debe haber disposición al diálogo. Y que sería imperdonable la falta de voluntad para agotar todos los recursos que el diálogo nos ofrece. Dennos la oportunidad de ver brillar el oficio político de ambas partes. Todos ganaremos. Vale.
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Twitter @Oscar_Loza
