Y era un sabor de mazorca que dobla la caña con su peso.
Rosario Castellanos
Algunos martes 13 nos resultan un tanto amargos y desafortunados. Ese día del mes de agosto de 1521 cayó Tenochtitlan y comenzó un interminable calvario de tres siglos para lo que hoy es México. Este martes 13 de junio, un número importante de productores de maíz acudieron a Palacio de Gobierno y no fueron atendidos. Luego tomaron el Boulevard Emiliano Zapata y marcharon rumbo al aeropuerto en protesta porque no hay acuerdo en precios de garantía para más de 3 millones de toneladas del grano. La autoridad policial bloqueó la entrada a la terminal aérea y los productores continuaron a pie hasta las instalaciones de ese puerto aéreo.
Quedaron bloqueadas las entradas hacia las salas de espera. Muchos viajeros no pudieron salir. Hubo algunos detenidos que visitaron la Barandilla municipal. Se alteró la vida de la ciudad por la tensión que todo esto genera. Llama la atención el marco en que se da la movilización: se ha dicho en voz baja y a pecho abierto que quienes impulsan las movilizaciones son los medianos y grandes productores (de más de 20 hectáreas) y que hay intereses de llano choque contra el gobierno federal, también digamos que en vísperas de la marcha y toma del aeropuerto, el gobernador declaró que si se movilizaban no les comprarían su maíz.
No deseo poner en duda lo primero, pero la opinión del gobernador tampoco me pareció la más juiciosa para este momento crítico. Confieso que las acciones de los maiceros (impulsadas si se quiere por los grandes productores) y las reacciones de la autoridad (con declaraciones y movimiento de policías armados), me remite a hurgar en los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-24 y a plantear algunas consideraciones sobre el problema del maíz.
En el eje 3 de ese plan se reivindica como objetivo la autosuficiencia alimentaria y el rescate del campo. Y se hace reconociendo algunas dolorosas verdades: “El sector agrario ha sido uno de los más devastados por las políticas neoliberales”. Y buscando enmendar entuertos del empobrecido campo, más adelante plantea: “El gobierno federal se ha propuesto como uno de sus objetivos romper ese círculo vicioso entre postración del campo y dependencia alimentaria”. Y el programa de que echa mano, dice: “Está orientado a los productores de pequeña y mediana escala, beneficiará a unos 2.8 millones de pequeños y medianos productores (hasta 20 hectáreas), que conforman el 85 por ciento de las unidades productivas del país, con prioridad para 657 mil pequeños productores indígenas”.
No está mal, pero hay dos cosas que no contempla el Plan Nacional de Desarrollo: la dimensión que entraña la autosuficiencia alimentaria y la necesidad de incorporar a la otra parte de productores del campo. Sí, a los medianos y grandes propietarios. Porque si la meta a perseguir es la soberanía alimentaria, con ese 85 por ciento de unidades productivas de que habla el Plan no se puede resolver el problema; es más, en las condiciones actuales ni incorporando a los productores privilegiados del campo se puede alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Esta es nuestra realidad: México demandó el año pasado 45 millones de toneladas de maíz y sólo produjo 28, por lo que tuvo que importar 17 millones de toneladas. Y le tuvimos que perder el amor a unos 6 mil millones de dólares para traer ese maíz. Por eso creo que debe revisarse la política pública aplicada hasta hoy en materia de autosuficiencia alimentaria.
En la primera parte del Plan Nacional de Desarrollo se plantea como consigna que “el mercado no sustituye al Estado”, pero lo hecho en estos años de la administración amlovista no está lejos de ello en el tema maicero. Seguimos dependiendo, inexplicablemente, de lo que imponga la Bolsa de Chicago. Y a pesar de la calidad de nuestro maíz y de lo que implica como horcón del medio de la cultura nacional. En el amanecer del Plan de Desarrollo se planteó como precio de garantía “5 mil 610 pesos la tonelada de maíz”. Cuatro años después, contando la doble crisis sanitaria (Covid-19) y económica y el fenómeno inflacionario actual, la lucha es por un precio de garantía de apenas 7 mil pesos la tonelada.
Sin maíz no hay país, dice la sabia consigna de muchos mexicanos. En el grano y en la mazorca descansan cuna y civilización mesoamericana. Hemos evolucionado juntos. Cosmovisión y alimento del alma se generan en el grano que va al vientre de la madre tierra y que nos obsequian multiplicado los dioses Centéotl (aztecas) y Yum Kaax (mayas). Nuestra andadura ha ido a la par durante milenios y los pasos que demos al futuro serán de la mano del maíz.
En el Plan de Desarrollo se dice que las políticas oficiales (anteriores) favorecieron las agroindustrias y megaproyectos y condenaron al abandono a comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios. Es cierto. Como también lo es que esas grandes empresas siguen funcionando sin que haya políticas alternativas. Y como no hay otra realidad, con esas chivas tenemos que buscar la solución de esta coyuntura. Hay una propuesta desde los mismos productores que va cobrando fuerza: que en lugar de comprar los dos millones de toneladas a que se comprometió el gobierno y a las que luego tendrá que buscarles mercado, se subsidie toda la producción de 5 millones y medio de toneladas con mil quinientos pesos por tonelada. El costo de la compra de 2 millones de toneladas de maíz a 6 mil 965 pesos es de 13 mil 930 millones de pesos. Es la solución de gobierno. La propuesta no gubernamental es el subsidio de mil quinientos pesos por tonelada a la producción total de 5 millones y medio de toneladas. Su costo es de 8 mil 250 millones de pesos. Se movilizarían 5 mil 680 millones de pesos menos. Y el gobierno no tendría que buscar almacenaje y ni mercado a lo que pretende comprar. Ojalá coincidan las cuentas y las intenciones políticas. Vale.
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