columna oscarPorque las exigencias cotidianas

no dejan espacio para la imaginación.

Isabel Allende

 

El solsticio de invierno fue para nuestras culturas prehispánicas motivo de celebraciones. Y también una convocatoria para reiniciar con nuevos bríos y ánimos el camino de la vida. El Sol hacía un alto en su trajinar antes de volver a su repetida ruta cósmica, según las creencias de nuestros abuelos. Veinte días duraban las fiestas (un mes del viejo calendario) y en ellos también maduraban las ideas y proyectos a desarrollar en el siguiente año solar. Nuestra cultura mestiza refleja buena parte de aquellas vivencias, enriquecidas por el catolicismo que llegó con la conquista y moldeadas con la pátina que los tiempos presentes y la mercadotecnia les han impuesto. Con todo ese fardo cultural a cuestas, es bueno desear un gran año 2023 para México y para cada uno de sus ciudadanos.

 

Quiero hacer presentes algunos de los puntos que me parecen deben dar cuerpo y alma a la agenda para este año que apenas hace sus pininos: la crisis humanitaria que vive el país, el trato a periodistas y defensores de derechos humanos, la agenda 2030 (medio ambiente y rellenos sanitarios) y el XL aniversario de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos.

 

Al tocar las coordenadas más sensibles de nuestra geografía económica, política, social y ambiental, digamos que el país y Sinaloa están urgidos de un cambio en el estilo de gobernar y en el discurso oficial. Si los esfuerzos que se realizan para mejorar la vida pública y ciudadana han dado resultados, justo es que sean reivindicados por la autoridad y se reconozcan por la ciudadanía. Pero hacerlo no debe nublar la vista sobre la magnitud de lo que resta por hacer. Esto es tan válido en materia de seguridad como en el resto del quehacer público.

 

Citemos como referencia los 2 millones 59 mil 798 carpetas de investigación abiertas durante 2021, para dimensionar el mundo de trabajo que tiene la FGR y las FGE de los estados. El INEGI nos dice que esta cifra se incrementó en 8.5 por ciento respecto de 2020. En declaraciones recientes José Luis Pérez Canchola, protector de migrantes en Tijuana, mostraba preocupación por el galopante incremento de las carpetas de investigación. –Hace algunos años se registraba un millón y cuarto, y hasta un millón y medio de carpetas de investigación. –Dijo. –Ahora se abren más de dos millones de carpetas anuales. –Una sombra de mortificación invade su rostro antes de concluir. –No hay capacidad institucional para atender todo ese trabajo.

 

Tiene razón, pues al no concluirse el total de las carpetas registradas hay un acumulado anual que hace crecer la montaña del trabajo pendiente. En la gráfica respectiva, el INEGI nos dice que en 2018 se alcanzó el número de 1 millón 655 mil 813 de carpetas acumuladas; estas llegaron a 2 millones 237 mil 772 en el año 2019 y alcanzaron una nueva cima en 2020 con 2 millones 508 mil 243 carpetas abiertas. El año de 2021 alcanzó la cifra de 2 millones 629 mil 790 carpetas que demandaban conclusión. No disponemos aún de números para 2022, pero no nos aventuraríamos a decir que la curva tiende a caer.

 

Y en ese terrible universo que empequeñece los esfuerzos que se realizan en materia de prevención del delito y procuración de justicia, Sinaloa, estando muy por debajo de la media en registro de carpetas de investigación, no escapa al destino trágico que viven los trabajos de investigación en el resto del país. El año de 2021 se iniciaron 26 mil 027 carpetas de investigación, se concluyeron 7 mil 929, pero en el acumulado anual quedaron pendientes de concluir 74 mil 704. Llama la atención que, de las 26 mil 027 investigaciones iniciadas en Sinaloa en el año mencionado, solo en 993 aparece algún inculpado, mientras que en 25 mil 33 no se señala a ningún presunto responsable. ¿qué suerte tendrá esta cordillera de denuncias en las que se documentan delitos, pero los culpables se vuelven fantasmas?

 

La crisis humanitaria no nos abandona. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones. No desmentimos las cifras oficiales sobre homicidios, desplazamientos internos y desaparición forzada de personas, en Sinaloa y en el país, pero esos números que nos dicen han iniciado la cuesta hacia el nadir, están lejos aún de alcanzar el nivel que nos permita hacer cuentas alegres en el campo de seguridad. Y junto con ello está el renglón de trato a periodistas. Sin haber resuelto el caso de Luis Enrique Ramírez, este año nuevo nos desayunamos con la noticia de que el reportero Ernesto Martínez “el Pepis”, fue agredido por un agente de la Policía Estatal, quien lo encañonó con su arma, mientras cubría un evento. No hubo la mejor respuesta sobre los hechos desde la autoridad, lo que deja abierta la posibilidad de repetición de las agresiones. El despertar de este 5 de enero fue el Culiacanazo 2.0. Preocupante.

 

Este 2023, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa cumplirá 40 años de actividades. Trabajo que no se interrumpió ni con la pérdida violenta de los compañeros Jesús Michel Jacobo en 1987, Norma Corona Sapién en 1990 y de Jorge Aguirre Meza en 1999. Como origen es destino, todos los eventos que realizaremos para conmemorar el cuadragésimo aniversario estarán encaminados a refrendar nuestra vocación de servicio y el lema que dará vida a nuestros afanes este año: Cuatro décadas, la misma utopía: vigencia de los derechos humanos. Vale.

 

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