Falleció don Miguel Concha Malo,
horcón del medio en la defensa de los derechos humanos.
La jornada del 5 de enero es terriblemente única. Tiene parientes cercanos como el jueves 17 de octubre de 2019 o el 8 de mayo de 2008, pero ninguna arroja tanto material de análisis ni lecciones para aprender como el llamado Culiacanazo 2.0, del primer jueves de este año. Tanto afectó en pérdida de vidas, en jornadas de trabajo suspendidas, en operaciones fallidas del comercio en vísperas del Día de Reyes, en el impacto emocional a la niñez de Jesús María y en la alteración de la vida normal en siete municipios de Sinaloa, que autoridades y sociedad estamos obligados a realizar el recuento de los daños y a sacar las necesarias conclusiones.
¿Por dónde empezar para que los acontecimientos de la víspera del Día de Reyes sean bien comprendidos, asimilados y arrojen los aprendizajes que exige la paz pública? Primera pregunta, ¿debe combatirse el narcotráfico? Sin duda y tiene que ser una actividad permanente, sin descanso. Segunda pregunta, ¿debe perseguirse a los personeros de esta actividad ilícita? Desde luego que sí, pero el trabajo de la autoridad no puede concentrarse solo en ello y dejar a un lado la investigación y persecución de las fortunas que se forjan al margen de la Ley.
Dos debilidades exhibe el Estado mexicano en este campo. A contrapelo de lo declarado de que no se actuaría a petición y gusto del imperio, difícilmente se puede pensar otra cosa con lo hecho el pasado jueves 5 ante la cercanía de la Cumbre de los presidentes Biden, de EU; Trudeau, de Canadá y AMLO, de México. Todo apunta a quedar bien con los visitantes. Por otra parte, no se ve por ningún lado el trabajo que le corresponde a la inteligencia financiera. Increíble que, en el marco de una gran desigualdad social, donde florecen capitales, negocios y actividades de alto lucro, pasen desapercibidas compra ventas que por ley deben revisarse.
En todas las acciones punitivas debe sopesarse el costo y los beneficios. No sabemos si para la jornada del día 5 esta valoración estuvo sobre la mesa de quienes decidieron actuar y si lo hicieron parece que no se aquilató el valor de las vidas humanas a perder: las de soldados y policías, y también las de civiles. Y los múltiples daños colaterales: que van desde las jornadas laborales suspendidas, las pérdidas patrimoniales, las operaciones comerciales y financieras abortadas, hasta los inmedibles estragos en las mentes infantiles de la comunidad; que si el antes del jueves 5 no era propicio para el desarrollo de esos niños, el después (con la acción gubernamental que conocemos) tampoco es un buen referente para su formación.
Y en el recuento de los daños, cómo ignorar las ofensas sufridas por los reporteros sinaloenses. Destacan los malos tratos recibidos por siete periodistas al cubrir la jornada de lo que muchos llaman el Culiacanazo 2.0. Algunos vivieron amenazas y otros la pérdida de su auto, computadora y teléfono (herramientas de trabajo). Lo mismo podemos decir del transporte urbano de los siete municipios que tocó esa jornada violenta, principalmente de Culiacán. Esos vasos comunicantes que movilizan la fuerza de trabajo, los estudiantes de todos los niveles y a la población en general, también pagaron su cuota de pérdidas.
Y esta triste jornada, de cuyo costo sólo tenemos algunos adelantos, no impactó como debiera la Cumbre Trilateral mencionada: Biden mostró mortificación por el fentanilo que invade a EU, pero no se compromete al control del tráfico de armas, que es la otra cara del poderoso mundo de lo ilícito. Y en el choque bélico del jueves 5 queda probado el incremento en la capacidad de respuesta militar de ambas partes, como también el lucrativo mercado de las armas.
Frente a ese dantesco juego que los Estados Unidos ha impuesto a los países latinoamericanos donde se producen drogas: estableciendo bases militares, con pretendidas ayudas, una constelación de agentes de la DEA, el fardo de perseguir la actividad ilícita y poner los muertos, Colombia plantea su alternativa. Soberanía en materia de procuración y administración de justicia. El presidente Petro descalifica esa política que obligó a Colombia a rendirle cuentas al imperio y a extraditar los criminales que reclaman las cortes norteamericanas. Y si EU no se hace responsable de lo que implica tener ese inmenso y abominable mercado de drogas ni muestra interés por detener el lucrativo tráfico de armas, Colombia tiene mucha razón: es un país soberano, no una colonia gringa.
México vive mil calamidades derivadas del tráfico de drogas internacional que utiliza nuestro territorio para alcanzar el mercado norteamericano y a todo ello hay que agregar los males que genera ser productor importante de estupefacientes por tres generaciones. La mentalidad de dependencia de los gobernantes anteriores los llevó a aceptar las humillantes certificaciones que extendía EU (notas de reprobados o de pase) en materia de combate a las drogas. Las inversiones y préstamos concedidos tenían un parentesco muy cercano con esas calificaciones. México ha reivindicado soberanía en sus reservas energéticas y debe hacerlo, sin duda, en materia de procuración y administración de justicia. Marcelo Ebrard se ha apresurado a ofrecer declaraciones sobre lo que tiene que hacer EU para llevarse a Ovidio. No le ha pasado ni de lejos la actitud que Colombia plantea de nacionalizar su política de justicia y de cortar el cordón umbilical que la ataba a los intereses del imperio. Es tiempo de cambiar de actitud. Vale.
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