Qué diáfanamente se ven las relaciones de producción
en la conducta erótica de una sociedad.
Luis Cardoza y Aragón
El 5 de enero no es ahora un fantasma: es la realidad que impone retos. Imposible evadir fecha y acontecimientos, menos tomar el atajo al que hace referencia Mario Benedetti cuando nos dice: –El vértigo del pasado nos sitúa entre la memoria y el olvido. No tenemos opción. Demasiado cerca los acontecimientos violentos que nos tatúan hasta el alma y demasiado profundos como para ignorar las consecuencias que tendrán, a mediano y largo plazo, en la economía, en la vida política y social.
Y nos importa mucho el mediano plazo, que es en el que se inscribe nuestra existencia, pues como dijo John M. Keynes: en el largo plazo, todos estaremos muertos. En este marco hablemos de las tareas que deben atenderse sin demora: el Estado mexicano debe de redefinir el concepto de seguridad, atendiendo los principios planteados por la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la seguridad ciudadana, entendida como el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y el acceso a la seguridad social, al empleo y a la educación. Y sobre ese concepto descansar la elaboración de una estrategia de seguridad.
Quedan otras tareas, sin duda, luego del 5 de enero. En el terreno de la educación, he sido un crítico de las políticas públicas que consideran que el papel educador de la SEPyC se agota en el aula. La labor educativa rebasa los límites de las escuelas y centros culturales. Como la contracultura invade medios de comunicación, redes sociales y se cuela por todos los intersticios de la vida en la calle y la convivencia cotidiana, el trabajo de las autoridades educativas no puede abdicar de su labor en el resto de las horas fuera de las aulas ni de los espacios que la contracultura sí invade, segura de su éxito.
Hasta el lenguaje, el uso de adjetivos habituales para calificar lo que nos pasa en el terreno de la educación, deben sufrir un cambio radical: cuando hablamos de los niños y jóvenes que ya no asisten a la escuela, se les llama de desertores. El calificativo de desertores deja la responsabilidad de la ausencia en quienes quedan al margen de los beneficios de la formación educativa. El maestro Rodrigo López Zavala, subsecretario de educación superior de la SEPyC, ha acuñado un término más sabio y claro para definir el fenómeno del alejamiento de niños y jóvenes de las aulas: no han desertado, el Sistema Educativo los excluye.
Este pensamiento de López Zavala nos lleva a reflexionar sobre qué ofrece el Sistema Educativo, que termina empujando a la calle a no pocos de los alumnos en sus diferentes niveles. Quizá habrá que ampliar su visión, pues se puede ir en ayunas a las citas médicas, pero con el estómago vacío la inteligencia sufre desmayos. No hemos logrado llevar cocinas y comedores a todas las escuelas. Urge hacerlo. Y que las canchas de esas instituciones estén abiertas aun por las noches para que alumnos y vecinos puedan hacer deportes en ellas. ¿Queremos que sea atractivo educar? Comencemos por estas tareas.
El pasado jueves 19, los movimientos de desplazados por la violencia del sur, solicitantes de terrenos y vivienda de Culiacán, precaristas urbanos de Guasave y activistas de derechos humanos, anunciaron ante los medios de comunicación su intención de constituir la Coordinadora Estatal por el Derecho Humano a la Vivienda y Reservas Territoriales. Es muy significativo que se reclame la necesidad de que el gobierno del estado y la federación vuelvan la vista a este problema. La promesa en 2018 fue que se construiría un millón de casas populares en la gestión gubernamental 2018-24. No se cumplirá.
Cincuenta años después de creado el INFONAVIT, seguido de instituciones que surgieron a nivel estatal con responsabilidad similar, el balance sobre la vivienda es sencillamente lamentable. Las políticas del Estado favorecieron a los fraccionadores (especuladores de la vivienda) y al volverse negocio todo programa para favorecer la vivienda popular, el creciente rezago no se hizo esperar. El fracaso de los objetivos planteados en materia de vivienda en los años 70 del siglo pasado, es el rostro de la miseria que hoy observamos en las invasiones de la periferia de las ciudades, en los desplazados por razones económicas y también por razones de violencia.
El Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), puso en nuestras manos en 2021 un fiel retrato de la tragedia que vive el país en el campo de la vivienda: el 26.6 por ciento de la población vive con algún tipo de riesgo o hacinamiento en sus hogares. Y nos dice que en 8 millones y medio de viviendas sufren rezago habitacional. Es cierto que Sinaloa no tiene un rezago como el 68 por ciento de Chiapas o el 59 por ciento de Tabasco, pero los datos aportados por la Comisión de Vivienda del Congreso del Estado en octubre de 2021 son preocupantes: tenemos un déficit de 63 mil 230 viviendas y hay un rezago habitacional de 81 mil 052 hogares. No entraremos en discusión si son más o no, simplemente esperamos que la autoridad reconozca que la vivienda es un viejo y creciente problema que reclama atención inaplazable. Vale.
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