Para poder recordar estos días,
los más largos del tiempo.
Jaime Sabines
Alejandro Encinas presentó el Informe de la CoVAJ en vísperas del 26 de agosto. El cuerpo de la investigación que hizo la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa era esperado por todos. Y el hecho que sostenga de entrada una verdad planteada desde el inicio del problema: ¡fue el Estado! no invalida la dimensión histórica del informe. El reconocimiento no tiene precedentes en el país y le da una connotación especial. Pero no es lo único que hay que destacar.
La investigación, inconclusa porque la CoVAJ no es una fiscalía, hizo posible adentrarse en una imbricada historia llena de vicios y acciones fuera de la ley, para hacer posible no sólo el cuestionamiento de múltiples acciones, omisiones y negligencias, de parte de las autoridades que tenían la responsabilidad de indagar y esclarecer el caso de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Y más que eso, con estos y otros hallazgos fue posible fincar responsabilidad por uno o más de los delitos señalados a 83 servidores públicos que no habían comparecido ante la autoridad competente por el caso Ayotzinapa.
La llamada “Verdad Histórica”, que no tuvo crédito ante familiares, expertos internacionales, ni ante la sociedad, quedó sin horcón alguno en qué sostenerse. Se derrumbó sin remedio. Y uno de sus constructores, el ex procurador Jesús Murillo Karam, comparece ahora ante un juez por los delitos de tortura y desaparición forzada. El otro arquitecto de la “Verdad Histórica”, Tomás Zerón de Lucio, sigue prófugo a miles de kilómetros de México.
El Informe dice tener a la mano los archivos de SEDENA y de SEMAR, mismos que han permitido adentrarse en los intersticios de lo que fue la vorágine de aquella noche de Iguala de 2014. No sabemos si esos expedientes contienen toda la información disponible por las señaladas secretarías, queremos creer que sí, pero han ofrecido el material y pruebas suficientes para fincar responsabilidad a jefes y oficiales de las instituciones armadas. Alrededor de 20 se informa. Hecho también sin precedentes.
Al entregarse el Informe a familiares, a la sociedad y turnarlo a la Fiscalía General de la República, el estado que guarda el mismo no puede quedar en esa dimensión y sin continuidad. Los familiares y la sociedad han demandado desde el principio que la investigación de los hechos vaya al fondo y es lo que corresponde reivindicar ahora. No hay otra forma de conocer la verdad sobre los hechos. No habrá otra manera de alcanzar la justicia plena. Sin ello tampoco iniciaremos el largo y penoso camino de cicatrizar esta profunda y sangrante herida. La demanda de origen: profundizar las investigaciones tiene una gran vigencia hoy y no debe perderse la atención por detalles de si estamos en desacuerdo con algunos u otros aspectos del Informe.
Llamamos la atención de que, a pesar del descrédito de la “Verdad Histórica”, de la responsabilidad que con el tiempo se ha ido decantando para muchos servidores públicos locales y federales, desde policías, jefes de alto rango y hasta funcionarios de primer nivel, no faltan aún defensores a toda prueba del esperpento que un día aspiró a ser la “Verdad Histórica”. Y los afanes que se despliegan buscando desacreditar el Informe de la CoVAJ deben tener la respuesta adecuada por parte de la autoridad con un eficiente trabajo de la Fiscalía General de la República y en la polémica que la sociedad no puede rehuir en ningún momento.
Reconozcamos también que, a pesar de los avances que registra el Informe, no sabemos del paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. De lo actuado hasta el día de hoy y del trabajo pericial aportado por la Universidad de Innsbruck, Austria, se han podido identificar pequeños restos de tres del total de alumnos desaparecidos. Conocer su ubicación fue el motor que movió millones de ciudadanos dentro y fuera del país y debe seguir siendo el dínamo que movilice de nuevo a la sociedad. Podemos tener alrededor de 200 presuntos responsables en la cárcel, pero sin encontrar a los 43 normalistas que hoy debieran estar en las aulas enseñando, nuestro edificio legal y la capacidad de nuestras instituciones quedarían cuestionados.
Comienza una nueva etapa de este prolongado proceso que este mes cumplirá 8 años. No estoy seguro si la parte preliminar se alcance antes que termine el sexenio de AMLO. Lo que está claro es que habrá una gran batalla en los tribunales y si el Estado descuida detalles en el debido proceso, como ya lo ha hecho anteriormente, permitirá de nuevo la libertad de quienes hoy enfrentan o enfrentarán juicio por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Ni los familiares ni la sociedad pueden cruzarse de brazos o dormir las noches completas. Sólo la vigilia y el insomnio pueden garantizar que se profundice en las investigaciones y que estas alcancen a quien haya tenido responsabilidad con acciones, omisiones o negligencia, como lo señala el Informe, sin distinción. Y que la vigilancia sobre los juicios que resulten tenga la efectividad legal y política que la historia reclama. Vale.
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