Una figura antes discreta y modesta
irrumpe en el centro de la escena: la víctima.
Enzo Traverso
Un nuevo dolor irrumpe hasta el corazón de cada sinaloense. Rosario Lilian Rodríguez Barraza apareció asesinada la madrugada del miércoles pasado. Buscaba a Fernando, su hijo desaparecido desde 2019, y el pasado 30 de agosto, Día internacional del Detenido Desaparecido, mandó decir una misa en su honor y por el pronto regreso. Cuando salió de misa un grupo armado la esperaba en las inmediaciones del templo, la subió a una unidad móvil y apareció sin vida en La Cruz, Elota. En el mismo pueblo donde desapareció su hijo fue abandonada su humanidad.
No es la primera madre que busca a su hijo desaparecido y es víctima de amenazas y de la violencia. No es la primera tampoco en perder violentamente la vida luchando por la presentación de su hijo. El 12 de mayo de 2014, cayó en Culiacán Sandra Luz Hernández. Más allá de las instituciones que se han creado en apoyo de las incansables rastreadoras, como la Comisión de Búsquedas, la Comisión de Atención a Víctimas del Delito, la Fiscalía Especializada en el tema, el laboratorio de genética forense, los grupos policiales especializados en búsquedas, los perros especializados y más recientemente el Instituto de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, los homicidios mencionados cuestionan todo lo hecho por la autoridad.
Todos queríamos un 30 de agosto diferente. Hasta nos alegramos cuando supimos de la convocatoria del Gobernador a los colectivos de familiares con desaparecidos, en cuya reunión anunció la creación del panteón ministerial. Era una demanda añeja que al fin se cumplirá para fines de año. A pesar de que no hubo ningún otro paso concreto, de los varios comprometidos el día 1 de noviembre pasado, manifestamos que es una medida esperada y que ayudará en el trabajo de identificación de cientos de cuerpos anónimos que no han podido encontrar a sus familias.
Fue positiva esa reunión, pero el contexto y la concepción del Gobierno acerca del problema de la desaparición forzada de personas, no se corresponde con su gravedad y menos contribuye a su solución. Contrario a lo que oficialmente se sostiene, las desapariciones forzadas no hacen tendencia a la baja y a pesar de que en las denuncias de familiares se señalan a miembros de corporaciones como presuntos responsables de no pocos casos, las políticas públicas para la atención del problema siguen siendo las mismas.
No hay una estrategia que se encamine a detener la práctica de la desaparición forzada de personas. Y se ha dejado avanzar el fenómeno hasta el punto de hablar de más de 110 mil desapariciones en el país. Lo que ha llevado para que organismos internacionales hagan observaciones preocupadas para el Estado mexicano tome medidas muy concretas y alivie esta situación que ha instituido la tristeza y desesperación en más de un centenar de miles de hogares en México.
Ahora no basta con exigir justicia para el caso de Rosario Lilian y para Sandra Luz. Aún si los responsables comparecen ante la autoridad competente y son juzgados, la herida no cicatrizará tan fácilmente, porque desde la pérdida de estas dos ejemplares madres, nació una nueva mortificación: ¿cómo continuar la búsqueda de sus tesoros (como justamente le llaman a sus familiares) en medio de amenazas veladas o abiertas?
Una de las deudas que hemos señalado desde la reunión del 1 de noviembre pasado, es el establecimiento de una mesa de diálogo permanente, que permita evaluar lo hecho y verle también las orejas al lobo. Los hechos nos prueban que ese diálogo debió abonarse y no seguir con la vieja práctica de considerar que el tema no es prioritario. De nuestra parte hemos insistido que la desaparición forzada es uno de los tres renglones que conforman la llamada crisis humanitaria, junto a homicidios y desplazamientos. Que no se nos diga que las cosas marchan bien y el diálogo permanente sale sobrando. La realidad no sólo resulta más terca que nuestras creencias, es, sobre todo, más contundente.
Todo el trabajo por hacer en materia de desapariciones forzadas queda cuestionado con la caída de Sandra Luz y Rosario Lilian. Tendrá que evaluarse el trabajo de la autoridad no sólo en las búsquedas, sino en el terreno de la seguridad de cada una de las rastreadoras. Y no sólo eso, habrá que revisar lo que históricamente se hace por la Fiscalía Especializada y otros organismos que deben coadyuvar en el trabajo de búsquedas. Hay muchas denuncias sobre amenazas y las pocas carpetas que “merecieron” abrirse por ese delito no tienen el final que las víctimas y la sociedad han esperado. Lo que sí debe estar muy claro para el Gobernador Rubén Rocha y para la Fiscal General del Estado, es que no podemos continuar la marcha con las pésimas herramientas y personal disponible. Urge la mesa de diálogo y oídos receptivos. Vale.
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Twitter @Oscar_Loza
