Mirando pasar el agua se limpia la memoria.
Oyendo pasar el agua se adormece la pena.
Rosario Castellanos
Sandra Luz y Rosario Lilián, son nuestra pena con el peso de la impunidad. En la pérdida de sus vidas hay responsabilidad de todos, no sólo de la autoridad. Lo afirmo porque no cuidamos lo suficiente a ninguna de las dos madres con hijos desaparecidos. Y debemos pedirles perdón por ello. De la autoridad, al menos es obligado decir ahora que el manto de la impunidad sigue dando cobijo a los responsables de la muerte de Sandra Luz, incluidos quienes no observaron el debido proceso cuando compareció un acusado por su homicidio. En el caso de Rosario Lilián, la madeja procesal parece enredarse desde el primer momento de su violenta muerte. Esperemos que tome la andadura adecuada en los próximos días.
La intranquilidad no alcanza sosiego al imponerse en el movimiento de familiares la situación de sus dos compañeras asesinadas. Y menos cuando saben que las amenazas han seguido después del doloroso acontecimiento del 30 de agosto. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, está dando seguimiento a un nuevo caso registrado en este mes, en el que las indagatorias de la Fiscalía aún no apuntan hacia algún asidero que permita dar con el responsable de las amenazas y evite un daño mayor a la víctima.
Desde el año 2017 hemos venido señalando que México atraviesa por una crisis humanitaria, que toma cuerpo con los homicidios, desplazamientos y desapariciones forzadas. Las causas que generaron esos renglones del delito siguen vigentes y continúan dando vida a las altas cifras que no ceden sustancialmente. A pesar del largo tiempo transcurrido desde 2006, en que la política de Estado de Guerra contra el Narcotráfico, creó las condiciones para catapultar los delitos señalados, no vemos una política en el actual gobierno que busque dar un giro en la concepción sobre seguridad y en la estrategia a seguir.
En los años setenta del siglo pasado, México atravesó por una fuerte crisis de gobernanza. La solución a la crisis de esos años se encontró en la Reforma Política: que incluyó la reforma electoral (que amplía el espectro de partidos políticos y su participación electoral) y la Ley de Amnistía, cuya iniciativa surge del seno del movimiento de Madres con Hijos Desaparecidos. La Reforma Política de 1978 abrió las puertas a una conciliación nacional (aunque hayan quedado deudas a saldar). Y de alguna manera contribuyó a que la práctica de la desaparición forzada bajara el trote de los años setenta.
A partir del gobierno de Felipe Calderón el tema de la seguridad se replantea en nuevos términos. Las acciones del Estado van a contribuir centralmente a la explosión de los renglones de homicidios, desplazamientos de la población por razones de violencia y desapariciones forzadas. El objetivo era, según narrativa del Estado, abatir el trasiego de drogas. Sin que se aportara algo significativo en ello, sí tenemos que lamentar los resultados que de esa política pública recogemos en los renglones mencionados.
En la actualidad hay un esfuerzo sobrehumano de los familiares buscando la localización de sus seres queridos. Los buscan tanto en vida como en las fosas clandestinas a quienes consideran muertos. La autoridad se ha visto obligada a acompañar a esos familiares en las búsquedas, a crear algunas instancias que otorguen apoyos y a legislar sobre la materia. Pero todo ese trabajo, por mayor nobleza que tenga se queda a medio camino. Siempre irá detrás del fenómeno de la desaparición forzada. Y no puede quedar en esa dimensión.
Bien vale la pena preguntarnos que, si en materia económica y financiera seguimos a pie juntillas el Consenso de Washington, para convertirnos en una fábrica de pobres (como lo prueban los censos del INEGI), ¿no podremos seguir los ejemplos de Argentina y Chile en materia de desaparición forzada? Esos países hermanos fueron víctimas de verdaderas dictaduras militares en los años setenta y ochenta. En aquellos duros años desaparecieron 30 mil y 5 mil personas respectivamente. Sus pueblos liquidaron esas dictaduras y encontraron una manera de no repetición de las desapariciones forzadas hasta la fecha. A la cárcel fueron muchos de los responsables y se fortalecieron la sociedad civil y sus derechos.
La solución a la crisis humanitaria actual no se alcanzará con la actual legislación sobre desaparición forzada y seguridad. La situación demanda una reforma del Estado donde el centro de todo ese universo sea la seguridad ciudadana. Si un régimen autoritario en los años setenta aceptó la necesidad de la Reforma Política, ciertamente bajo el empuje de una sociedad civil en crecimiento, lo más natural es que un régimen producto del tsunami electoral de 2018 y que reivindica la transformación del país, entienda que ahora es el momento de una nueva Reforma Política. Al centro aparece una concepción anquilosada sobre seguridad y sobre derechos humanos. El pueblo tiene derecho a la nueva Reforma del Estado. Vale.
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