Porque la razón no basta por sí sola.
Rómulo Gallegos
Ayotzinapa desnuda y desborda la vida pública (y no tan pública) nacional. Todos sabemos en qué tiempos sucede la Noche de Iguala y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Eran días de trato autoritario. La voz popular comprendió la esencia del momento y de los hechos. Y dijo sabiamente: fue el Estado. Recientemente (Informe de la Comisión de la Verdad) la autoridad reconoce esa responsabilidad. Actitud que demuestra un avance importante ante problemas de esa gravedad.
Pero el viejo Estado no abandona del todo ni su ropaje ni su esencia, mientras el nuevo no establece los espacios vitales con los que puede emprender una verdadera transformación del país. Y con ello vamos de sorpresa en sorpresa: por un lado el Estado se sincera ante la Nación aceptando su responsabilidad y por el otro deja en libertad a responsables de la desaparición de los normalistas. El pasado 14 de septiembre, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, absolvió a José Luis Abarca Velázquez, expresidente municipal de Iguala.
No fue el único en ser exonerado de responsabilidad en el crimen de la desaparición de los 43 estudiantes. Felipe Flores Velázquez, secretario de seguridad de Iguala en la noche del 26 de septiembre de 2014, también fue absuelto. Y con él 18 policías más, quienes enfrentaban el delito de secuestro agravado. En la sentencia con causa penal 66/2015 el Juez Ventura Ramos, determinó que no se acreditaron los delitos denunciados por la PGR. Se absolvió a los sentenciados y se les rehabilita en sus derechos políticos y civiles. Flores Velázquez, según la PGR, había ordenado a sus policías secuestrar y entregar a los estudiantes a Guerreros Unidos.
Hasta el pasado día 14, las cuentas de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación eran que, de 142 detenidos, iban 97 presuntos responsables liberados, entre criminales de Guerreros Unidos, Los Rojos, policías y autoridades de Iguala y Cocula. Destacaba que Flores Velázquez compareció el 27 de septiembre de 2014 y luego se lo tragó la tierra, lo que obliga a la PGR a ofrecer recompensa por 2 millones de pesos por su localización. Todos estos datos le meten más ruido a la decisión del Juez Primero de Distrito Tamaulipeco.
Sin que los ánimos se apaciguaran y cuando muchos conciudadanos exigían que el Consejo de la Judicatura hiciera algo para detener al Mefistófeles que despacha en el distrito judicial tamaulipeco mencionado, este 21 de septiembre sin el menor rubor por la tragedia de Ayotzinapa vuelve a la carga y libera a otros 24 acusados. Se han acumulado ya 120 sentencias absolutorias. Samuel Ventura Ramos, el Melmoth de la justicia mexicana, que absolvió a la mayoría, vuelve a sus andadas. Encinas y la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa quedan en una situación muy comprometida. El esfuerzo de más de tres años es peligrosamente minado por el juez de marras. ¿Cómo callar ante quien liberó a 101 acusados?
Encinas dice que hay elementos para apelar a esas sentencias de Ventura Ramos y recordando que hay 83 nuevos implicados, urge a la Fiscalía General de la República para “que se ejecuten de inmediato las órdenes de aprehensión contra los responsables de la desaparición de los jóvenes, como lo señalamos en el informe de Ayotzinapa”. No está demás señalar que en el informe de agosto se señaló a Abarca como el identificado como A1, el que dio la orden de desaparecer a los estudiantes.
Algo está pasando al interior del Estado que impide tomar la andadura que le corresponde en la presente etapa. No podemos conformarnos con la explicación de nuestros mayores cuando señalaban que el Poder Judicial es como el lomo de la liebre: tan presto está de un lado como del otro. Si después de un crimen como el de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de una respuesta electoral como la de julio de 2018, uno de los tres poderes de la Nación no ha entendido la esencia de los reclamos democráticos de la ciudadanía. Lo menos que merece es una profunda reforma Constitucional y comparecer ante un nuevo contexto por los delitos cometidos en funciones de juzgador.
Ante las liberaciones masivas de acusados por el crimen de la noche de Iguala, que no se nos pierda de vista esto: el Poder Ejecutivo busca jugar un papel nuevo ante Ayotzinapa, el Poder Legislativo ha dispuesto legislación reciente sobre la materia de desapariciones forzadas, mientras el Poder Judicial da un peligroso paso atrás con la liberación en masa de presuntos responsables. ¿Y el Consejo de la Judicatura? En medio de este tornado que agrieta el terreno donde está fincado el Estado mexicano, no cabe duda que falta mayor presencia de la ciudadanía en los asuntos públicos. La reivindicación de si vivos se los llevaron, vivos los queremos y la exigencia de justicia plena, no son meras consignas para la lucha de calle. Son dos pilares que sostienen una causa que trasciende nuestra generación y también al Estado. No bajemos la guardia. Vale.
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