Tampoco tiene tiempo ahora
para hacerle los honores debidos al dolor.
Gilberto Owen
Nos visita una comisión de pescadores de Yameto. –Las últimas temporadas de captura de camarón no han sido las mejores –Nos dicen. –Pero al menos en las anteriores tuvimos la libertad de colocar libremente la producción en el mercado. Ahora nos presionan las cooperativas de Dautillos para que todo el producto de nuestro trabajo se los entreguemos a ellos. –No contábamos con una medida que atenta contra nuestro derecho a buscar el mejor precio para lo que con tanto sacrificio obtenemos del mar.
Preguntados por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, cuál es la razón que exponen las cooperativas que están presionando, nos responden: –Nos dijeron que tienen muchas deudas y que necesitan comercializar nuestra producción. Ellos pagarían un promedio mucho menor a los 10 pesos el kilogramo (según nos han dicho), que nos resulta incomparable a los 15 pesos que por nuestra cuenta hemos conseguido. ¿Qué facultades tienen las cooperativas de Dautillos? Ninguna. Pero las viejas prácticas de presionar no han desaparecido, sobre todo cuando los presionados son más pequeños en número.
Pareciera que hay clases sociales entre los pescadores. Y esas prácticas no invitan a otra cosa que pensar en eso, pues con todo y la legislación existente y la presencia de la autoridad en el ramo, dichas prácticas encuentran espacios justificatorios y servidores públicos que apoyan las rancias posiciones hegemónicas. Lo que resulta inexplicable en un gobierno con vocación de transformar esas expresiones de corrupción que tanto daño nos han hecho. Es cierto que hay unas cooperativas grandes y otras pequeñas. Pero sobran inspectores que se ponen del lado de las cooperativas grandes, ¿a qué precio?
Hay una cosa que no podemos olvidar luego de los golpes de la pandemia. La crisis ha golpeado con saña a los pescadores en general, pero en especial a los más pequeños. Y todos hemos dicho que esos momentos difíciles que aún no han terminado, tendrían la virtud de cambiar nuestra forma de pensar y nuestros estilos de vida. Nada de eso ha sucedido. Seguimos con los mismos comportamientos y actitudes frente a nuestros iguales y, desde luego, frente a los más débiles. Eso explica en buena medida lo que les pasa a los pescadores de Yameto.
¿Qué papel debe jugar el Estado ante ello? Si las autoridades de la llamada 4T buscan la transformación de México, es una incongruencia que se siga dando cabida a las prácticas que privilegian la posición de los más fuertes en la actividad pesquera y dejen en la orfandad a los grupos menores o débiles de los litorales y bahías del país. El llamado esfuerzo pesquero lo componen todos los que trabajan en el mar y lo menos que deben hacer las autoridades es que los recursos destinados a ese campo de la actividad, tenga mejores criterios a la hora de ser invertidos y que incluyan a los grupos mencionados. La vigilancia sobre el sector pesquero no puede limitarse a la policiaca. Hay otros aspectos muy importantes.
El Golfo de California tiene una gran importancia económica y social. Por el número de especies, por la magnitud del producto que genera año con año, por la cantidad de ciudadanos que dependen de los ingresos que deja la actividad en los litorales, sistemas lagunarios y bahías. Al iniciar su gestión pública los gobernadores de Nayarit, Sinaloa, Sonora y de las dos Bajas, hicieron una evaluación del Golfo, se plantearon el cuidado de ese bien común y se comprometieron a invertir forjando un Plan económico del noroeste.
Los pescadores de Yameto acudieron a la CDDHS en busca de orientación y apoyo. Hemos considerado pertinente mediar para que se sean escuchados por la Secretaría de Pesca de Sinaloa. Hay el compromiso de su titular, Flor Emilia Guerra, de atender el caso de inmediato. En estos momentos los trabajadores del mar sienten una gran incertidumbre y el incómodo tintineo de las espuelas del hambre sobre sus ijares. Ojalá que el acercamiento con la Secretaria Flor Emilia encamine los pasos por la senda correcta. De las decisiones que se tomen como política pública, depende el bienestar y la paz de varias decenas de pescadores y sus familias.
Bien dice el escritor Carlos Fuentes que la legalidad debe ajustarse a la realidad que tenemos. Nosotros insistiremos que el comportamiento de las instancias y de los funcionarios deben corresponderse con las necesidades y aspiraciones de quienes generan la riqueza del país. Legalidad y realidad pueden encontrarse bajo el marco de la justicia social. Eso queremos para el caso de los pescadores de Yameto. Sin dejar de ver que hay un considerable censo de más de 48 mil ciudadanos que trabajan en la actividad pesquera y con una producción anual que supera las 300 mil toneladas de alimentos del Golfo, también sabemos que las políticas públicas bien pueden comenzar a manifestarse a través de una humilde comunidad de hombres y mujeres que viven del mar. Yameto (lugar de la palabra), al gestionar la solución de sus problemas, ejerció un derecho humano y también le hizo honor a su nombre. Vale.
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