El mal que nunca se entiende difícilmente se cura.
Tirso de Molina
Las actitudes que reprueban el ejercicio de libertades y del derecho a reportear, cobran brío ante el umbral del nuevo gobierno. Esto sucede en los municipios de Culiacán, Mazatlán y El Fuerte. Lejos de ayudar a iniciar con buena andadura una nueva época en Sinaloa, ponen piedras en el camino y los pies que lo transitan quedan hispiados, lo que vuelve más difícil construir las avenidas y entendimientos que deben caracterizar los nuevos tiempos.
Me refiero a hechos recientes y que no han pasado desapercibidos por la ciudadanía. El día martes 12 en el Puerto de Mazatlán, los reporteros Erick Daniel Toxtle Nolasco y Bryan Omar Toledo Chavarín, ambos del medio de comunicación Sinaloa en Línea, al ver que unos policías municipales detenían a cuatro surfistas, se dispusieron a cubrir los hechos. Al acercarse el rechazo de los agentes fue contundente. Se les ordena retirarse en lugar de permitirles hacer su trabajo. Uno de los oficiales, de quien dicen los reporteros ya tiene antecedentes de ofender a periodistas verbal y físicamente, volvió a lucir ese comportamiento de odio el día de ayer.
Los policías no sólo se llevaron a los surfistas, completaron el viaje con los reporteros. No los llevaron directamente a la Barandilla, sino a la caseta del llamado CAPTA que atiende asuntos de turistas. ¿Con qué fin? Lo ignoramos. Lo cierto es que en otras ocasiones similares lejos de que la autoridad municipal sancione los excesos policiales, los ha justificado y hasta alentado. En el presente caso no hay noticias de sensibilidad ante el comportamiento señalado.
En Culiacán nos hemos familiarizado con las manifestaciones públicas, desesperadas por momentos, de policías jubilados y viudas de policías reclamando el pago de sus primas de antigüedad y el mejoramiento de las pensiones para el caso de viudas y huérfanos. Inexplicablemente el diálogo (como recurso invaluable de la filosofía de la Cuarta T) no se asoma por ningún portillo, a pesar de la emergencia de los problemas o la necesidad de jubilar las prácticas autoritarias heredadas del pasado.
Lo que más se acerca a una salida no a una solución de los problemas son declaraciones como: “si vuelven a tomar la calle, lo denunciaremos ante la Fiscalía General del Estado para que ellos se encarguen de los manifestantes. Tomar las calles es un delito grave”. Dicha concepción es diametralmente opuesta al principio de un Estado de derecho democrático de que “manifestarse es un derecho, reprimir es un delito”. ¿Por qué puerta u oído entrará el abc de los derechos humanos a la presidencia municipal de Culiacán? Y si no hay intersticio en las gruesas paredes del otrora Seminario Tridentino por donde se cuelen los derechos humanos o al menos el olor de los principios de la 4T, el Congreso del Estado y el nuevo Gobierno estatal tienen la obligación constitucional de vigilar que en el estado de Sinaloa no se falte a los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos.
En redes sociales se afirma que René Vega, periodista de San Blas, El Fuerte, ha recibido mensajes intimidatorios contra su persona, relacionados con su labor de comunicador. Junto a las notas se señala que el alcalde electo Gildardo Leyva Ortega tiene una relación directa con esos mensajes. Al parecer no hay una denuncia ante la autoridad sobre los hechos referidos, pero no deja de preocupar lo que el periodista Carlos Ilich Osorio y el mismo René Vega manifiestan, este último en su página Periodismo Disruptivo. Este tipo de comportamientos poco ayudarán a construir un régimen respetuoso de la libertad de expresión y de los derechos humanos, como lo ha prometido Rubén Rocha Moya.
Por lo demás, adelanto para la nueva administración que la declarada negligencia de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Economía, ha permitido que la compañía Escob Minería, que regentea la Mina San José, ubicada en la Sindicatura de Las Tapias, luego de destrozar el camino por donde está obligada a transportar el material de fierro extraído de las entrañas de la tierra y de incumplir sus compromisos con las comunidades por donde pasa esa vialidad de terracería, por su cuenta y riesgo tomó la carretera local Monteverde-La Palma, misma que ha destrozado ya, sin que las autoridades mencionadas hayan tomado alguna medida para detener los daños y buscar su reparación.
Los sinaloenses tenemos grandes expectativas en la nueva administración pública estatal, esperanza a la que nadie tiene derecho de abortar o malograr. Y como hay no pocos intereses creados y prácticas administrativas y políticas que pretenden el regreso a los tiempos en que los derechos eran de papel, todos debemos tener el compromiso de una mayor participación ciudadana, que se concrete en una vigilancia organizada del quehacer de la vida pública. La Cuarta Transformación propone no robar, no mentir y no traicionar. Vigilar organizadamente a través de comités ciudadanos la administración de los dineros públicos, la conducta de los funcionarios, las prácticas y formas de gestionar los asuntos de su competencia, es la mejor aportación que desde la sociedad se puede abonar para un desarrollo pleno de la 4T y del futuro de México. Vale.
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