Sin justicia la democracia es finita
como infinito el destino de un desaparecido.
Carlos Varela Álvarez
Ante el aniversario XXV de la desaparición de los primos Hernández, cedo la palabra a Martín Gastélum: “El Caso de Las Quintas, es una de las heridas sociales, es una de las ofensas más ruin(es) de un sistema de justicia anquilosado y mercenario, que sólo sirve a intereses del narco, económicos y políticos (en ese orden) sin esperanza de que se pueda atender a un simple ciudadano vejado y lastimado en su único valor: su honor”. Un cuarto de siglo después nuestra solidaridad incondicional con Abraham, Rosa María y Luz María, sigue en pie y la exigencia de justicia plena sin ninguna modificación.
Este miércoles 30 de junio se ofreció una conferencia de prensa para refrescar la memoria social sobre los hechos que llevaron a la desaparición de los jóvenes Abraham, Jorge y Juan Emerio. La presencia de los medios de comunicación, los colectivos de familiares con desaparecidos y otros organismos sociales fue contundente y las propuestas de las familias de Las Quintas muy adecuadas al momento histórico que vivimos: El trabajo de todos -dijeron- es seguir reivindicando justicia plena para los casos viejos y recientes; presentar una idea clara sobre la nueva actitud y acciones que esperamos y exigimos del nuevo gobierno; que los días 30 de agosto, el 1 de noviembre y el 10 de diciembre sean vértice de acciones coordinadas y que es impostergable que el Estado pare la práctica de la desaparición forzada.
¿Qué gabinete acompañará al maestro Rubén Rocha Moya en su administración estatal? Los intereses que buscan espacios ya están tomando posiciones en los medios. Y en sus discursos no hay la menor preocupación por analizar las necesidades que la entidad tiene y que el pueblo sinaloense expresó durante la campaña o de los renglones impostergables que resultaron de la interacción del gobernador electo y los ciudadanos a los que escuchó. No, en lo que hemos leído se habla de personajes de la política, con probabilidades de estar en el primer círculo de gobierno, más por ser personas cercanas a Rocha Moya o a Héctor Melesio Cuén, que por los servicios que puedan brindar al estado.
Ya lo dijimos: el perfil del próximo gabinete no debe definirse por la fidelidad hacia una persona, sino por la lealtad a la causa que ganó a la mayoría ciudadana en el proceso electoral pasado. El 56 por ciento de los que nos volcamos a las urnas hicimos nuestra la promesa de que la Cuarta Transformación será una realidad en Sinaloa. Y esa transformación implica de entrada hacer un gobierno de muchos, no de pocos; hablamos de incorporar la participación ciudadana a las decisiones de mayor trascendencia en el gobierno, hacer de la democracia el alma y la piel de vida pública en Sinaloa.
Los miembros del gabinete, tanto los del área económica, como la social, la política y la de seguridad, deben responder cabalmente a los compromisos hechos en campaña: llevar a cabo un giro de 180° en el comportamiento personal, en la conducción de las secretarías y en la atención de los ciudadanos. Las tareas no son pocas ni fáciles y la disposición para enfrentarlas tendrá que ir acompañada con la renuncia a las prácticas de corrupción y vivir en la medianía que en su momento planteó Benito Juárez. Que nos dice eso ahora: que de acuerdo a las enseñanzas de la Comuna de París (1871) los sueldos de los funcionarios principales deben ser el promedio de lo que gana un obrero calificado o siendo más generosos con los emolumentos de esos funcionarios, que sus ingresos no rebasen los 50 mil pesos, pues muchos estudios viejos y nuevos prueban que las grandes desigualdades sociales se disparan cuando hay ingresos personales que rebasan 27 veces el salario mínimo del común de los ciudadanos. Y la 4T andará renga con funcionarios ricos y pueblo pobre.
Para que la 4T direccione los destinos de Sinaloa en los próximos años, tendrá que ser arco y flecha -como dijera el poeta Juan Eulogio Guerra. Y serlo, obliga a que en la antesala del centenario de la Constitución Política de Sinaloa, nos comprometamos a la elección de un Constituyente que elabore y promulgue una nueva Constitución. Si en 1922 nuestra población era de unos 300 mil habitantes, ahora sumamos 3 millones y las bases constitucionales vigentes no garantizan ni la igualdad jurídica y social, menos la equidad económica. Una nueva Carta Magna local es inaplazable.
La crisis humanitaria que vive el país: la violencia que suma homicidios, desapariciones forzadas y desplazados, que es nuestra dolorosa realidad, nos emplaza a ir directo a las causas y darle un sustento más humano y más justo a nuestra vida pública. Una Constitución de nuevo cuño abriría la posibilidad de concebir las cosas de manera más objetiva y de encontrar la solución en ecuaciones sociales que incluyan el pensamiento y los intereses de todos, pues las viejas fórmulas que sólo responden a los privilegios de pequeños grupos, ya no son alternativa para la gobernanza y menos para garantizar el bienestar de la inmensa mayoría. Al gabinete de Rocha Moya deben ir mujeres y hombres comprometidos con estos cambios. Los arribistas de siempre que se cuelen serán los que jalen la carreta del progreso social hacia atrás. Es hora de que los ciudadanos hablen y propongan. La 4T no marcha con ciudadanos callados. Vale.
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