Necesidad y libertad se alimentan mutuamente,
requiriendo nuevos periodos de cambio social y trascendencia histórica.
John Ballemy Foster
Si en la vida hay comedia, el drama siempre reclama su espacio. Y este 10 de diciembre, en el LXXII aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no podemos concluir otra cosa. Nos da alegría saber que en el tiempo señalado (sobre todo en los últimos años) la legislación en materia de derechos humanos ha caminado a un regular tranco, aunque las actitudes de los gobernantes y las políticas públicas no marchen con la misma andadura que la letra de la Ley. Y como consecuencia, no podamos poner remedio a la crisis humanitaria que aún golpea en materia de homicidios, desplazados y desaparecidos. Este año, por si todo lo anterior fuera poco, tenemos que agregar los tropiezos que nos imponen la pandemia y la recesión económica.
A casi un año del brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan, China (17 de diciembre 2019), la vida tal como la hemos vivido ya no es igual. No sabemos hasta dónde cambiaremos nuestros estilos de vida y el modo de hacer las cosas, pero las respuestas de la naturaleza y del medio en que actuamos a las decisiones o conductas erróneas ahora son inmediatas. La emergencia que vivimos, empapada de incertidumbres, no nos permite ver con claridad el rumbo que se debe tomar.
Los Estados siguen hablando y haciendo cuentas en materia de economía como si viviéramos en tiempos anteriores a la pandemia. Lo mismo hacen los organismos empresariales. Se habla de crecimiento económico como si nada hubiera pasado, como si la depredación que hacen las compañías mineras, agroindustriales y demás actividades contaminantes no pesaran sobre el mundo en que sobrevivimos. Los recursos naturales no son infinitos ni la explotación de los mismos puede seguir tocando la irracionalidad, si queremos mantener las condiciones mínimas que garanticen la existencia de todas las especies en la tierra, incluida la nuestra.
Si la nueva medida ha de ser la satisfacción de las necesidades que la vida moderna plantea para todos y en las fronteras del decoro, los parámetros y metas que privilegian el crecer sin límites en las diversas actividades económicas, así sea en detrimento del patrimonio medioambiental de todos y de la salud universal, yo no tienen razón de ser. Pero no se ha dado paso alguno para delimitar actividades económicas ni para que los presupuestos fiscales sean arco y flecha del rumbo en que debemos marchar.
Por lo pronto, entre las trabas principales para enrumbar la economía y la distribución más justa de la riqueza nacional, están las deudas públicas de las entidades federativas y los municipios. La Secretaría de Hacienda dice que hay dos etapas de comportamiento muy definidas en esta materia: la primera inicia en 2005 y termina en 2019, el crecimiento de la deuda de los estados pasa de 147 mil 412 millones de pesos a 603 mil millones de pesos. Creció un poco más de cuatro veces. La segunda etapa es el primer semestre de este año, en que la citada deuda se ubicó en 596 mil 397 millones de pesos, con una modesta caída del 4.6 por ciento.
Las alertas sobre endeudamiento total nos dicen que la Ciudad de México con 80 mil millones de pesos, Nuevo León con 79 mmp, Chihuahua con 50 mmp, Estado de México con más de 49.700 mmp y Veracruz con 44 mmp, son los más endeudados; pero hay otro referente: el incremento en términos reales durante el primer semestre de 2020. Aquí destacan Yucatán con un salto del 27.6 por ciento, Aguascalientes con un 14.7 por ciento de su deuda, San Luis Potosí con 13.3 por ciento, Tabasco con el 11 por ciento y Nayarit con el 10.8 por ciento, todos creciendo en los porcentajes señalados.
Los municipios, por su parte, presentan una contratación de deuda por un monto de 43 mil 828.9 mdp (incluidas instituciones paramunicipales), que significan un 7.4 por ciento de la deuda de entidades y municipios. Los municipios que encabezan la poco distinguida lista de deudores son Tijuana con 2 mil 600.9 mdp, Monterrey con 1 mil 975.1 mdp, Hermosillo con 1 mil 882.3 mdp, Guadalajara con 1 mil 645.6 mdp, León con 1 mil 095.1 mdp, Benito Juárez con 975.5 mdp y San Nicolás de los Garza con 971.0 mdp. Las deudas son una camisa de fuerza que impide la mejor atención de las obligaciones elementales de los ayuntamientos ante sus ciudadanos.
Por lo demás, sin calificar legitimidad o moralidad de muchas de las deudas en los estados y municipios, las obligaciones de atender el pago de los servicios de la misma y de abonar al principal, limitan la de por sí reducida capacidad para atender no sólo la necesidad de la siempre urgida obra pública, sino la posibilidad de abrir frentes que alivien la situación de pobreza a través de programas de vivienda, empleo, salud y educación, en el caso de los estados y los que correspondan a los municipios. La pandemia y la recesión económica, que tanto han profundizado pobreza y exclusión social, replantean en nuevos términos estos problemas.
Los derechos humanos adquieren una nueva dimensión en el marco de las presentes crisis gemelas. Los debates sobre la deuda pública en los tres niveles de gobierno y el diseño de los presupuestos fiscales correspondientes no pueden ir separados, pues hay vasos comunicantes vitales con la suerte que vive la sociedad entera. Vale.
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