columna joseluis

El miércoles que publiqué sobre la necesidad de que el gobernador Quirino Ordaz y los secretarios de salud y educación comparecieran ante el congreso del estado, varias personas alzaron su voz para solicitar que era necesario que también otros funcionarios comparecieran, específicamente se refirieron al secretario de agricultura, José Jeovan Rosas, y el director de CONAGUA en nuestra región, José Luis Montalvo, a propósito de los desfogues de las presas que autorizaron en plena sequía, señalando los riesgos que ello significaba.

 

La principal observación de quienes enviaron sus opiniones es que SAyG y CONAGUA son autoridades para controlar y regular el uso y explotación del agua, por ser un bien estratégico para la vida y que ninguna es para que sea empleada por particulares, como lo son los productores agrícolas.

 

Todo ello en razón de la persistencia de la sequía que azotaba Sinaloa y que ya se mantenía por más de un año, provocando que en invierno no hubiese casi cultivos temporaleros por la escasa humedad, tampoco alimento silvestre para el ganado y que estuviera en riesgo la horticultura y siembra de granos, específicamente el maíz.

 

Panorama que obligaba a las autoridades estatales y federales a un plan de contingencia ante la posible extensión de la sequía, el agotamiento paulatino de los almacenamientos de agua y el abatimiento radical de los mantos freáticos, en particular para extraer agua para consumo humano.

 

Y lo que se critica por quienes comentan es que dicho plan de contingencia no existió y se exprimieron las presas hasta el límite por presiones de los maiceros y los grupos de productores que controlan los módulos de riego, “es decir (concluían) que los funcionarios son empleados de negocios privados y no servidores públicos, cuando valoran más el volumen de maíz que producirán, que si nos alcanzará el agua para consumo humano”.

 

Y eso es parte también del facilismo de los productores de sembrar maíz principalmente (más de 500 mil hectáreas), cultivo al que realizan hasta cinco riegos (uno de asiento y cuatro de auxilio), donde prácticamente se consume más del 50% del agua de nuestras presas.

 

¿Tendrán razón? Yo creo que sí, y comparto la opinión que el gobierno estatal, claro sin llegar al cretinismo, establezca mecanismos de coordinación y control de los organismos federales, como en este caso la CONAGUA, y el uso de los distritos de riego.