Dicen, según informes de centros de estudios económicos internacionales, que la industria del narcotráfico es la tercera en valor económico del planeta, después del armamentismo y el petróleo, pero yo diría que es la cuarta porque en primer lugar están las rentas de las deudas de los países que controlan el banco mundial y el fondo monetario internacional.

 

La tercera o la cuarta, la que sea pues, pero el narcotráfico se considera una potencia económica mundial que estiman maneja un monto superior a los 300 mil millones de dólares al año, poco más de la mitad que el negocio de las armas.

 

Si de ese tamaño es el volumen de capital y se afirma que el 70% de las drogas que entran a Estados Unidos lo hacen por México, imaginémonos entonces el tamaño del problema que tenemos en nuestro país. Aunque no creo el dato de ese 70% de las drogas que entran por México por la sencilla razón que el servicio aduanero norteamericano revisa el 5% de los contenedores que entran a ese país por el pacífico y el atlántico, así como la frontera con Canadá ¿Cuánta droga ingresará en los que no se revisan?

 

Sin embargo, lo que sí se puede considerar son las drogas que se producen en Latinoamérica y algunas que llegan de África, pero es obvio que es difícil considerar ese 70% que dicen entra del total de drogas a los Estados Unidos.

 

Algunas informaciones afirman que el narco mexicano opera una cifra que oscila en los 30 mil millones de dólares, según las propias autoridades mexicanas al compararlas con los recursos de los migrantes (27 mil millones dólares de las remesas) al final del día resultan estratosféricos y más aún si se compara con el ingreso petrolero, la mayor industria de México, que sólo por la venta de crudo ingresó el 2018 alrededor de 26 mil millones de dólares.

 

Pero también es de considerar el rol del narco en Sinaloa, que desde hace más de 50 años tiene una preponderancia económica en la vida pública y social, que ha crecido paulatinamente al extremo que de Sinaloa se extendió a todo el país y que las mayores redes de distribución en los Estados Unidos son de migrantes mexicanos, específicamente sinaloenses, calculándose la suma de 700 mil originarios de Sinaloa que viven allá, donde la mayoría han crecido en sus trabajos y negocios particulares.

 

Por eso, a raíz de los sucesos de Culiacán del pasado 17 de octubre, vale la pena reflexionar la relación gobierno – narcotráfico, partiendo de que es una gran industria, que es un gran poder, que está inmerso en toda la sociedad y que palpita junto a todos los demás negocios e intereses.

 

El narcotráfico no le es ajeno a nadie en Sinaloa de manera directa, indirecta o colateral, como quiera que sea, cuestión que nos obliga a todos, pero principalmente al gobierno, a replantear su relación, más aún cuando ya somos grandes consumidores, tanto que representa un jugoso negocio para quienes lo controlan.

 

No estoy diciendo en ningún momento que se desconozca el carácter ilegal del narcotráfico, lo que trato de decir es que se pondere lo que es y cómo es, además que la seguridad, el orden y la legalidad son valores que se deben garantizar, por lo que el gobierno debe tener la fuerza moral, militar y política que le permita establecer las reglas, los límites, las condiciones de la relación y existencia de este fenómeno.

 

La razón es muy sencilla: el narcotráfico va a continuar creciendo, quién sabe bajo qué circunstancias, si será legal o continuará siendo ilegal, pero si acaso solo se puede aspirar al control.

 

Lo sucedido en Culiacán no debe volver a repetirse ni en Culiacán ni en ningún otro lugar del país, esa debe ser nuestra aspiración, muy difícil seguramente pensarán todos, pero no hay de otra más que intentar.