¡¡¡¡Falso!!!! ¡¡¡yY requeté falso!!! Grita la gente ahora que, muy magnánimos y generosos, los ayuntamientos han extendido los cobros de los diversos impuestos hasta el 28 de febrero, un saqueo a los cobros de los vehículos y una colecta con los pobres.

 

Más de 500,000 vehículos y más de 600,000 viviendas existen en Culiacán, que son quienes sostienen al erario municipal, cuando son quienes pagan por los automóviles más de 10 impuestos y la vivienda, el predial, el agua y la luz.

 

Y peor aún, para los carros, convertidos hoy en el mejor negocio del gobierno del estado y los municipios, de los que recibe por él millon de vehículos que tiene Sinaloa, la fabulosa cantidad de 14,000 millones de pesos, entre tenencia y refrendo, placas, multas, licencias y hasta caseta y el IVA en gasolina, aparte de lo que se lleva la federación de los impuestos de ISAN y el IVA.

 

Por eso es tan injusto que después de que se luchó por más de 20 años contra el impuesto de la tenencia, sí, aquel que se estableció en 1962 para financiar las olimpiadas de 1968, el que, pasando las olimpiadas de aquel año, se derogaría, pues no ocurrió así y lo siguieron cobrando hasta que en 2011, en el gobierno de Felipe Calderón, se derogó, dejando a los estados que, quienes así lo aprobaran, a través de sus congresos estatales lo dejaran como un impuesto estatal.

 

Pues así lo quiso Quirino Ordaz Coppel desde que llegó el gobierno y la tenencia se convirtió en refrendo vehicular, que quién sabe qué cosa será eso, y que hoy en día todos los años en Sinaloa los seguimos pagando cuando nuestros vecinos de Durango no tienen ese impuesto.

 

Son más de 3000 millones de pesos cada año que esquilma el gobierno de Sinaloa a los automovilistas, un impuesto nacido de la ilegalidad, en la ilegalidad y que el gobierno hace con él lo que quiere.

 

Lo mismo ocurre con el impuesto predial urbano, impuesto que, como comprobó Sergio Torres en el 2015, solo lo pagan los pobres y clases medias porque los ricos lo eluden, cuando demostró que había fraccionamientos privados de altos ingresos que tenían más deuda de predial urbano que el valor catastral de la propiedad simplemente porque nunca lo pagan. Sergio Torres descubrió que debían más de 5 mil millones de pesos en Culiacán y ha sido el único presidente municipal que se atrevió a tocar a los ricos con demandas judiciales y hasta embargo de sus viviendas para que acudieran a pagar el predial.

 

Nadie después de él ha tenido esa decisión y es casi seguro que aquella deuda predial de muchos ricos de Culiacán ya engordó y supera los 5000 millones que encontró Sergio Torres.

 

Quienes sostienen al gobierno de Culiacán y los ayuntamientos de Sinaloa son los pobres y clase media, porque los ricos no pagan ese impuesto.

 

Otra cuenta mocha que tenemos en los impuestos es el impuesto predial rústico el que se aplica el valor de la producción rural del que los mandatarios municipales debieran recibir en conjunto cada año 1600 millones de pesos transfiriéndoles el gobierno de Sinaloa menos de 500 millones.

 

Es decir que se trata de una gran concentración fiscal la que hace el gobierno de Sinaloa y peor aún de lo que recauda no le distribuye a los municipios lo que corresponde y por consecuencia lo que deben distribuir los presidentes municipales a las comunidades rurales llega bien trasquilado si es que llega.

 

De todo eso resulta lamentable que los diputados de Sinaloa no digan nada y hagan menos cuando la redistribución fiscal es un excelente elemento para la gobernanza y la justicia social pero quizá no lo ven así.

 

Ojalá y alguno de ellos, incluidos los regidores de los municipios más grandes tuvieran el valor y la decisión de revisar todo ello para aclarar los cobros injustos e ilegales lo que le toca a cada quien y que se distribuya bien, sería bueno. Yo creo que por eso el SATES tiene su oficina en los sótanos de gobierno