Quiero agradecerle al grupo de ingeniería, con los que fui a la escuela, por el debate tan importante que han abierto sobre este tema.

En el capítulo II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 42 hasta el 48, y la Ley de Coordinación Fiscal establecen las reglas para que cada año en la Ley de Ingresos y Egreso del gobierno federal se fijen los impuestos, derechos y obligaciones correspondientes, así como las asignaciones que se harán de lo que se recaude a cada nivel y órgano de gobierno.

Estos mecanismos de centralización y concentración fiscal le dan al gobierno de la republica un poder enorme que subordina y somete a los gobiernos locales, a veces hasta la humillación, con subejercicios y retraso de las aportaciones, por lo menos de las que les tiene que entregar por ley a los estados y municipios, provocando que gobernadores y presidentes municipales sean, por consecuencia, incapaces de hacer algo.

Este es el escenario que el constituyente temió se configurara cuando estableció en 1917 que el municipio libre y soberano era la base de la república, cambiando después en la práctica a raíz de la escasa capacidad de los gobiernos municipales para ejercer sus obligaciones, así el gobierno de la republica asumió el cobro y administración de impuestos, construyéndose con esta acción las bases del presidencialismo.

La discusión que se ha abierto en este grupo de ingeniería es un tema trascendental y de enorme actualidad para el país, más aun en una etapa de transición política electoral donde es quizás el tema toral, precisamente como lo fue para crear la republica imperial en la egida del PRI.

Esta discusión viene desde los años setenta, como actos previos a la firma del primer convenio de coordinación fiscal en 1979, pero ya se habían dado movimientos como el caso de Chiapas, que son un caso especial y que viene desde el siglo XIX, cuando se constituye el territorio actual, que perdió en el norte medio territorio con Estados Unidos, y en el sur con constitución de nuevas repúblicas en Centroamérica, donde Chiapas pretendía ser otro país.

O como en la revolución mexicana, cuando los estados Coahuila, Chihuahua y Sonora se revelaron a la dictadura de Victoriano Huerta, o el caso del movimiento cristero que pretendió separar los estados de San Luis, Jalisco, Guanajuato y Michoacán, movimiento que perduró hasta los años noventa del siglo pasado.

En 1997, cuando el PRD y Cuauhtémoc Cárdenas ganan el gobierno del D.F., promueven la ANAGO (asociación nacional de gobernadores), que integraron los gobiernos estatales del PAN y PRD, con el objetivo de luchar contra esa concentración de poder del gobierno de la república, dando origen después, el 10 de agosto del 2001, en Mazatlán, al surgimiento de la CONAGO (conferencia nacional de gobernadores), donde se firmó la alianza Fox – PAN – Gobiernos del PRI, encabezados por los gobernadores Fernando Canales Clariónd de Nuevo León, Juan S. Millán de Sinaloa y Tomas Yarrington de Tamaulipas.

Los estados de la frontera norte (Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) son un caso muy especial, que antes no pintaban económicamente, lo que produjo la creación del programa de zonas fronterizas (1978), que les generó condiciones especiales para poblar la frontera y desarrollar su infraestructura y economía.

Hoy estos estados son los más ricos del país, quienes concentran el 52 por ciento de las exportaciones a Estados Unidos (casi 220 mil millones de dólares) resultando el primer lugar para Chihuahua con 52 mil millones de dólares (Sinaloa apenas rebasa los dos mil millones de dólares), estados que se han convertido en la manzana de la discordia que el PAN atrajo en sus gobiernos con prerrogativas especiales como un IVA menor que al resto del país, prerrogativas que Peña Nieto en la reforma fiscal del 2014 eliminó, homologándolo a todo el país con el IVA del 16%.

Ahora en la ley de ingresos y egresos del 2018 de nuevo esos estados quedaron con un IVA del 8%, la mitad del ISR y un salario mínimo de 176 pesos diarios, muy superior a los 112 pesos diarios del resto del país, tan solo por la simple voluntad de AMLO y MORENA. Con ello se refleja de nuevo la misma tendencia que impulsó el PAN, tan injusta e ilegal para todo el país. ¿Es posible que mexicanos de un lado paguen menos impuestos que los otros? Pretendiendo con ello seducirles y evitar que luchen por un auténtico federalismo.

Por eso no se debe confundir la lucha por un federalismo justo con oportunismos políticos como el de AMLO. En su tiempo se justificó el desarrollo de la zona fronteriza, ahora son los más ricos y los que pagan menos. El federalismo que promueven algunos gobernadores, de crear un movimiento nacional contra la concentración y centralización del gobierno federal, es justo y necesario para todos los estados. Lo otro es jugar con las leyes e intereses de todos y dividir el país aun más.