La preponderancia económica, es un término que se estableció en la reforma de telecomunicaciones al 2013, pero que se aplica prácticamente en toda la economía, con el objetivo de que no exista el monopolio en México, específicamente que ningún agente económico controle más del 50% del mercado de la rama económica que se trate.

En eso consistió la ley eléctrica del 2021, que promovió López Obrador y que se conoció como “la ley barlett”, y a la que la suprema corte de justicia de la nación ha declarado inconstitucional y con ello se restableció el control del estado mexicano sobre los monopolios.

Cuando se estableció, que no existiría la preponderancia en el 2013 en la ley de telecomunicaciones, resultando afectados entes monopolicos como lo son América móvil de Carlos Slim y Televisa de Emilio Azcárraga, específicamente para imponer medidas que afecten la libre competencia

Una de las empresas del estado afectadas fue la CFE, quien mantenía el monopolio del mercado eléctrico en generación, transmisión y distribución, la cual desde 1990 empezó a declinar su producción que para el 2013, CFE ya era superada en producción por el sector privado que alcanzó el 56% contra el 44% de CFE, quedándose solo con el monopolio de la distribución.

Con la reforma constitucional que introdujo la preponderancia, como factor para regular los mercados económicos en México, se modificó radicalmente el control de tres grandes monopolios American móvil, Televisa y CFE.

Modificando a tal extremo las condiciones del mercado que se acabó en buena medida con el robo descarado en telefonía a la población, en televisión llegó la era digital se acabó la analogía y emergió el internet.

Cuando el 2013 se reformó la Constitución (artículo 28) y CFE ya estaba en franco declive siendo cada vez más deficitaria para surtir al mercado nacional llegando en el 2020 hasta el 44% de la generación de la electricidad que le demanda el país, razón por lo que surge “la ley bartlett” un conjunto de directrices regresivas en materia de libre mercado, reclamando para CFE el control total del mercado.

En ese tiempo, CFE ni cumplió ni amplió su producción y lo que hizo fue comprar siete plantas de iberdrola para alcanzar el 55% de la producción nacional, además que bloqueó a toda la inversión privada, amparándose más de 200 empresas que hoy, con el fallo de la suprema corte de inconstitucional, regresa al concepto de preponderancia a la ley eléctrica nacional y con ello restablece la libre competencia en nuestro mercado.