No sé qué piensen ustedes, pero yo sigo pensando aun que el gobernador Rubén Rocha todavía está a tiempo de salvar su sexenio de que no se hunda en un rotundo fracaso, siempre y cuando sea capaz de contener su furia contra la UAS, restablecer la armonía con la centenaria institución y concentrarse en los problemas coyunturales y estructurales de Sinaloa.

Si no lo hace, va a provocar una confrontación mucho mayor que puede resultar en un incendio social que lo acorrale y le reduzca su capacidad operativa y sea sometido a un acoso político mucho más amplio e intenso del que actualmente transita, con el ingrediente de un equipo muy incompetente y alejados cada vez mas de los problemas de Sinaloa.

Por qué digo lo anterior, por la sencilla razón que desde que se conoció el fallo del juzgado federal sobre la inconstitucionalidad de la ley de educación superior decretada el pasado 28 de febrero (hace once meses), se han desatado operaciones judiciales emanadas de la fiscalía general del estado, que reflejan un incremento de las agresiones contra la UAS, y peor aún, cuando el gobierno ya perdió la batalla legal por su ley violatoria a la autonomía universitaria.

Lo preocupante es, que repentinamente se activaron tres nuevas carpetas de investigación, de nueva cuenta contra el rector Jesús Madueña Molina y junto a ello, una especie de secuestros exprés de funcionarios menores, que la fiscalía considera como testigos colaboradores, haciéndolos pasar por un viacrucis peor que un indiciado y se tratara de delitos graves.

La fiscalía de Sinaloa y su titular Sara Bruna, está bordeando los límites de la ilegalidad, que quien sabe si alguien se atreve a denunciarla, puede salir por los quebrantos a la ley que han cometido, síntoma de lo que pretende el gobierno de Sinaloa al lanzar su ofensiva mayor contra la UAS, lo que puede resultar su Waterloo.

Quizá no se da cuenta el gobernador en el callejón en que se encuentra y que, si quiere salir del mundo de dificultades que le rodean, tiene que parar todas esas maniobras operadas con grandes cargos de rabia e ineptitud, que los está haciendo cometer graves errores donde el pagano de todo será el propio gobernador.

El posicionamiento del encargado del despacho de rectoría, Dr. Robespierre Lizárraga, el gabinete del funcionario de la UAS y los abogados encargados de la defensa legal, no diga gran cosa en el texto.

pero en el contexto del fuego desatado desde el palacio de gobierno, es un posicionamiento de que el orden de las prioridades políticas de la UAS van a cambiar y que la lucha legal pasara a segundo plano para dar cauce a que la lucha política sea la primordial.

y bajo esta lógica de las contradicciones y la persistente pasión de la fiscalía y los diputados de MORENA por enturbiar el ámbito universitario y político con las burdas campañas de desprestigio que sostienen contra la UAS.

¿Qué no se darán cuenta que ya perdieron la batalla legal, que ya quedaron como incompetentes en materia legal y que violaron la constitución general de la republica con su famoso decreto sobre la ley de educación superior de Sinaloa?

O el ciudadano gobernador Rubén Rocha, quien personalmente ya admitió esa derrota ¿será arrastrado por una bola de ineptos a esa locura de seguir enfrentando a la Universidad Autónoma de Sinaloa?

¿no habrá la suficiente inteligencia en el gobernador para no comprender a donde lo conducen?

Por eso cabe el reclamo de las autoridades de la UAS de decirle al gobierno en la voz del líder sindical José Carlos Aceves Tamayo, ¡ya basta! ¡ya basta de calumnias! ¡ya basta de esa política de odio!¡ ya basta de persecución!¡ya basta! digo yo también.