columna oswaldo villaseñor

 

La juez de control Sara Bruna negó la suspensión del proceso penal que se le sigue al ex secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal. En pocas palabras, negó el acuerdo signado entre las partes en conflicto.

 

¿Sus razones? Ya las dimos a conocer en la entrega anterior.

 

Desde luego, la audiencia del pasado viernes terminó solo ahí. En negar la suspensión del proceso.

 

¿Pero qué es lo sigue? Esa pregunta es lo que muchos sinaloenses se hacen por el momento. Se negó el acuerdo.. ¿ y..?. Ya con eso se declaró culpable a los tres ex funcionarios implicados.

 

¡Para nada!…Los tres ex funcionarios salieron del juzgado en la misma situación legal que estaban antes de entrar.

 

La juez, no dio fecha para la apertura del juicio oral, porque aún no son los tiempos. Simplemente dio por terminada la audiencia.

 

A su salida, el exsecretario de Administración y Finanzas, dijo que respetaban la decisión de la juez, pero ellos se acogerían a los derechos que la misma ley –ojo creada por diputados- les permite.

 

Ese primer derecho al cual Armando Villarreal ya adelantó que se habrán de acoger, es promover un amparo y una apelación ante una autoridad superior, al fallo de la Juez Sara Bruna de negarle su derecho de suscribir un acuerdo con la parte ofendida, en este caso, Gobierno del Estado.

 

Sin embargo, en reiteradas columnas, comentamos que independientemente del fallo emitido por la juez, en realidad, el juego apenas iba a empezar y así fue y será.

 

¿Pero porque decimos que el juego apenas empieza?. Muy sencillo.

 

1.-En la primera audiencia celebrada el pasado 29 de enero en la cual la juez negó por primera ocasión la suspensión del proceso y rechazó el acuerdo bajo un argumento o juicio de valor de considerarlo inmoral, comentamos que un proceso que debería decidirse conforme a lo que las leyes y marco legal dicta, se había politizado.

 

2.-¿En qué parte se politizó y porque se politizó?

 

Bueno, el caso se politizó desde el momento mismo en que en plena audiencia, la juez utilizó un juicio de valor al considerar como inmoral el acuerdo llegado entre las partes y obligar a los abogados de la defensa a revelar de manera pública el nombre de los funcionarios con quienes se había negociado dicho acuerdo.

 

3.-La respuesta de los abogados ya es conocida. Dijeron que le negociación la hicieron con el Secretario General de Gobierno, el entonces Secretario de Administración y Finanzas y como testigo la Fiscal Anticorrupción.

 

4.-Las críticas en los medios de comunicación no se hicieron esperar hacía el Gobierno del Estado y el propio Gobernador Quirino Ordaz por hacer este tipo de acuerdos en temas tan sensibles como son los casos de posible corrupción.

 

5.-Desde ahí la politización del caso ya era una realidad. ¿Por qué?. Bueno, porque al blindarse y deslindarse el Poder Judicial del acuerdo entre el Gobierno actual y el anterior, dejó la responsabilidad total del mismo para el Gobernador, quien al final de cuentas fue quien pagó el costo social y político a juzgar por las críticas en los medios de comunicación local y nacional.

 

6.-¿Fue un golpe político directo para el gobernador, el exhibir por petición de la Juez los nombres de quienes acordaron, o se les salió de control ese detalle? ¿Pero quienes estarían detrás de ese golpe político en dado caso que así sea?.

 

En más de una ocasión lo hemos escrito. Desde la sesión del pasado 21 de enero –columna del día 22- lo adelantamos. El congreso ya delineó y dibujó lo que puede pasar el próximo 29 de enero durante la audiencia que se les celebre a tres ex funcionarios de la Secretaría de Administración y finanzas.

 

7.-A Morena no le queda de otra para presentarse en el año 2021 ante los electores sinaloenses, más que abrazar la bandera del combate a la corrupción, porque con resultados de gobierno o de otro tipo no les alcanzará. Es por eso que en la sesión del 21 de enero solicitaron que durante la comparecencia del Secretario de Salud explicara la deuda de Sinaloa en esta materia y de paso solicitaron se castigara la corrupción del pasado. El dibujo de la ruta estaba trazado. El 29 era la audiencia de Villarreal y asociados.

 

8.-Pero insistimos. ¿El golpe político contra el gobernador con la exhibición de los nombres de los negociadores estuvo planeado o se les salió de las manos?.

 

¿Por qué la importancia de tener respuesta a esta pregunta?. Bueno, porque como en el béisbol, los managers lo primero que hacen es identificar a sus adversarios antes de empezar el juego para definir su estrategia a seguir.

 

¿Y quién es el manager conocido tanto del Congreso Local como del Poder Judicial? La respuesta pública o percepción pública dice que el Senador Rubén Rocha Moya.

 

¿Ya está abierta la lucha por el poder de Sinaloa entre el Gobernador y el Senador? Esta pregunta pronto tendrá respuesta.

 

9.-Pero insistimos. ¿El golpe era para el gobernador o se les salió de control? Y es que en la audiencia del pasado viernes 7 de Febrero, por los dichos y nuevos juicios de valor utilizados por la juez para negar el acuerdo entre las partes en conflicto, se identificó a dos nuevos adversarios a quienes ahora se les intenta exhibir como responsables de intentar solapar la corrupción del pasado. La Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General del Estado.

 

10.-Los rastros fueron más que evidentes. En nuestra columna anterior narramos esta parte de lo sucedido durante la audiencia que vale la pena retomar.

 

Pero lo bueno del debate en el juicio se dio, e incluso los ánimos se caldearon, cuando la Juez, empezó a señalar responsabilidades que a su juicio la ASE no cumplió.

 

Señaló que este es un caso atípico porque la Auditoria Superior del Estado detectó un desvío por 293 mdp, demandó a los presuntos responsables, pero dejó su auditoria a medias y no la concluyó.

 

En pocas palabras, a juicio de la juez, la ASE debió concluir la auditoría hasta establecer en dónde quedó ese dinero y no lo hizo.

 

11.-Pero como la juez ya estaba repartiendo responsabilidades, que a su juicio no cumplieron otras autoridades, dijo que la Fiscalía también pudo investigar cuál fue el destino que se le dio al dinero desviado y tampoco lo hizo.

 

De seguir la ruta del dinero se sabría si este quedó en las cuentas del mismo Gobierno y además permitiría conocer en qué se gastó o si se lo apropiaron los ex funcionarios. Si esto llegará a ser así, entonces sería peculado, pero se evitó llegar a eso, dijo la juez.

 

12.-Ante este nuevo señalamiento de responsabilidad hacia la Fiscalía, el Ministerio Público dijo que el dinero fue para pagar sueldos y aguinaldo de trabajadores del estado.

 

De nueva cuenta la Juez lo atoró y le lanzó la siguiente pregunta. ¿Lo dice porque así se lo dijeron o porque tiene soporte documental?

 

El MP respondió que había un peritaje contable que establecía el destino del dinero y que efectivamente se comprueba que el dinero se usó para pago de salarios y aguinaldos a los trabajadores.

 

13.-Aun así la juez respondió de nuevo. “Estos casos me dan de qué pensar, cuál es la verdad histórica”, expresó.

 

Pero el debate no paró ahí. La Juez de nuevo insistió y recordó al MP y abogados defensores que en la audiencia anterior, pidió que llevaran por escrito las autorizaciones de quienes habían hecho el acuerdo de aceptar dos millones de pesos. ¿Los traen? Preguntó de nuevo.

 

El Ministerio Público respondió que no los llevaban, porque el Código Penal no establece que sea necesaria la autorización por escrito para una suspensión.

 

La Juez volvió a encarar al Ministerio Público y le dijo que pedía tales documentos más por una formalidad que por cubrir una legalidad, -otra vez ojo- ya que por ser un caso de interés público en el que el agraviado indirecto es la sociedad se debe saber quiénes hicieron el acuerdo. Hasta ahí lo escrito en nuestra anterior columna.

 

14.-En pocas palabras, la juez con sus apreciaciones, deliberada o no, metió a los dos “garrotes” del Gobierno del Estado, como es la ASE y la Fiscalía General al centro del sospechosismo, o al proceso de descrédito público y debilitamiento político. El linchamiento mediático no se hizo esperar.

 

La propia Graciela Domínguez haciendo en 1-2 se lanzó fuerte y dijo que llamarán a comparecer a la Fiscal Anticorrupción para que explique porque aceptó el acuerdo. Ah carajo. ¿Y porque llamar a comparecer a la autoridad que en base a la ley que aprobaron los diputados está obligada a aceptar los acuerdos entre las partes en conflicto y ya no a quienes hicieron el acuerdo?.

15.- Aquí es donde nos volvemos a preguntar. ¿Midió bien el golpe el Senador Rubén Rocha Moya visto desde ya como el manager de uno de los protagonistas en este juego?

 

¿Si ya le pegó y duro a la imagen del gobernador ahora va por sus dos principales garrotes en un nuevo intento de agarrar el control de la ASE antes del 2021 como ha sido su intención?

 

¿O ya se dio cuenta el Senador del error de pegarle al gobernador y ahora se desvía la atención hacía la ASE y la Fiscalía?. ¿O van por todas las canicas?.

 

16.-Quien sabe, pero de que el juego apenas empieza, apenas empieza.

 

Mañana la tercera entrega de la Saga Villarreal…

 

Habrá que estar pendientes.

 

PASO A PASITO.-Independientemente del juego de lucha de poder en que pudiera terminar un caso de presunta corrupción, lo cierto es que ante el grueso de los sinaloenses, la juez Sara Bruna ya es considerada una héroe estatal.

 

Más allá de que le asista la razón legal o no, la gente vio bien su intento de combate a la corrupción y así lo muestran las opiniones vertidas en medios de comunicación y redes sociales.

 

Hay voces expertas en el derecho que alertan que su falló no soportará el análisis técnico en instancias superiores, pero sea o no sea así, hoy goza de reconocimiento y aceptación social.

 

OTRO PASITO.-La plana mayor de Morena en Sinaloa se dejó venir el pasado sábado al norte de Sinaloa.

 

Diputados locales encabezados por Graciela Domínguez y Flor Emilia Guerra estuvieron en Los Mochis para encabezar primero una conferencia de prensa y luego un Foro de Consulta sobre la nueva ley indigenista.

 

A su vez el Senador Rubén Rocha Moya se reunió con los productores de trigo a quien la empresa Multigranos no les pago sus cosechas.

 

El Senador les expresó a los productores su solidaridad y prometió que estarán atentos y al pendientes para que no vuelvan a pasar casos como estos.