El final de la historia, sobre el proceso penal que se le sigue a tres ex-funcionarios Malovistas de la Secretaría de Administración y Finanzas, pareciera haberlo dibujado el día de ayer el Gobernador Quirino Ordaz.

 

Durante una entrevista concedida a medios de comunicación, el Gobernador dijo que los ex-funcionarios Malovistas no se llevaron el dinero a sus bolsillos, sino solamente lo reasignaron a otras partidas para poder cumplir con el pago de compromisos propios del Gobierno, entre ellos el pago de nómina y aguinaldos a los trabajadores.

Es por eso, aclaró, que respetuoso de las leyes que contemplan el establecimiento de acuerdos entre las partes en conflicto, permitió que sus funcionarios negociaran con los ahora imputados, el pago de una sanción económica por haber incurrido en fallas administrativas.

 

Así mismo dijo, que es respetuoso de las decisiones que tome la Juez de Control Penal que tiene en sus manos el desahogo de éste proceso penal que se les sigue a los ex-funcionarios Malovistas.

 

Por estas declaraciones hechas por parte del Gobernador, se pudiera pensar que tácitamente se da por hecho de que el Gobierno del Estado, como parte ofendida, habrá de cumplir con los requisitos exigidos por la Juez Sara Bruna, para validar en la próxima audiencia, el acuerdo signado con los tres imputados acusados del desvío de 263 mdp.

 

Sin embargo, aun cuando pareciera que éste proceso se puede cerrar el próximo 7 de febrero, -fecha fijada para la nueva audiencia- la verdad es que sea cual sea el fallo o el rumbo legal que se tome, en estricto apego a una realidad que ahí está ante los ojos de los sinaloenses, este caso apenas empezará.

 

1.-En nuestra columna de ayer comentamos, que tras la exhibida pública que hizo la Juez Sara Bruna de los funcionarios del actual Gobierno que se encargaron de negociar el pago de 2 mdp con los ex-funcionarios Malovistas para cerrar su proceso penal, más que una definición legal de parte de la juzgadora, existió una definición política.

 

Y es que la Juez en ningún momento determinó no aceptar los acuerdos entre las partes en conflicto, sino sólo solicitó se cumpliera con algunos requisitos y puso una nueva fecha para emitir un fallo, no sin antes dejar bien clara su postura política, no legal, de considerar como inmoral dicho acuerdo.

En pocas palabras, al catalogar de inmoral dicho acuerdo, que si es legal, la Juez se deslindó en lo personal y de paso deslindó al Poder Judicial, de los acuerdos llegados entre el actual Gobierno y el anterior, en un caso tan sensible para los sinaloenses, como son todos los casos de posible corrupción.

 

2.- Así, si el próximo 7 de Febrero que se celebre la nueva audiencia, se insiste en validar los acuerdos presentados durante la primera, la Juez podrá validarlos y aprobarlos, diciendo que sí eso es lo que quiere la parte ofendida y está conforme, no tiene porqué oponerse si se enmarca dentro del marco de la ley.

Eso sí, no quedará ninguna duda ante la opinión de los sinaloenses, de que éste caso de corrupción, se resolvió por acuerdos única y exclusivamente entre el Gobierno actual y el anterior.

Es por eso que decimos, que el próximo viernes, dependiendo de cuál sea el fallo, este caso no se cerrará, sino en verdad, apenas se abrirá en una amplia y fuerte discusión pública sobre los verdaderos motivos existentes entre las partes para llegar a tal acuerdo, y de paso, apenas abrirá una crisis institucional para varias dependencias del actual gobierno que estuvieron inmersas en la investigación de los supuestos casos de corrupción, presentación de la demanda penal, integración de la carpeta y el otorgamiento de órdenes de aprehensión. Uff.. Mucho que explicar en el cambio de rieles.

Será a partir del próximo viernes, cuando en realidad se abra la ventanilla única de pago de un costo político que invariablemente el Poder Judicial se negó a pagar y dejó para las partes en conflicto su pago total.

 

3.- Sin embargo, si la ruta del acuerdo ya comentado, no se sostiene, ya sea porque la Juez se niegue de nuevo lo cual se duda se sostenga- o porque el Gobierno Estatal decide explorar cualquiera de las otras dos rutas que contempla la ley, como lo es la celebración de un juicio abreviado, o bien, ir a la celebración de un juicio oral, también estaríamos apenas ante el verdadero comienzo de éste caso.

 

 

4.-En la celebración de un juicio oral las partes en conflicto expondrán de manera pública que es lo que cada quien tiene ya sea para demostrar la culpabilidad de imputado, o bien, éste para demostrar su inocencia. Ahí la cancha estaría pareja.

Sin embargo, en este escenario, independientemente de quien gane el juicio, quienes tendrían el riesgo de acudir a la ventanilla de pago del costo político, evidentemente serían otros actores y no el Gobierno Estatal.

En pocas palabras, lo que verdaderamente estará en juego el próximo 7 de febrero, no es ver si se exonera a los tres imputados Malovistas y su caso se cierra de manera legal, sino lo que verdaderamente estará en juego, es ver quién será el que pague el mayor costo político, si los acusados Malovistas, o bien, el Gobierno actual.

Eso lo sabremos hasta el próximo viernes.

Habrá que estar pendientes.

 

 

PASO A PASITO.-La lucha por la dirigencia del STASE sigue su proceso normal y los candidatos siguen recorriendo el Estado para buscar la aceptación de los trabajadores.

Antier y ayer le tocó el turno por la zona norte a la candidata Teresita Ochoa, quien contiende por la planilla Roja.

Teresita Ochoa dice que de llegar a la dirigencia, ella si se encargará de cobrar los dineros que el Gobierno del Estado la adeuda al IPES y de paso pugnará por una reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.

Incluso, ayer se presentó ante el Congreso del Estado donde fue atendida por las diputadas de Morena Victoria Sánchez y del PRI, Eva Margarita Inzunza, quienes coincidieron en que una reforma a la ley del IPES ya no se puede dilatar.

A ponerle ojos a esta elección. Su resultado también mandará mensajes claros para el 2021.

Apúntelo.

 

 

OTRO PASITO.-Otra vez la realidad le pegó en la cara al Gobierno del Presidente López Obrador.

El INEGI reveló ya de manera anual y oficial el nulo crecimiento de la economía y la entrada ya no en un estancamiento, sino en una recesión que le pegará a millones de familias por la pérdida de empleos y riesgo de pérdida de sus patrimonios.

Eso sí, el Presidente López Obrador dice que a él eso no le preocupa mucho, porque ahora hay una mayor distribución del dinero público. En pocas palabras, al presidente solo le importa y basta con el reparto de dinero público a los 30 millones de personas a quienes les entrega una beca. ¿Y los otros 90 millones de mexicanos qué?.

 

 

UN PASITO MAS.-Los tomateros de Culiacán son los nuevos flamantes campeones de la Liga Mexicana del Pacífico y serán los representantes de México en la Serie del Caribe.