Unos días antes de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y representantes de la Iniciativa Privada mexicana anunciaran el Acuerdo Nacional para la Inversión en Infraestructura, dos firmas de Calificadoras Internacionales recortaron la calificación sobre la economía mexicana de estable a negativa.

Este solo anuncio de estas calificadoras, entre las que se encuentra Moodys, provocó que inversionistas extranjeros empiecen su proceso de venta de sus bonos en Pemex ante la perspectiva negativa de la economía mexicana.

Pero además, Moodys dice en su informe que las políticas públicas poco predecibles del Gobierno de México, impiden a los inversionistas planear sus inversiones a largo plazo en el país.

La ausencia de un Estado de Derecho, no da la confianza necesaria para garantizar las inversiones y eso también se convierte en un factor de riesgo. Traducido esto al español que todos entendemos, significa que desde el extranjero ven un gobierno de un solo hombre que está por encima de las leyes y eso les genera desconfianza.

Con este escenario no resultó nada extraño que el Presidente López Obrador saliera rápidamente acompañado primero que nada, de los representantes de la cúpula empresarial a anunciar el Plan Nacional de Inversiones en Infraestructura con un fondo de poco más de 800 mil millones de pesos a invertir en proyectos estratégicos que permitan la reactivación de la economía.

Pero tampoco puede ser casual, que el Presidente entre como mediador en el litigio legal que protagonizan dos integrantes de la nomenclatura empresarial mexicana como son los representantes de las Familias Alemán y Azcárrega.

Tampoco puede ser casual que se dé marcha atrás y un juez ordene el descongelamiento de las cuentas bancarias del dueño de la empresa Altos Hornos de México, quien fue el primer empresario perseguido por la Cuarta Transformación.

En fin, el Presidente pareciera dar un viraje en su postura hacia los empresarios y darse cuenta que se necesitan para generar la riqueza que él quiere repartir entre los pobres de este país.

Por lo pronto, a Sinaloa, en este Plan Nacional de Inversión en Infraestructura se podría decir que no le va nada mal porque contempla importantes obras y una inversión superior a los 30 mil millones de pesos a ejercerse el próximo año.

De entrada, el plan contempla la construcción de la polémica planta de Fertilizantes de Topolobampo, de la cual tanto se ha hablado y polemizado, y en la cual se invertirán en el 2020, algo así como 20 mil millones de pesos.

Con este anuncio del Presidente, una vez más se ratifica que la decisión sobre si va o no la planta de Fertilizantes, ya está tomada. Lo que falte por dirimirse en los juzgados, habrá de seguir su curso.

Pero también este Plan Nacional de Infraestructura, contempla para Topolobampo, la ampliación de una terminal y construcción de bodegas para el almacenamiento de Fertilizantes.

También contempla inversión para culminar la carretera de Badiraguato a Parral Chihuahua, así como construir la San Ignacio- Tayoltita, Durango.

La construcción del Circuito Exterior carretero de Culiacán, es una más que aparece en el listado de las 147 obras estratégicas a ejecutar en él 2020. Tan solo con estas obras se presupuesta una inversión de casi 25 mil millones de pesos para Sinaloa.

Pero también en este plan de inversión en Infraestructura, vienen casi 500 millones de pesos para la modernización del aeropuerto de Culiacán y casi 250 millones de pesos para el aeropuerto de Los Mochis.

En pocas palabras, se podría decir que a Sinaloa le irá bien en inversiones que generen nuevos polos de desarrollo y nuevos empleos.

Veremos si esto compensa, lo que por otro lado se perderá en caso de que no se garanticen los apoyos suficientes para los diferentes programas para el campo, la pesca y la ganadería, que ahí sí, luce mal y de malas mientras no haya reglas claras.

Por lo pronto, en infraestructura tal parece que a Sinaloa sí le irá bien en el 2020. Bueno, cuando menos en el papel, así parece.

Habrá que estar pendientes.

PASO A PASITO.-Diputados de Morena y ahora integrantes de la  Comisión de Fiscalización insisten en la destitución de la Auditora Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix y hasta fecha para tomar la decisión de si se va o se queda, ya pusieron.

Resulta que los diputados de dicha comisión liderada por el diputado Marco Antonio Zazueta, ya citó a una reunión de trabajo a la Auditora para el próximo 4 de diciembre y para el 9 del mismo mes, a una comparecencia donde se habrá de calificar si está apta o no para ocupar dicho cargo.

Desde luego para remover a la Auditora Superior que fue electa para un periodo de 7 años, no basta con que los diputados de Morena o los integrantes de la Comisión de Fiscalización lo quieran, o juzguen que es apta o no para ocupar el cargo dos años después de tomarle protesta por considerarla la más apta de una terna presentada.

Para remover a la Auditora se ocupa del voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, o sea 27 votos, que evidentemente hace mucho dejó de tener el grupo parlamentario de Morena y sus aliados.

Sin embargo, lo que hoy se observa es que en el reclamo de los Morenistas, aparecen pidiendo lo mismo, diputados de otros partidos que antes se opusieron a una posible destitución.

¿Llevará mensaje, habrá cambio de rieles o nuevos acuerdos?.

Eso pronto se sabrá.

Veremos dijo el ciego.

OTRO PASITO.-El mal tiempo y las lluvias continuarán hoy todavía desde el centro hasta el norte del estado. Estas lluvias ya provocaron la paralización de muchas actividades. No hay clases y hasta el gobernador suspendió los actos que inicialmente contempló en su agenda