El valor básico de la economía,
en un régimen de Buen Vivir, es la solidaridad.
José Luis Coraggio
Este miércoles 1 de febrero se presentó el libro La privatización de lo público. Es un esfuerzo de investigación científica y testimonial del maestro de la Facultad de Arquitectura, Melchor Peiro. Bien por los afanes editoriales del doctor Peiro, pues ahora podemos contar con una experiencia que nos lleva de la mano a problemas locales de mal manejo de los espacios públicos, como el Estadio Ángel Flores, el Parque Nakayama de la colonia Zapata y el Jardín Botánico. Mal por los ciudadanos que deseen consultar su obra en físico: la Editorial de la UAS, decidió hacerlo un libro electrónico. Los ejemplares físicos del libro son pocos, pues tuvo que cubrir su costo el mismo autor.
Y como la obra no solo contiene texto, sino se complementa con un buen número de imágenes, de enlistados y diagramas, el buen amigo Peiro nos comenta que, en la versión electrónica, este material que complementa el cuerpo de la investigación no aparece integrado a dicho texto, sino como algo separado. Y que lejos de ayudar a comprender mejor planteamientos y propuestas, puede contribuir a la incomprensión del esfuerzo académico, o en el mejor de los casos aportar elementos de confusión. Ojalá que la Editorial de nuestra universidad reflexione sobre estas limitaciones que presenta la versión electrónica y haciendo un esfuerzo económico, sea posible contar con esa obra en sus librerías y en las otras de nuestra entidad.
Como el trabajo de cirugía sobre los problemas que presentan los espacios públicos que vieron mudar su naturaleza y de pronto fueron privatizados, no se circunscribió a lo vivido en Culiacán en dicha materia, sino que el autor se trasladó a Tijuana, Baja California y a la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, y vivió tan cerca como pudo los problemas que, en materia de privatización de los bienes públicos, padecen estas ciudades. Y los hallazgos no se hicieron esperar. Como el fenómeno del neoliberalismo buscó globalizar sus objetivos y, desde luego, las consecuencias, Melchor Peiro se va a topar con legislaciones muy similares para permitir la privatización de los bienes y espacios públicos.
Y no sólo eso. Los gobernantes, a pesar de su discurso antineoliberal, no pueden escapar, hasta ahora, al arrollador avance que engulle a esos bienes. El primer gobierno de Luis Inacio Lula da Silva no pudo evitar la promulgación de la primera Ley Federal para la Privatización de Bienes públicos, aprobada el 30 de diciembre de 2004.
Tampoco pudo detener la cascada de privatizaciones de los estadios y aeropuertos en vísperas de la Copa Mundial de 2014. Ejemplos de ello fue Estadio de Mineirao, los aeropuertos de Confins y Brasilia, entre otros. Y lo que no alcanzó a privatizar su gobierno, lo hará el de Dilma Rousseff, de su mismo partido. Algo similar impide que el gobierno de AMLO y gobiernos estatales no puedan sacudirse esa rémora neoliberal ni evitar que lo ya privatizado tenga regreso al origen. Y parece que tampoco conservar lo que aún es espacio público.
Y hablando de espacios públicos, hay un bien de muy escasa circulación: las reservas territoriales de las ciudades y pueblos sinaloenses para atender su crecimiento natural, sin dejar a los condenados de la tierra, como llamara a los pobres Frantz Fanon, en la exclusión de los beneficios del desarrollo. Inexplicablemente hay hasta una institución, el IMPLAN, que debe llevar un plan director de la ciudad, pero ¿para dónde crece la ciudad? Para donde están los intereses de los grandes fraccionadores y las inmobiliarias. Cargamos con los costos y el fardo de una oficina que solo está viendo pasar el tiempo, como la Puerta de Alcalá.
El próximo domingo 5 de febrero, tres marchas populares harán presencia en las ciudades de Mazatlán, Culiacán y Guasave. El marco y referencia es el aniversario 106 de la Constitución Política, que reivindica el derecho a una vivienda digna y decorosa. Y por si fuera poco, nuestra Ley fundamental nos remite al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que ratifica el derecho a la vivienda (que incluye techo, alimentación, salud y educación) con el progresista sentido que le dan las resoluciones y la filosofía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los Estados no pueden decir de antemano que incumplirán las demandas que afectan su presupuesto. Tendrán que probarlo.
Derecho humano a la vivienda y reservas territoriales, es un lema que representa el sentir de no pocos sinaloenses. El Plan de Gobierno del maestro Rubén Rocha nos dice que uno de cada tres conciudadanos es pobre. Obvio es que sólo una minoría de estos pobres podrán presumir que el techo donde viven es propio, sin profundizar en la calidad de la vivienda. Pero la necesidad ha llevado a que un alto porcentaje invada casas que encontraron solas, viven de arrimados o invaden terrenos en las periferias de las ciudades, con el fin de negociar esos lotes y construir una modesta casa donde vivir. Difícilmente lo podrán lograr solos. Urge una política de Estado, la orientación humanitaria del presupuesto gubernamental y el cumplimiento de compromisos de los gobernantes. Vale.
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