Amanece el dolor un día tras otro,
nos rodeamos de amigos y fantasmas.
Jaime Sabines
De nuevo la tragedia visita a Sinaloa, muere Luis Enrique Ramírez. El periodismo viste otra vez de luto en vísperas del V aniversario de la caída de Javier Valdez. La noticia sacude a los medios, al gremio de reporteros, a la comunidad de periodistas a nivel nacional y, desde luego, a los organismos internacionales que protegen la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo. La sociedad sinaloense tampoco se ha sentido ajena al caso.
Hubo tiempos para contar alegrías y victorias, ahora pareciera que los días son para contar las penas que nos ahogan. Cómo evadir esta situación. Hasta antes del día 5 del presente mes ya lamentábamos la pérdida de ocho reporteros en distintos rincones del país y, bajo la calma tensa que enmarca la actividad periodística, ese fatídico jueves muy cerca de cada uno de nosotros cae asesinado Luis Enrique Ramírez. La reacción de sus compañeros de gremio alimenta el consuelo de que al menos hay espíritu de cuerpo entre los periodistas. No tan poderoso como lo demanda su situación, pero al menos para el reclamo de justicia alcanza.
Nos sentimos obligados a recordar dos cosas importantes que, si bien no serían garantía de preservar todas las vidas de los comunicadores, sí hubieran contribuido a crear un ambiente distinto para el ejercicio del periodismo, me refiero a la iniciativa de Ley de Protección a activistas de derechos humanos y periodistas y la atención que merecía el Informe sobre la situación que guardan los periodistas del 28 de octubre de 2021. La Ley de Protección fue congelada por la anterior Legislatura y en la presente, si bien hubo un Foro para el tema en el mes de febrero, no les apuró mucho aprobarla pronto.
Tampoco las medidas cautelares planteadas en vísperas de la toma de posesión del actual gobierno fueron tomadas en cuenta, ni por el Ejecutivo ni por el Congreso del Estado ni por la Fiscalía. Tuvimos que padecer un nuevo dolor, la muerte de Luis Enrique, para ver en movimiento a los poderes mencionados: la iniciativa de Ley será aprobada, al parecer la próxima semana y algunas de las medidas cautelares planteadas en octubre pasado ya tomaron cuerpo después del día jueves 5. Tarde por el nuevo dolor que nos invade, pero a tiempo para evitar nuevos quebraderos de cabeza.
Pero el país se nos está volviendo de cabeza, apenas nos disponíamos a despedir a Luis Enrique cuando llega la terrible noticia del asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo y Johana García en Veracruz. Situación que nos lleva a reiterar que urge una política de Estado frente al alto riesgo que vive la comunidad de periodistas en México, que debe incluir un cambio radical de actitud frente a los medios y personajes del periodismo, sin importar sus filias y fobias. La grandeza de un régimen democrático está en el respeto a la libertad de expresión, garantizando ese espacio aún para sus más remisos críticos. La lucha ideológica no puede ignorarse, está presente en todo momento; lo que sí debe estar fuera de discusión es la garantía de todos a ejercer el derecho de opinión, por más agarroso que nos sepa.
Tenemos dos efemérides próximas en este mes de mayo. Una es el V aniversario luctuoso de Javier Valdez el domingo 15, la otra es la Semana Internacional del Detenido Desaparecido del 26 al 31 de del presente. Ambas tocan una larga y penosa narrativa de dos renglones que ocupan un espacio muy importante en lo que llamamos crisis humanitaria: homicidios y desaparición forzada de personas. Agreguemos a ellos el desplazamiento interno por motivos de violencia. Vayamos a las dos conmemoraciones con la certeza de que hay mucho por hacer, pero que, sin movilizarse desde ahora, no caminaremos ni un jeme ni se tomará buena andadura hacia ningún horizonte.
Y a los compromisos cívicos inclúyase la asistencia al Congreso del Estado, con el fin de estar pendientes este próximo martes 17 de que el contenido de la Ley de Protección a activistas de derechos humanos y periodistas se corresponda con lo que han demandado unos y otros. Las lecciones aprendidas en estos últimos años enseñan que la participación ciudadana es el requisito sine qua non (sin el cual, dicen los entendidos), la vida pública encuentra más baches y desniveles en el camino en el que construimos espacios comunes y los derechos de todos.
Hablando de vida pública, empieza a sentirse la ausencia de una verdadera política de Estado en torno a la seguridad en Sinaloa. El primero de noviembre de 2021 hubo el compromiso de establecer mesas permanentes de diálogo para darle seguimiento a los inaplazables problemas de desplazados y desaparecidos. En el tema primero se han desarrollado algunas reuniones, pero estamos excluidos de ellas quienes hemos dado seguimiento histórico al problema. Y también el Gobernador, pues no ha asistido. No hay explicación. En el caso de los desaparecidos se ha incumplido llanamente. Es hora de rectificar y volver a los compromisos de origen. Vale.
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