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La vida sigue y la lucha también.

Camilo Valenzuela

Una de las puntas de la madeja mexicana es la migración. La que llega temporalmente, la que se queda a enriquecer nuestra cultura y la que se va en busca de mejores horizontes. En este renglón social aún no contamos con una política pública, federal y local, que atienda de la A a la Z este fenómeno creciente. Y preocupa recibir noticias que calan hasta el hueso, como las que nos envía José Luis Pérez Canchola, director de Atención a Migrantes del Ayuntamiento de Tijuana.

 “Hoy estuve en el campamento de migrantes en la Garita de El Chaparral en la frontera de Tijuana y atendí a varias familias, incluyendo una de Manzanillo, Colima... Esta es una familia de 11 miembros incluyendo abuela, madre, hijos y nietos... Salieron huyendo después del homicidio de una joven de la familia que tenía un pequeño negocio de estética...  A esta joven la secuestraron para luego pedir 200 mil pesos de rescate. La madre solo pudo reunir poco más de 50 mil pesos que entregó en un camino vecinal de Manzanillo.

“La madre dice que la consecuencia fue el asesinato de su hija... Los criminales amenazaron con ir por la mamá de la joven, y por esto la familia decidió huir. Este es un caso más de los testimonios dramáticos que se escuchan en el campamento de El Chaparral... La abuela es víctima de la diabetes y me comprometí a conseguir el medicamento que requiere, cosa que ya se hizo... Pero ante todo lo demás se siente una gran impotencia... ¿Qué hacer ante tanta violencia a lo largo y ancho de todo el país?”

Desde este sufrido Culiacán solo pude balbucear: “Mi solidaridad con tu trabajo y esa pobre gente. No le veo fin a esta grave situación a nivel nacional. Un abrazo camarada”. Pérez Canchola abraza con mucho amor su causa, aunque los recursos del Ayuntamiento son escasos y ni el gobierno estatal ni el federal voltean a ver a los migrantes, salvo en lo que implican los compromisos internacionales, que poca o ninguna ayuda aportan a esa población en diáspora permanente.

Otra punta de nuestra madeja azteca es la violencia endémica, que no termina de encontrar sus manifestaciones extremas. De acuerdo a las estadísticas oficiales varios delitos van a la baja, incluido el de homicidios, pero hay detalles importantes que inexplicablemente quedan fuera de esas consideraciones como los restos humanos encontrados en las fosas clandestinas. Que alguien explique dónde serán considerados esos homicidios.

Más allá de lo conocido en desplazados y desapariciones, están los reiterados ataques a las cámaras de video que se ubican en tantos cruceros urbanos en el estado y no son una herramienta efectiva para disuadir el delito y para investigarlo: sólo juegan el papel de stands de tiro al blanco de las ferias pueblerinas. Y lo increíble: a pesar de la vigilancia en todos los sectores y de lo que previo a las agresiones se grabe, no hay investigaciones exitosas y menos detenidos. En el umbral del nuevo gobierno la esperanza debe encontrar caminos efectivos.

Rubén Rocha adelantó en días anteriores que la obra pública del gobierno del estado apuntará al interés social, y fue muy concreto: la vivienda para desplazados y los trabajos que busquen espantar las inundaciones en diversos puntos críticos de la entidad. Esa es una actitud muy positiva de su parte, pues los elefantes blancos o las obras faraónicas que mal lucen y peor sirven al lado de periferias con hambre, no serán bien vistas en el nuevo contexto.

Esperamos que esa manera de ver las cosas invada la vida municipal en el estado, pues en Culiacán y Mazatlán, se les ha puesto entre ceja y ceja a nuestros presidentes, que sacarán adelante proyectos cuyo costo rebasa los 3 mil millones de pesos, mientras los cinturones de miseria de sus urbes y de las zonas rurales, no hablan, gritan a voz en cuello la desigualdad social imperante. Ésta agravada durante la pandemia que aún padecemos y que nos pone ante un doble y penoso registro: el número de pobres creció (como lo reiteró recientemente Coneval) y ahora tenemos el fenómeno de los que sobrevivieron al Covid-19 y luchan contra secuelas que los obligan a un gasto mayor permanente, les limitan capacidad productiva y dejará a no pocos con incapacidad laboral permanente.

El Covid-19 nos resulta como una guerra. De los 71 mil 486 ciudadanos contagiados en Sinaloa hasta el martes 28 de septiembre, 8 mil 487 sucumbieron al coronavirus; no hemos hecho un balance de los daños colaterales que la pandemia nos está dejando, pero una dolorosa certeza tenemos ya a primera vista con la tasa de letalidad: 11.8 por ciento. Construir metrobuses en las ciudades que sabiamente se construyeron para el disfrute de sus ciudadanos de a pie, no resulta plausible, sobre todo cuando se pretende ignorar la horrorosa desigualdad social que se expresa en desempleo, ausencia de ingresos, cierres de negocios, deudas que deja el Covid-19 y los apuros de quienes tienen el riesgo de la incapacidad laboral permanente. ¿Quién podrá convencer a nuestros reelectos munícipes de que la prioridad son las necesidades sociales y no la sorda vanidad que siempre ha imperado en los gobernantes? Ojalá que la propuesta de Rocha oriente el destino de los presupuestos municipales hacia las necesidades sociales. Vale.

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