El mal que nunca se entiende difícilmente se cura.
Tirso de Molina
50 años de dolor y de impunidad. Con esta frase identificamos la vida y penas de dos generaciones de mexicanos que han exigido permanentemente justicia para los caídos aquel Jueves de Corpus en la Ciudad de México. ¿Cómo olvidar que la juventud capitalina de 1971 pregonó por las calles con pancartas, con mantas, con cantos y consignas la solidaridad con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que en esos momentos estaba en lucha? La represión contra el movimiento estudiantil de 1968 y que culminó en la masacre de Tlatelolco, no sepultó los sueños juveniles de construir un México solidario y más justo y menos desigual.
En este acto que conmemora el medio siglo de aquel triste Jueves de Corpus, es de justicia reconocer que la generación de 1968-1971 sigue activa y presente en la vida política y social del país. El implacable tiempo ha cobrado la vida de muchos de los sobrevivientes que hicieron sonar fuerte sus pisadas en las calles de la Ciudad de México y de muchas otras urbes de la República, y cuya voz aún vibra en las plazas públicas y en las paredes que en su momento le hicieron eco.
El cambio que vive México hoy tiene sus orígenes en los movimientos de 1968 y 1971. La democracia era la gran ausente en la vida pública del país. El autoritarismo alimentaba y alimentó cada acción política desde el Estado y los gobiernos locales. La demanda de diálogo en los aciagos días del 68, no era otra cosa que buscar abrir la senda del entendimiento entre autoridades y sociedad en nuestro país. Se respondió con la represión. La salida a la calle en una manifestación pacífica el 10 de junio de 1971 no fue ninguna acción suicida, esa iniciativa obedecía a la creencia de que a pesar del antecedente de la masacre de Tlatelolco aún era posible ejercer el derecho Constitucional a manifestarse públicamente y a brindar solidaridad a otros estratos sociales en lucha.
Quienes sobrevivimos a las dolorosas jornadas de 1968 y 1971, somos el aval moral del tsunami electoral de 2018 y la acción democrática de este 6 de junio pasado. En aquellos años están los cimientos de una inquietud social que aspiró a cambios profundos en el país. A pesar de algunos intentos en el transcurso de medio siglo no fue posible derrumbar el edificio que sustentaba el autoritarismo en México. Ahora es una realidad y lo hicieron posible el activismo de los jóvenes de ahora, pero con el sustento ideológico, el carácter y la filosofía de la generación de los jóvenes que nacieron política y socialmente en Tlatelolco y en el Casco de Santo Tomás.
¿Castigo a los responsables? Es una materia que quedó pendiente. Las cabezas visibles de los hechos lamentables del 10 de junio son: Luis Echeverría Álvarez, presidente de la República en esos momentos; Alfonso Martínez Domínguez, regente del Distrito Federal y el general Rogelio Flores Curiel, jefe de la Policía del Distrito Federal. Alfonso Martínez Domínguez y el general Flores Curiel nunca fueron sancionados por la masacre, antes que eso fueron premiados con la gubernatura de Nuevo León el primero y el segundo con la de Nayarit. Alfonso murió en noviembre de 2002 y Rogelio en octubre 2008.
El único que compareció en un juicio bajo la acusación de genocidio fue el expresidente Luis Echeverría, el 2 de julio de 2002 fue llevado ante el MP y el día 30 de noviembre de 2006 un magistrado ordenó su arresto domiciliario. Pero el 27 de marzo de 2009, el quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito resuelve que sí se cometió el delito de genocidio, pero declaró inocente a Luis Echeverría Álvarez de dicho delito y quedó absuelto de todos los cargos (incluida la masacre del 10 de junio). Todo el esfuerzo de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y el reclamo popular de justicia para las víctimas llegó hasta allí.
El próximo 17 de enero, Echeverría cumplirá los 100 años. Su defensor alegó inimputabilidad por razones de edad y problemas de carácter mental. A final de cuentas el expresidente se salió con la suya. El país lamenta ahora que la impunidad, esa señora que tanto ha ofendido la historia y la dignidad nacional, sigue paseándose muy oronda por los tribunales mexicanos a pesar del profundo agravio que significa.
Una lección que debemos aprender es que en delitos de lesa humanidad no deben quedar los juicios a medias y menos absolver a los responsables. La edad de los acusados no debe ser limitante de las facultades de los tribunales, incluso a la hora de expresar la condena sobre los hechos, así estén muertos los responsables, deben ser mencionados como tales, por la importancia que tiene garantizar que no haya la repetición de los hechos, por la memoria de las víctimas y el respeto a los derechos humanos de toda la sociedad.
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Twitter @Oscar_Loza
