Cada camino descubre sus dañosos y hondos barrancos.
Fernando de Rojas
¿Qué nos jugamos el 6 de junio? Profundizar las reformas sociales o el regreso al viejo régimen. Es el choque de dos proyectos. Un momento con más de dos coincidencias al de la coyuntura electoral de 1940. Hoy no hay guerra como la de aquella época, pero estamos inmersos en una pandemia con alcances geográficos y económicos mayores. Los peligros de fortalecer la dependencia financiera y alimentar la ya grave desigualdad social son muy similares al momento de 1939 cuando disputaban candidatura por la presidencia Francisco José Múgica y Manuel Ávila Camacho.
Parodiando a Shakespeare diremos: ir o no ir a las urnas, esa es la cuestión. Después del tsunami de 2018, la experiencia vivida, los resultados de la gestión pública y las febriles campañas de la oposición que perdió el poder político después de ejercerlo por casi nueve décadas, el panorama es muy claro. Me refiero a que, sin olvidar errores en la administración de la 4T y malos gestos de algunos de sus personeros, difícilmente podemos ignorar la ruina a la que se ha condenado al país luego de casi noventa años de los gobiernos anteriores.
Después de nueve décadas, varios fenómenos han coincidido para mostrarnos una realidad preocupante que sólo puede darse con el concurso de los mismos: la pandemia, la crisis económica (y del modelo neoliberal), la crisis ecológica, la crisis política y la crisis humanitaria; es la herencia del viejo régimen que no podremos remontar en pocos años, pero que impone la continuación de las reformas iniciadas en 2018, con el fin de construir un país menos desigual, más justo y más amigo del medio ambiente.
Lo que siguió al proceso electoral de 2018, nos enseña que no podemos esperar cruzados de brazos a que el Estado realice las reformas planteadas y que busque darle un sentido más humano a la administración pública. Como no bastará el voto por la transformación del país, los ciudadanos que la respalden deben saber, que esta nueva etapa reclama un activismo organizado después de las elecciones. Hay muchas razones para ello: sentar las bases para una verdadera transformación implica promulgar una nueva Constitución Política, así lo hicieron las otras tres transformaciones (1821, 1857 y 1917).
En esa urgente nueva Constitución reclama un espacio la igualdad social, pues México es uno de los países más inequitativos del Continente Americano y le urge disminuir esa vergonzosa brecha entre la inmensa mayoría pobre y la minoría privilegiada. Más allá de la formación de los compatriotas en una cultura de la solidaridad y la justicia, está también el acercamiento a la ecología con un amplio sentido social y de respeto a todas las especies vivas del planeta. Y sólo las nuevas bases constitucionales pueden darle arco y flecha a las políticas del Estado para resolver la crisis humanitaria que hoy vivimos: desplazados, desaparecidos y muertes violentas.
Por lo demás, las debilidades y huecos de nuestro sistema de educación pública han quedado al desnudo. La pandemia y los males que le hacen tercio nos obligan a replantear muchas cosas, no solamente para recuperar horas trabajo y metas alcanzables dentro de nuestras limitaciones, pues si aspiramos a mejorar los índices que disminuyan la desigualdad social y hablar de desarrollo, no sólo de crecimiento económico, la educación, la formación de una nueva fuerza productiva entre los niños y jóvenes que hoy van a la escuela y los que irán mañana, es la condición sin la cual, no habrá la recuperación que hoy demandan las necesidades del país.
Hay un renglón que no puede seguir creciendo, sino a costa del dolor nacional: la pobreza extrema. La Pandemia y la crisis económica nos han dejado no menos de cinco millones de pobres pobres, que se suman a los 19 millones que ya teníamos antes del coronavirus. La nueva Constitución no puede quedarse varada en enunciar el derecho humano a la vivienda como la actual. Hay al menos 10 millones de familias en busca de vivienda popular y más de 22 millones de trabajadores soñando con condiciones dignas de trabajo (algunos millones sin empleo anhelan un puesto de trabajo, aunque sea precario). Que nos quede claro: Los únicos que pueden voltear a ver y tratar las necesidades populares es la izquierda y aliados, la derecha tiene intereses muy definidos.
Cuando escribo estas líneas vuelve la pesadilla de campañas contra los medios de comunicación y reporteros. Esta semana le tocó a Noroeste. Varias de las calles céntricas de Culiacán fueron tapizadas con un cartel donde está inscrito el nombre logo Noroeste, en el que el espacio de las O lo ocupan sendas heces humanas. La preocupación no puede estacionarse en la conciencia de los ofendidos y de quienes defendemos en las buenas y en las malas la libertad de expresión. Bien dijo Gilberto Ceceña Nuño: “Mientras no tengan costo las amenazas contra los periodistas, seguirán las agresiones como hasta ahora”. Más allá de lo que tengan que hacer Artículo 19, CPJ, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Reporteros Sin Fronteras y, desde luego la FGR y la FGE, no estará mal un Foro o Encuentro de periodistas y organismos sociales, que resuelvan emplazar a la Fiscalía del estado con resoluciones muy concretas. Vale.
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