La salud pública es otra razón poderosa
para revertir el encarcelamiento masivo.
David Gilbert
El Covid-19 nos impone una agenda que no atendemos. Vivimos en un proceso electoral y en los discursos de los candidatos el arco y la flecha apuntan más hacia los adversarios políticos que a los asuntos que reclaman una atención en forma. De los que debemos estar claros, que de no buscarles solución institucional en corto plazo pueden desbordar la vida pública y abrir las trancas para que se asomen barruntos que lastiman la gobernanza.
Otros temas marchan empalmados a estas cifras, con no poco dolor y congojas para muchas familias. Me refiero a la cantidad de huérfanos, de viudas y viudos que va dejando atrás la pandemia. Aún no contamos con la estadística que nos hable de la magnitud exacta de lo que implica este fenómeno. Pero lo expresado arriba nos regala un panorama que debe preocupar a todos, en especial a quienes aspiran a gobernar Sinaloa, pues la cantidad de huérfanos, viudas y viudos, suman miles, y su situación extraordinaria reclama de una atención con muchas aristas: ingresos, alimentos, techo, acceso a la salud (incluida la atención a la salud mental, quebrantada por efectos de la pandemia), para todos y para los huérfanos el sagrado derecho a la educación.
Y con todo ello, los daños tocan otros campos de la vida de muchas personas. Pensemos en las familias de esas 37 mil 317 personas que fueron contagiadas por el bicho que brotó en Wuhan, China en 2019. Los gastos a que se vieron obligados pacientes y familiares, en muchos de los casos, sobrepasaron la capacidad de pago de la mayoría de ellos. Cuando las deudas hospitalarias fueron de decenas y algunos centenares de miles de pesos, la venta de autos, la hipoteca o liquidación de la casa hogar fueron la solución total o parcial de dichas cuentas; el verdadero problema fue y es cuando la deuda hospitalaria rebasa el medio millón de pesos y cuyos límites hacia arriba no tienen arancel, como dice mi madre.
La pandemia también nos acorraló en el terreno económico. Al confinarnos en la primera ola de contagio, una parte nos fuimos a casa con los salarios que tenemos, pero otros, muchos otros, como los comerciantes ambulantes, trabajadoras domésticas, panaderos artesanos, costureras, tamaleras y otros, esos no se quedaron en casa con ingresos. Capotearon la crisis sanitaria y la económica, como los aprendices de toreros de Luis Spota.
Cuando la pandemia no toma aún paso cansino y de derrota, los debates que se programarán entre los candidatos a gobernador y a presidentes municipales no podrán ser ajenos a la situación que hemos descrito, pues el desempleo obliga a pensar en la promoción de la inversión y políticas públicas que estimulen la creación de puestos de trabajo, lo mismo pensamos en materia educativa y para el fortalecimiento del sistema de salud pública.
La seguridad también reclama un espacio en los debates. Desde tiempo atrás hemos mencionado que la crisis humanitaria en materia de seguridad se manifiesta en los homicidios, desplazamientos internos y en la desaparición forzada de personas. Por una confusión entre lo que se registra en el renglón de homicidios y desapariciones forzadas (hallazgos en fosas clandestinas), se dice, sin más, que homicidios va a la baja. Lo cierto es que hay zonas en Sinaloa que reclaman una política pública más integral y que represente una verdadera esperanza de solución a la violencia que domina en dichos puntos geográficos.
Otro problema que toca muchas puertas en México, particularmente en Sinaloa, es el del agua. Este año ha hecho crisis de manera severa. La Comisión Nacional del Agua señala que el 85 por ciento del territorio nacional padece sequía y que nada asegura que este año Tlaloc derrame su vital líquido de manera generosa en toda la geografía azteca. Varios municipios de Sinaloa tienen sed y un sinnúmero de comunidades depende de las pipas que les envían las juntas de agua potable. Nos llega un alarmante reporte del campo pesquero El Jitzámuri, Ahome. Durante 14 años, nos dicen, han luchado contra la escasez de agua, pero desde hace cuatro, de plano no sale agua de las tuberías. En pipas se abastece la población y, ante el inadecuado tratamiento del agua recibida, las enfermedades estomacales y de piel empiezan su abominable debut. Son 2 mil 100 habitantes en El Jitzámuri que reclaman atención. En el estado son decenas de miles. Tienen la palabra los actuales gobernantes y los candidatos. Vale.
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