Y es que la pandemia llega bajo condiciones que no elegimos.
Alejandra Ciriza
—La política fiscal, financiera y económica del mundo tendrá que coexistir con la Covid-19 por al menos año y medio. —Dijo el Secretario de Hacienda Arturo Herrera, en la reunión virtual de gobernadores de bancos centrales del G-20 del pasado 19 del presente. Y hay que echarnos ese trompo a la uña. En otras palabras, la situación que padecemos ni es tan fácil ni es tan corta. Por lo que los gobiernos tendrán que revisar de fondo su política económica, los empresarios tienen al frente una escuela de aprendizaje o desaprendizaje y la sociedad el reto de revalorar vicios y virtudes acumuladas hasta hoy. Hay cosas que nos impuso el modelo neoliberal y que pesan demasiado para encarar la nueva normalidad. ¿Seguiremos cargando con ellas?
El Gobierno federal planteó 10 compromisos ante el imparable Coronavirus, el pasado 19 del presente mes: ni corrupción ni derroche del presupuesto para atender empleo, buenos salarios y el bienestar; evitar las enfermedades producidas por hambre y pobreza, y promoviendo la medicina preventiva y el deporte; a la educación básica va la asignatura educación para la salud; campaña permanente promoviendo alimentación nutritiva para la salud.
Como sexto punto destaca mejorar el sistema de salud con más y mejores hospitales, equipo y personal sanitario; la atención prioritaria de las enfermedades crónicas; más escuelas de medicina y enfermería y un programa de becas para la formación de 30 mil médicos especialistas; hacer realidad el derecho a la salud como lo mandata el artículo 4° Constitucional y créditos, pensiones y becas para el bienestar a familias que hayan perdido a sus seres queridos por la Covid-19. Es esta la declaración de mayor alcance y calado que se ha hecho en el transcurso del presente Gobierno.
El Presidente AMLO presentó recientemente una iniciativa de reforma en materia de pensiones, que consta de algunos cambios centrales en el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997 y que reglamentan a las administradoras de fondos para el retiro, las famosas Afores. La iniciativa cuenta con el visto bueno de sindicatos y patrones. Y ya aparecen algunas críticas que señalan que de aprobarse esta iniciativa (por afectar al capital, dicen) disminuirá el empleo y caerán los salarios.
La iniciativa contiene algunas cosas interesantes: al día de hoy las aportaciones para el retiro del trabajador son del 6.5 por ciento, distribuidas de la manera siguiente: 5.15% el Patrón, 1.125 el Trabajador y 0.125 el Gobierno. De salir adelante la iniciativa el rostro de las aportaciones quedará así: 13.875 el Patrón, 1.125 el Trabajador y 0.225 el Gobierno. La iniciativa de ley contempla una escala en las aportaciones patronales que irían del 5.151% para trabajadores con un ingreso de 10 salarios mínimos, hasta el 13.875% para la aristocracia de los empleados cuyos ingresos alcanzan los 25 UMA (86.88 pesos cada Unidad de Medida y Actualización), que equivalen a poco más de 65 mil pesos mensuales. El gobierno compensa esa escala aportando 8.724% para trabajadores de salario mínimo a 1.798% para ingresos de 4 UMA (poco más de 10 mil 400 pesos mensuales).
Otro punto importante de la iniciativa es que se reduce el número de semanas de cotización para tener derecho a pensión de 1 mil 250 (24 años) a 750 (14 años). Es una viva esperanza para los jornaleros agrícolas cuya inmensa mayoría nunca acabalará el primer número de semanas, para los albañiles que en cada obra son reafiliados con datos diferentes y con pérdida frecuente de sus papeles de aseguramiento, los trabajadores eventuales, las trabajadoras domésticas, etc. Enhorabuena.
Más allá de la sorpresa de que la Coparmex participó en el acuerdo, hay cuatro principios básicos que dice reivindicar para el caso: el alcance (que llegue a más mexicanos). Sin duda aumentará ese número, ¿qué tanto? No lo sabemos, pero el universo del mundo del trabajo abarca también a los informales, que son más que los asalariados; por lo que el beneficio, en el mejor de los casos, no alcanzará nunca al 50 por ciento de los trabajadores. Se habla de suficiencia, que el recurso recibido por el pensionado sea parecido al último ingreso; que haya solvencia, es decir, que el fondo siempre esté listo para aplicarlo; y que haya justicia: reconocimiento a una vejez digna. Lo que no está mal.
Dejando asentado el reconocimiento de lo anterior, hay una situación muy concreta que nos impone la crisis civilizatoria que padecemos y que más allá de los compromisos hechos públicos y de la iniciativa de Ley de pensiones, el Estado de la 4T debe atender de manera prioritaria: atender empleo, buenos salarios y el bienestar, dice el primer compromiso de diez. Se han perdido alrededor de 3 millones de puestos de trabajo en este año y no será fácil resolverlo y menos si la política económica no contempla alguna salida a la pequeña y mediana empresa del país y si no hay suspensión de la deuda pública ni reforma fiscal que grave progresivamente a los grandes capitales. La crisis va más allá de 2020 y de nuestra capacidad acostumbrada de respuesta. Vale.
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