El dilema ahora de nuestros gobernantes
no es decidir entre la salud y la economía,
sino decidir para la salud y la economía de sus ciudadanos.
Adrián López Ortiz/ Noroeste
Tomamos medidas ahora o habrá un aumento significativo de conflictos, hambre y pobreza. Esa es la preocupación que la ONU planteó el pasado 8 de mayo para pedir que la ayuda original solicitada de 2 mil millones de dólares se incremente a 6 mil 700 mdd. La idea es “combatir la propagación y los efectos desestabilizadores” del coronavirus en 46 países pobres de África y América, principalmente. En dichas zonas ya se sienten los efectos de la recesión en las exportaciones, en las remesas y en el turismo.
La Organización de la ONU para la Alimentación y la agricultura (FAO), adelanta que la pandemia de Covid-19 traerá un incremento del hambre y la pobreza en América Latina y el Caribe. Y toca un punto clave buscando evitar que la crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria: “que los gobiernos declaren la alimentación y la agricultura como actividades estratégicas de interés público nacional.” Esta decisión cuidaría que en toda administración de estos bienes los monopolios tengan sus manos (y sus bolsillos) fuera.
El IMSS nos dice que en esta grave coyuntura 500 mil trabajadores perdieron el empleo (fueron dados de baja en abril), la cifra puede ser de un millón dicen analistas. Es posible, pues en el país no todos los trabajadores tienen seguridad social y al ser despedidos al IMSS le pasan de noche. La situación es más delicada que lo que oficialmente se supone. Y a las medidas anunciadas por el Presidente Andrés Manuel deben sumarse otras, esas que deben ir hasta el último hogar de los más vulnerables y garantizar el alimento del que hoy no disponen. Hay quienes proponen la Renta Universal (un ingreso básico para todos). Muñoz Ledo se ha sumado a la iniciativa. No veo convencimiento oficial para ello ni movimiento social que lo empuje en serio, pero me preocupan las medidas sin brújula que gobernadores y alcaldes toman al distribuir despensas.
Nosotros recomendamos la creación de un padrón de necesitados y un fondo para su atención, se atendió a medias. A pesar de que hay músicos pidiendo apoyo a gritos, manifestaciones de choferes de camiones urbanos hasta el palacio de gobierno, vendedores ambulantes, domésticas y comerciantes en pequeño saliendo a la calle a manifestarse por ayudas, no se ha hecho un padrón. Varios ayuntamientos acordaron comprar despensas y se han comenzado a distribuir sin orden ni concierto y así no siempre se llega con ellas a los hogares en más apuros. Un ejemplo: en Culiacán son lxs dirigentes de colonias en muchos de los casos quienes deciden a dónde paran las despensas. En las decisiones hay mucha subjetividad.
¿Cómo resolverán el problema los gobernadores? Quién sabe. En Sinaloa hay la certeza que serán 40 mil familias las beneficiadas, nada más. Como no hay coordinación entre ayuntamientos y gobierno, ni padrón único de necesitados, habrá duplicaciones en la entrega de despensas y vacíos inevitables en otros hogares. De por sí el universo de pobres es mayor a la oferta de despensas. Y sin la planeación debida, habrá sufrimiento en varios lugares por la política de palos de ciego. Es una lección que nos imparte con mucho dolor esta pandemia.
Mientras tanto el coronavirus ha desnudado miserias heredadas, como la de trabajadores de la salud en situación de precariedad. Médicos y enfermeras del Hospital General de Eldorado, Sinaloa, denuncian bajos salarios y no tener seguro social. Llama la atención que la crisis no amilana ni a los trabajadores de la salud ni a la voluntad del Estado, pues el Presidente plantea redoblar esfuerzos en las entidades donde el Covid-19 ha golpeado más: Baja California, Cd de México, Estado de México, Morelos, Guerrero, Tlaxcala, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Sinaloa.
Pero junto a ello hay frentes que no pueden descuidarse, pues la corrupción no es un enemigo que se haya vencido, como se cree en Palacio Nacional. Puede uno no aplaudir muchos de los juicios del diputado Muñoz Ledo, pero nadie puede negar su agudeza y olfato para encontrar fallas en la administración pública, sin excluir ésta en la que él participa. El día 7 dijo: “El imperio de la corrupción se instaló en la pandemia; hay evidencias del trafique con los insumos esenciales para atacar el Civid-19”. Pidió la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera para evitar la intermediación en la compra a proveedores. Esperemos que su petición sea atendida.
Por lo demás, la llamada nueva normalidad se asoma tímidamente en las medidas anunciadas este miércoles 13: se reabren actividades en los “municipios de la esperanza” (sin contagios), que son 269 de los 2458 más 16 alcaldías en el país. A partir del día 18 habrá preparación para la reapertura de minería, construcción y ensamblado de transportes. Y llegando el 1 de junio la reapertura gradual, bajo un sistema tipo semáforo, de las múltiples actividades humanas.
No dejamos de insistir, como en otras ocasiones, en que la deuda le impone un dramatismo mayor a la pandemia del coronavirus. Hablamos de deuda pública, corporativa y doméstica. Al Congreso de la Unión le urge reunirse e incluir en la imprescindible agenda el tema, porque bien podemos vencer al Covid-19 con los esfuerzos actuales, con dolorosos costos en vidas, desempleo y quiebras de negocios; pero el virus de los banqueros y acreedores se cuece aparte, pues han sobrevivido a las revoluciones de siete siglos, de las que salieron con mejor salud. La faena no será fácil, pero es su tarea. Vale.
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