O regresamos a la globalización concentradora, autoritaria,
con el mismo diseño institucional, o construimos un futuro diferente.
Alicia Bárcena/CEPAL
No podemos condenar todas las salidas a la calle en pleno pico de la pandemia. ¿Qué les decimos a los músicos, meseros, familias sin ingresos de las periferias, vendedores ambulantes, albañiles de media cuchara y cuchara completa, trabajadoras domésticas y tantos otros, que no tienen manera de ganarse la vida en medio de la crisis del coronavirus? Este martes pasado miré un concierto al aire libre en el cruce de Boulevard Madero, Boulevard Leyva Solano y Teófilo Noris. Los músicos pedían solidaridad en especie o en efectivo.
Alguien subió al Face a un dueto que estaba en la esquina de Ángel Flores y Juan Carrasco. La ausencia de autos permitió apreciar el talento para ejecutar guitarra y melodión y la entonada voz del vocalista. Ambas escenas y escenarios me transportaron a la ciudad de Buenos Aires en la primera década de este siglo, donde se vivía en plena crisis de “El Corralito”. La economía se paralizó, las grandes y famosas orquestas estaban desintegradas y la miseria obligaba a músicos, cuya calidad era la que encontraríamos en sus colegas de la Sinfónica de París, de Londres o de Roma, a tocar en la calle por las pocas monedas que los distraídos transeúntes pudieran obsequiarles. Caminando por el Barrio de Las Flores, mi esposa y yo escuchamos las notas de La media vuelta, de José Alfredo Jiménez. Imposible no voltear ante esa referencia al guanajuatense y a México. La emoción fue aún mayor cuando disfrutamos la maestría con que aquel hombre tocaba el arpa. Ese era un verdadero arte, digno de mejor suerte. Pero la crisis imponía otro derrotero. Es el caso nuestro ahora.
Mientras vemos a un buen número de personas en situación de falta de ingresos solicitando trabajo o algún tipo de apoyo, el Gobierno del estado prepara un Plan para entregar despensas a 60 mil familias que les ayudará a sobrellevar la situación por unos 20 o 25 días. Otras medidas similares se han tomado por algunos ayuntamientos. Loable las medidas, pero insuficientes, sin duda. Lo decimos porque el Coneval nos dice que en 2018 el número de personas con pobreza alimentaria en Sinaloa era de 752 mil (el 24.5% del total) y las que no tenían acceso a la seguridad social eran más de 1 millón 392 mil (45.4%). Si a ese número le agregamos los pobres que se sumaron en 2019 y los que en la presente crisis han sido desempleados, sin más, sin recibir ningún ingreso, cualquier medida de ese tamaño no da el ancho para la dimensión de las necesidades.
El PIB ha sufrido la peor caída en once años en el primer trimestre del presente. Desde la crisis de 2009 el receso económico no conocía una sacudida de estas dimensiones: 1.6 por ciento del PIB para el INEGI y 2.5 por ciento para analistas independientes. Y un horizonte para el presente año que puede alcanzar hasta una caída del 7.5 por ciento. Nada agradable por las consecuencias que traería para las mayorías de este país. Pero pensarlo ahora nos dibuja por adelantado la dimensión del problema en términos de cierres de negocios, desempleo, caída de impuestos y de dificultades múltiples para el Estado y la economía nacional.
La estrategia del Estado es muy clara: proyectos centrales de inversión, no recurrir a la deuda, no incrementar impuestos, no a los gasolinazos, política de austeridad, combate a la corrupción, fondos para microcréditos y acciones de bienestar. Lo que hasta hoy conocemos tiene un alcance de alrededor de 750 mil millones de pesos, un 3 por ciento del PIB. Pero el boquete económico puede llegar al 7.5 por ciento de ese PIB. Estos números nos gritan a voz en cuello que todo el esfuerzo anunciado no alcanza a cubrir el hueco que la recesión está cavando en la economía.
Toda crisis obliga a acuerdos nacionales y la presente no es la excepción, sobre todo la dimensión de la misma evidencia los límites de acción del Estado. Para comenzar, digamos que los compromisos de la deuda actual nos restan un monto de unos 750 mil millones de pesos (3% del PIB), mismos que no se están utilizando en el alivio de la crisis. El Estado no quiere más deuda, tampoco nosotros, pero el tamaño de la crisis sanitaria y económica, aconseja no ignorar la “tercera llamada” de los empresarios para un acuerdo nacional. No soy partidario de que se acepten las 68 ideas propuestas de su documento, empezando por el de endeudamiento o el compromiso de rescate económico de grandes empresas. Pero no me desagrada cuando plantean la creación de un Consejo de Emergencia Económica, similar al del Consejo de Salubridad General, pues la gestión de la crisis puede llevar mejor ritmo con ello.
Los empresarios consideran tres medidas generales: de salud, de reinicio de operaciones de la economía y estrategias para el crecimiento. ¿Debe el Estado echar en saco roto “la tercera llamada”? No. López Obrador apela a la facultad que el Artículo 25 de la Constitución le da al Estado en materia de Rectoría económica. Y no tiene porque perderla. Pero el problema es que los recursos para atender a las instituciones como el IMSS, el ISSSTE, los hospitales generales y las necesidades que enfrenta esa mayoría de connacionales que no están afiliados a ningún sistema de salud, ¿de dónde saldrán? Ya se acumulan historias de deudas aberrantes ante los hospitales privados que cobran no un ojo de la cara, como dice mi madre, sino los dos. El Covid-19 hace estragos allí, por eso sí urge un acuerdo nacional. ¿Ha llegado la hora de las nacionalizaciones en el sector salud? No estoy seguro. Inténtese primero un acuerdo. Si no lo hay, el Estado tiene la obligación de dar una respuesta concreta a los pacientes de coronavirus que padecen, además, de orfandad en el sistema nacional de salud. Vale.
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