En una tierra condenada a repetirse sin tregua.
Octavio Paz
Imposible sentirse bien cuando nos abruman las malas noticias. No es para menos. La madrugada del lunes 27 fueron asesinadas dos jovencitas en la sindicatura de Sanalona, sumando un número de siete mujeres en el estado que culminan su vida de esta manera tan lamentable. El marco en que se da su muerte hace que el dolor sea mayor, pues de acuerdo a la información hecha pública, fue al pasar un retén de la Policía Estatal Preventiva. Que la autoridad contribuya a incrementar la cifra de personas muertas violentamente resulta muy enojoso.
Hasta el momento de elaborar la presente columna no teníamos noticias de que los presuntos responsable de este doloroso acontecimiento hayan comparecido ante la autoridad. Lo aclara el Fiscal General del Estado y lo calla el Secretario de Seguridad Pública. Se dice que las jovencitas son sobrinas del Gobernador del estado de Durango, no lo hemos confirmado, pero la gravedad del caso no es menor si no lo son; sin embargo, esa situación (de ser familiares) complica las relaciones entre las autoridades de Sinaloa y las del estado vecino.
El caso de por sí nos mueve el tapete en varios sentidos. No termina el mes y la cantidad de mujeres que mueren violentamente ya empata la cifra de enero de 2019, lo que nos indica que las promesas de políticas públicas más efectivas en la protección de mujeres no han dado un paso adelante. Los hechos de Tamazula nos obligan como sociedad y como autoridad a dimensionar el valor de la vida humana. Lo mencionamos porque no es un hecho aislado y porque ya no podemos seguir volteando la vista hacia otro lado cuando suceden estas cosas tan graves. Hace muy poco tiempo Navolato sufrió la pérdida de dos vidas jóvenes, en la que están involucrados, de acuerdo a la información oficial, agentes de la Policía Municipal de ese municipio.
Darle la dimensión que corresponde a la vida humana, a la que está obligada la autoridad y todos nosotros, plantea una emergencia: la comparecencia sin demora de los responsables de los crímenes contra la vida, el cambio de jefes de las corporaciones policiales que se han visto involucradas en esas faltas graves contra la vida, el establecimiento de mecanismos de control civiles hacia el que hacer de las instituciones de policía y la revisión de nuestro marco legal en la materia.
La otra terrible noticia es la sentencia judicial que obliga a Sergio Aguayo a pagar una indemnización a Humberto Moreira, ex Gobernador de Coahuila, por “daño moral”, según el juzgador. El 20 de enero de 2016, Aguayo afirmó en su columna de Reforma que Moreira destilaba “un hedor corrupto”. Como todos recordamos el ex Gobernador fue detenido el día 15 de ese mes en la ciudad de Madrid acusado de lavado de dinero. Con motivo de dicho acontecimiento Moreira también escribió: Humberto Moreira se enfrenta, finalmente, a una justicia: la española, que con ese acto muestra que las instituciones mexicanas son virtuosas en la protección de los corruptos.”
No pararía allí en sus afirmaciones, pues de manera contundente abundó: “Moreira es un político que desprende hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana.” Confiado en los tribunales de su tiempo, esos que nunca administraron justicia para los desparecidos históricos y los más recientes, esos que no tocaron a tantos políticos y banqueros que han dejado en la ruina a este país, Moreira se lanzó a la carga contra el autor de La Charola en julio de 2016.
En ese juicio, identificado por propios y extraños por los vicios que contiene, donde destaca un magistrado con mucha cercanía al mismo Moreira (conflicto de interés), Sergio Aguayo fue condenado a pagar 10 millones de pesos “por daño moral”. Es la factura que tiene que pagar, a la que lo obliga la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El juez Francisco Castillo, lo requirió el pasado lunes para que cumpla con el pago a que está condenado. Aguayo ha dicho en twitter: “La amenaza de embargo ha sido conjurada. Hace minutos transferí los 450 mil pesos exigidos como garantía. Con eso aplacaré (por un tiempo al menos) a Humberto Moreira y la que parece ser una red de apoyo en el Poder Judicial de CDMX.”
No dejamos de pensar con mucha preocupación que en México hay otros periodistas e intelectuales que pagan con una factura peor por el ejercicio libre de su profesión. Pero no puede ser motivo de consuelo que en el caso de Aguayo, al menos conserva la vida. Lo que ha ocurrido en la Sala Sexta Civil citada debe ser motivo de indignación nacional. No sólo se ha cometido una injusticia en el caso de Sergio Aguayo, que ha ejercido su libertad de expresión, luego de la acción punitiva que realizó la justicia española. Se ha agraviado al periodismo nacional y a la sociedad entera, porque una de las demandas centrales que llevaron al tsunami electoral de julio de 2018, fue el repudió a la corrupción oficial y a la impunidad que históricamente ha cobijado a los beneficiarios de esa corrupción. Definitivamente empezamos mal el año. Nuestra solidaridad incondicional con Sergio Aguayo. Vale.
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