Cada época vuelve a escribir la historia.
Eric Williams
El Auditorio Alfonso García Robles se vistió de dignidad el pasado lunes 23. Ese espacio del Centro Cultural de Tlatelolco también le dio una pátina de decoro al Estado mexicano, al ser el marco solemne donde la autoridad ofrece disculpas a Martha Camacho Loaiza y a su familia, por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra ellos en la entrañable década de los setenta del siglo XX.
Enhorabuena por la causa de Martha y la lucha que parece interminable de dos generaciones de familiares que se afanan sin descanso por encontrar a sus seres queridos, todos víctimas de la desaparición forzada de personas. El histórico acto tiene un antecedente que hoy merece mencionarse: el caso Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en su natal Guerrero luego de llegar a un retén militar. El caso Radilla se convirtió en emblemático de la situación vivida en las sexta y séptima décadas del siglo anterior y fue objeto de juicio contra el Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La sentencia de la CIDH fue muy clara y contundente. Condenó al Estado mexicano a reformar la Constitución Política y leyes reglamentarias, con el fin de eliminar toda injerencia del fuero militar en asuntos de civiles. Y el Estado “deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso y en desagravio a la memoria del señor Rosendo Radilla Pacheco”. Ese acto fue programado para el día 14 de noviembre de 2011, en él estaría el secretario de gobernación Francisco Blake, pero un accidente aéreo tres días antes se lo impidió. El día 17 de ese mes encabezaron la ceremonia que mandató la CIDH, Juan Marcos Gutiérrez (encargado del despacho de gobernación) y Patricia Espinosa, secretaria de relaciones exteriores. Llamo la atención sobre el caso, pues la familia Radilla no aceptó la solicitud de perdón porque, según argumentó, los funcionarios que representaban al Estado en ese momento no fueron electos. El presidente de la República, a su parecer, es quien debió hacerlo.
El lunes 23 del presente, en un escenario alejado geográficamente del teatro de los hechos denunciados por Martha Camacho, con una autoridad muy diferente en materia política e ideológica y en el marco de una revolución electoral, Martha recibió las disculpas del Estado mexicano de boca de Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobernación y con el testimonio de Alejandro Encinas, subsecretario para derechos humanos, casi ocho años después de la solicitud de perdón no aceptada por los Radilla en el histórico pueblo de Atoyac de Álvarez.
Las disculpas ofrecidas por el gobierno de Andrés Manuel y aceptadas por Martha tienen una trascendencia que va más allá de las familias Camacho y Alapizco, por lo que toca a la desaparición y ejecución extrajudicial de José Manuel, esposo de Martha en aquellos momentos y padre de Miguel "el Benny". Más de cuatro décadas ha luchado el movimiento de defensa de los derechos humanos porque el derecho a conocer la verdad sobre la desaparición forzada se haga realidad y porque el acto de pedir perdón por el Estado ante las familias y la sociedad se convierta en una acción de reconocimiento de responsabilidad en el crimen de desaparición forzada, en la reivindicación del buen nombre de las víctimas de desaparición y en un paso importante hacia la no repetición de los hechos.
No sé si doña Rosario Ibarra fue invitada o no al evento, pero su presencia por muchas razones era imprescindible. Quizá su salud no le permite ya dejar su amada Sultana del Norte para participar en reuniones y mítines, reivindicando lo que fue razón de su vida: la presentación de todos los desaparecidos de México, pero sea cual fuere la razón de su ausencia, la memoria de su larga lucha y las de sus fieles compañeras como doña Chuyita Caldera, doña Margarita Velázquez, doña Consuelo Carrasco, doña Martha Murillo, entre muchas otras, reclamó un espacio en ese histórico evento.
Debemos tomar conciencia que se llegó a este segundo acto de ofrecer disculpas, no como un regalo de la autoridad, por más que el perfil político del presidente actual sea diferente a los anteriores. Es el cumplimiento de una obligación del Estado, más natural y voluntaria que en sus representantes anteriores, frente a una exigencia de dos generaciones de familiares y activistas por los derechos humanos. Ojalá que en todos prevalezca la idea de que el asunto de las desapariciones forzadas no es cosa del pasado, como ante la Resolución del caso Radilla por la CIDH pretendieron hacerlo ver los voceros del régimen de Calderón.
¿Con qué sabor de boca nos quedamos ante las disculpas ofrecidas a Martha Camacho? Con ese sabor que da el saber que hemos entreabierto el zaguán que obstruía la senda para alcanzar la justicia plena de todos los casos pendientes en materia de desaparición forzada. Hay quienes señalan que este 23 de septiembre se convirtió en un parteaguas, no lo pongo en duda. Pero deseo recordar que de ello se desprenden nuevas tareas y compromisos para todos los que deseamos justicia plena para las víctimas de desaparición forzada y detener esa infame práctica. En el marco del V aniversario de Ayotzinapa tomemos en serio esos compromisos. Vale.
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