Le mataron sus noches llenas de amanecer.
Carlos Fuentes
Tres meses de espera para que llegue la paz, desespera. En este prolongado impasse se han incrementado algunas dudas, pero la dura coyuntura que vivimos nos impone también diversas certezas que anteriormente habríamos ubicado sin más entre las dudas o entre las cosas sin información suficiente. Hemos aprendido en la crisis de seguridad, pero cada lección tiene el mayor costo que la sociedad ha pagado en generaciones: pérdida de vidas, desplazamientos internos, desapariciones forzadas y daños en los patrimonios familiares y personales de alto calado.
¿Qué certezas nos arrojan este trimestre? En primer lugar, que hay crisis que no terminan en una semana o en un mes, pues las facturas sociales que vienen a cobrar son contradicciones profundas en algunos estratos que forman parte de la sociedad, el pastoreo de intereses insanos por al menos dos generaciones, la penetración, primero un tanto oscura, de capitales en las diferentes ramas de la economía y luego, la invasión en tropel del dinero que viene de las actividades ilícitas que allana plazas, mercados y circuitos financieros. Tan masiva ha sido su irrupción que la norma que rige esos capitales no son las leyes derivadas de los acuerdos del llamado G8, las principales economías del mundo que crearon en 1989 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La realidad fea y dura superó toda imaginación.
Puestas las cosas tal cual las hemos visto y vivido, nos queda claro que las acciones tomadas por el gobierno de Sinaloa y por el Estado mexicano no son suficientes para regresar las cosas de la vida económica, política y social, a la imperfecta convivencia de los días anteriores al 9 de septiembre. Sí, a esa realidad que permitía caminar sobre un camino en el que no faltaban piedras, pero que se podían sortear con la prudencia que aconsejaban los tiempos y que permitían mantener las trancas abiertas para el desarrollo lento pero continuo de la economía y de sus actividades complementarias.
Otra de las certezas que no podemos eludir es que el Estado no ha desarrollado la empatía obligada ante la sociedad a la que se debe. Inexplicable, por cierto; pues en lugar de abrir los diálogos a los que nos convoca la presente crisis de seguridad, la autoridad ante los riesgos y peligros que identifica toma la actitud de los armadillos: blindarse bajo su propia armadura ante el enemigo, víctima de una miopía que no alcanza a observar la valía de los seguros aliados que están a un tiro de piedra. Nos referimos a los sectores sociales que ya se han atrevido a salir a la calle a manifestarse reclamando paz y tranquilidad, que plantean demandas para desarrollar sus actividades productivas, la vida social y cultural, sin faltar el reclamo de libertad y regreso para los desaparecidos.
¿Por qué no hay un acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil? Sabemos que hubo reuniones con representantes de empresas, entre los que se incluyeron a algunos de los micro y pequeños negocios, pero sólo estuvo representada una parte de la sociedad. En los tiempos críticos, el Estado debe ampliar su visión, pues la estrechez de miras lo condena a sobrevivir con más penas que gloria. No hay el acercamiento que mencionamos con el resto de los sectores sociales porque le gane la timidez, sino porque no hay valoración sobre el peso de la movilización que en ellos cabe ni la confianza en el carácter de su respuesta.
Algunos personeros del Estado mexicano llegan a conclusiones que se acercan a la verdad que no queremos ni deseamos se nos oculte. Omar García Harfuch, secretario de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y nieto del general Marcelino García Barragán, uno de los responsables de la tragedia del 2 de octubre de 1968, ha declarado que “pacificar Sinaloa no será de la noche a la mañana”. En esa frase hay sinceridad, hay correspondencia con un análisis serio de la situación de los que nos pasa en la entidad. Creo que estuvo a punto de señalar que hay otra parte que debe aportar la autoridad civil: el acercamiento con los sectores de la sociedad que le permitan al Estado fortalecerse y enfrentar de manera exitosa la crisis de seguridad que hoy padecemos.
Y en las respuestas a los problemas existentes desde antes del 9 de septiembre, nos parece correcta la actitud final de conciliar acuerdos con los representantes de la Universidad. Fue una salida inteligente, la autoridad estatal se sacudió un lastre que ya significaba un fardo difícil de librar. Ahora el reto es incorporar a las tareas que nos exige la coyuntura a esa masa de universitarios. Pero hay otros problemas como el de la vivienda que ni se han valorado lo suficiente ni tampoco se ha delineado una política pública para resolverlo. Hasta ahora se impone en el Poder Judicial el viejo punto de vista: cargarse hacia los intereses de los especuladores de las reservas territoriales de las ciudades, sin importar los atracos que cometieron contra los ejidatarios para hacerse de esos terrenos. Los jueces son incondicionales de esos atracadores y desalojan o llevan a juicio a los jefes de familia que no tienen otro recurso que invadir un lote para construir una humilde vivienda.
El Plan Estatal de Desarrollo dice que uno de cada tres sinaloenses vive en la pobreza y reconoce el grave problema de la vivienda. Elemental es preguntar, ¿Por qué no se ve el problema de la vivienda como un asunto de carácter social? ¿Por qué no se busca el arreglo, la conciliación entre las partes? El Poder Judicial no está ayudando en estos momentos a buscar la paz y tranquilidad en Sinaloa. Apenas esta semana un grupo de familias de la Ampliación Renato Vega presentaron queja ante la CDDHS por el desalojo de que fueron objeto y la persecución que seguirá contra ellos. ¿Lo sabrá el gobernador Rocha Moya? No sé. Malo si los que deben informarle puntualmente, callan. Eso agrava el entorno de violencia y se vuelve tragedia para quienes aspiran a un rincón para el refugio y protección de sus familias.
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X @Oscar_Loza
