Qué futuro más deseable que aquel en el que siempre
podríamos hacer lo que quisiéramos sin agotar el mañana.
Andreu Escrivá
La rendición de cuentas es huella indeleble del presente. La vida pública de nuestros días no se entiende si no trota al parejo con la transparencia de lo que se hace. Y no perdona el divorcio entre el dicho y el hecho. La sociedad ha encontrado, en ello, un amplio espacio para la democracia y una efectiva medida para aquilatar a las oficinas públicas. Para el caso de los organismos de la sociedad civil también este principio tiene gran validez y, para que haya un complemento a este gran principio, las organizaciones civiles se fortalecen a los ojos de la base social a la que sirven.
Este próximo 21 de mayo, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa rendirá el Informe anual en vísperas de su cumpleaños número 41. ¿Qué puntos de importancia social se tocarán en el evento más emblemático de nuestra organización? Destaca la situación que se vivió en los campos agrícolas de Juan José Ríos, Ruiz Cortines, Villa Juárez, Teacapán e Isla del Bosque. Sin poder evadir la tragedia laboral de los jornaleros agrícolas, también por segundo año consecutivo hemos registrado el fallecimiento de niños, hijos de jornaleros, en las miserables cuarterías donde estaban hacinados. Lugares dejados de la mano de Dios en los cuales, salvo las acciones del DIF estatal, las autoridades del trabajo locales y federal, se comportan tan ajenas al problema como si esto estuviera sucediendo en otro mundo.
Otro rostro de nuestra realidad es el cúmulo de problemas con vértice en la mujer. Ya casi agotamos un cuarto de tiempo del siglo XXI y no terminamos de aprender cosas elementales de la buena convivencia entre mujeres y hombres. Baste echar mano de las estadísticas de la Fiscalía General del Estado para imponernos de nuestras fallas como sociedad, como autoridad y como la parte masculina de este ensayo humano. Desde el año 2020 a la fecha, los homicidios (incluidos los feminicidios) han evolucionado así: de 41 el primer año, a 50 el siguiente, a 34 y 38 en los subsiguientes y con un acumulado de 8 hasta abril de este año. El delito de secuestro por fortuna no se dispara, pero en el renglón de muertes culposas hay cifras en promedio de 100 en los años mencionados y en los primeros cuatro meses del presente los números llegaron a 57.
Al echar un vistazo al delito de violaciones nos damos cuenta que este renglón del comportamiento antisocial exige una atención mayor. En 2020 el registro de violaciones fue de 191, al siguiente año saltó a 284, en 2022 llegó a las 319 y el año pasado a 320, en tanto hasta abril del presente registró 109 casos, manifestando que urge hacer algo para que la cuenta no supere récords anteriores.
En los dos últimos renglones del delito una presencia más activa y preventiva de parte de la autoridad puede ayudar en mucho a disminuirlos. Si atendemos a la definición de que en un homicidio culposo no existe la intención de quitarle la vida a una persona, pero concurren elementos como negligencia, imprudencia o falta de cuidado, ello nos da pauta para revisar las políticas de educación vial, de prevención de accidentes y de planeación de la infraestructura urbana, entre otras muchas. Y qué decir en violaciones. La guardia en el terreno de la prevención deber ser alta y el grado de impunidad tiene que abatirse sin demora.
Nos preocupa que por segundo año consecutivo los productores de maíz salgan a la calle, tomen el palacio de gobierno y lleguen a ocupar casetas de peaje en las carreteras o puntos neurálgicos como la planta de Pemex en Topolobampo o el aeropuerto de Culiacán. La producción de maíz sigue siendo deficiente en México, incluso en esta última temporada bajó el 9.2 por ciento por motivo de sequía (reducción de superficie sembrada) y caída en los rendimientos por hectárea. Tenemos necesidad de importar poco más de 19 millones de toneladas de maíz, cuya calidad no está a la altura de nuestro maíz blanco. Por lo que no deja de mortificarnos esos desencuentros registrados entre la autoridad y los productores. Sobre todo la reciente aprehensión del dirigente Baltazar Valdez. No creemos que la judicialización de un problema social conlleve a la solución del problema.
Otro asunto de gran calado y que no termina de entenderse y menos de sentar bases para su mitigación, ya que resolverlo llevará varios años (contando con planes para su solución apegados a los objetivos ONU 2030). Hablamos de la vivienda. Los números no sólo hablan, gritan su gravedad: hay un déficit de 432 mil viviendas en Sinaloa para 2022, según INEGI. Y como hay decenas de miles de familia con ingresos tan precarios que ni yendo a bailar a Chalma alcanzan a ser sujetos de crédito para una vivienda de las llamadas de interés social, entre las escasas opciones que les queda es la invasión de terrenos, que a lo largo del estado suman más de 100 predios urbanos. El Estado mexicano debe priorizar entre sus objetivos para el año 2030 la construcción de 800 mil viviendas anuales, con el fin de abatir una muy sentida necesidad de más de 8 millones de familias precaristas en el país.
En el Informe 2023-24 la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos no podrá olvidar el problema de la desaparición forzada de personas. Este problema fue una de las razones que dieron origen a nuestra organización. Sus miembros fundadores forjaron vocación y entrega a la causa de los derechos humanos al lado de las Madres con hijos desaparecidos. Vale la pena recordar que ya arribamos a la tercera generación de personas que luchan contra la desaparición forzada y que los números de las víctimas de ese delito nos abruman las 24 horas del día y en su doloroso silencio levantan la voz por una justicia plena para sus casos. Con aproximadamente unos 113 mil casos, resulta inaplazable el compromiso del Estado mexicano, por todos los medios y recursos posibles, de detener la práctica de la desaparición forzada. El dolor y el luto permanente no pueden ser la divisa de decenas de miles de familias mexicanas. Vale.
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X @Oscar:Loza
