Si queremos defender a los débiles,
no podemos ir a la defensiva.
Yanis Varoufaquis
Para abrir las puertas del futuro el país tiene que reinventarse. Y abrir esas remisas puertas pasa por aliviar el creciente problema de la vivienda popular. Ningún programa o plan que se proponga recuperar el Estado de bienestar o la transformación de México puede aspirar al éxito si la vivienda sigue siendo el déficit doloroso en la vida de millones de familias. Con la intención de dar el gran paso que inicie una verdadera andadura hacia una Nación menos desigual, debemos hacer el balance de los daños que arrojó el neoliberalismo durante las cuatro décadas en que sentó sus reales. La calidad de vida de los trabajadores sufrió una de las dentelladas más fulminantes porque su estatus fue atacado desde diferentes frentes, a saber: el salario, la precarización de la seguridad social, la muerte del sindicalismo y las instituciones Infonavit, Fovissste, Corett e Invies.
Sí se siguió construyendo vivienda en México después de 1982, pero con un cambio radical de concepción sobre el papel que debían cumplir las instituciones señaladas y sobre la responsabilidad del Estado en la atención al problema de Los Sin Casa. Hay un déficit habitacional y de acuerdo a esa concepción el problema es del que lo padece y quien debe resolverlo es precisamente quien no tiene techo. Y lo que dispuso el Estado a partir de una legislación que cambia las reglas del juego, es que el Infonavit, el Fovissste y otras instituciones puedan contratar a constructoras o desarrolladores privados para construir vivienda, y junto a ellos aparecen los bancos y despachos jurídicos, no como facilitadores, sino para cerrar el círculo del verdadero negocio que surge con el cambio de reglas mencionado.
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) señala que en el año 2022 registró 20 millones 70 mil viviendas propias en México y que el 70 por ciento de ellas se adquirieron o construyeron con recursos propios de las familias. Este renglón habla en silencio de las limitaciones de ahora del Infonavit, Fovissste y otras. Y sobre el crecimiento de las familias y necesidades en materia habitacional, ENIGH también nos dice que “Cada año, los bancos y las instituciones públicas entregan un promedio de 500 mil créditos hipotecarios en México”. Si el país tiene más 126 millones habitantes y cada año surgen alrededor de 650 mil nuevas familias, el esfuerzo mencionado en materia de créditos se queda lejos de la solución del problema.
Y al problema hay que sumarle algunos otros renglones que la inestabilidad en países centroamericanos, los altibajos en materia económica y puntos críticos en materia de seguridad en México obsequian al tema de la vivienda: la inmigración, la migración interna por razones económicas y los desplazamientos internos por razones de violencia. Todos ellos contribuyen a agravar el problema de la vivienda, porque también son demandantes.
El Estado mexicano y las entidades federativas, que son parte del pacto, no han llegado a la conclusión de que el problema de la vivienda es un asunto ya de sobrevivencia nacional. Y como no hay esa visión tampoco se refleja en el presupuesto federal y de los estados. Al menos no en la cantidad que la dimensión del problema convoca para ser atendido con el propósito de resolverlo y no dejarlo como una obra que mal se inicia y peor termina.
La Coordinadora Estatal por el Derecho Humano a la Vivienda, movimiento que nació el 5 de febrero del año anterior, está realizando un esfuerzo extraordinario para presentar una iniciativa de Ley sobre la Vivienda en Sinaloa ante el Congreso del Estado, con el fin de ganar para agenda pública 2024 el debate y la atención para el renglón de la vivienda de Los Sin Casa. Sabemos que el responsable central para la solución del problema habitacional es el Estado, pero estamos conscientes de que las entidades federativas siendo partes del Estado mexicano, los problemas que registren no son ajenos a la federación ni la solución que se encuentre para cada una de las emergencias nacionales.
Una esperanza bien fundada (la vieja Utopía con nuevos bríos), es que en el presupuesto de egresos del gobierno del Sinaloa se establezca un renglón importante para vivienda, que remonte las modestas cifras que hoy figuran más como temas de segundo orden y le den el lugar y la dimensión que tiene el problema de la vivienda en Sinaloa. Al cumplirse un año del nacimiento de la Coordinadora Estatal y el ejercicio de gestión y diplomacia desplegados ante el gobierno del estado y los ayuntamientos, esa iniciativa de Ley cerrará con broche de oro este intenso año de activismo.
El déficit de vivienda en Sinaloa, de al menos 432 mil casas, según INEGI, invita a considerar el asunto como una emergencia que debe ser atendida muy en serio sin mayor demora. Y si bien atender no implica la solución de fondo, tampoco habrá que considerarlo como un caso que puede seguir esperando por mejores tiempos. Por las consideraciones hechas arriba, la Coordinadora Estatal por el Derecho Humanos a la Vivienda y Reservas Territoriales, se plantea llegar a las instalaciones del Congreso del Estado con una nutrida representación de los municipios de Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán, para inscribir la iniciativa de Ley, esperando que, aunque estaremos aún en la estación de invierno dicha iniciativa no vaya a la congeladora, sino a comisiones y luego al Pleno de la Cámara, para su debate y aprobación. Vale.
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X Oscar_Loza
