“Los colores dependen de la luz que uno ve”, James Joyce
EN EL AIRE
El reciente acuerdo telefónico entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, representa un respiro momentáneo para la economía mexicana.
Sin embargo, la solución alcanzada es temporal y plantea interrogantes sobre la relación bilateral y el impacto que podría tener en la seguridad y estabilidad del país.
El principal logro de esta conversación fue la suspensión, por 30 días, del arancel del 25% que Trump amenazaba con imponer a las exportaciones mexicanas.
La posible aplicación de este gravamen había generado incertidumbre en los mercados y debilitado el peso mexicano.
A corto plazo, el acuerdo brinda estabilidad económica y permite a los exportadores respirar con mayor tranquilidad, evitando una crisis inmediata en sectores clave como la manufactura y la agroindustria.
No obstante, la contraprestación exigida por Estados Unidos a México no es menor.
El compromiso de desplegar 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte para reforzar el combate a la migración y el tráfico de drogas puede significar un desajuste en la estrategia de seguridad nacional.
México sigue siendo un país con altos índices de violencia, y redistribuir elementos de seguridad podría debilitar el control en regiones que también requieren atención prioritaria.
Por otro lado, este acuerdo también plantea incertidumbre a mediano plazo.
La suspensión de los aranceles no es una cancelación definitiva; el plazo de 30 días es una ventana limitada para que ambos gobiernos encuentren una solución más estructural.
Si en este periodo no se logra un entendimiento más firme, Trump podría reactivar la amenaza arancelaria, generando nuevamente inestabilidad económica y diplomática.
En términos de diplomacia, la llamada entre Sheinbaum y Trump mostró la voluntad de mantener el diálogo entre ambos gobiernos.
Sin embargo, también evidencia que la relación bilateral sigue condicionada por las presiones de Estados Unidos.
La suspensión de los aranceles puede interpretarse como una victoria táctica para México, pero no necesariamente como una garantía de estabilidad a largo plazo.
En conclusión, el acuerdo alcanzado es un paliativo temporal que evita una crisis económica inmediata, pero que deja abiertas varias preocupaciones.
La presión migratoria, la redistribución de recursos de seguridad y la incertidumbre económica seguirán siendo temas de discusión en las próximas semanas.
México debe utilizar este margen de tiempo para negociar con mayor firmeza una solución estructural que proteja su economía sin comprometer su soberanía ni su seguridad interna.
APOYO
El respaldo del gobernador Rubén Rocha Moya a la política de Estado implementada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, refuerza el enfoque de colaboración en la relación con el gobierno de Donald Trump, destacando la defensa de la soberanía nacional y el interés de México en mantener un diálogo constructivo.
Durante su Conferencia Semanera, Rocha Moya subrayó el compromiso de su administración en participar en mesas de trabajo sobre políticas comerciales, migratorias y de seguridad, como parte del Plan México impulsado por la presidenta Sheinbaum.
Su postura enfatiza la cooperación sin confrontación, asegurando que Sinaloa desempeñe un papel activo en los acuerdos bilaterales.
El gobernador calificó como un acierto la estrategia diplomática de Sheinbaum, destacando su enfoque humanista y su compromiso con la soberanía nacional.
En este contexto, Rocha Moya reiteró la disposición de su gobierno para contribuir al fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos en áreas clave como el comercio exterior y la seguridad.
Asimismo, enfatizó la relevancia del diálogo y la democracia en la consolidación de acuerdos entre ambas naciones, subrayando que la Cuarta Transformación sigue priorizando el bienestar social y la estabilidad del país.
El gobernador concluyó reafirmando su respaldo total a la presidenta Sheinbaum y su compromiso con la implementación del Plan México en beneficio de la sociedad sinaloense y del país en general.
ESPALDARAZO
El respaldo del Alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, a la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum en defensa de la soberanía nacional refleja la importancia de mantener una diplomacia firme ante las presiones internacionales.
Sus declaraciones no solo refuerzan el apoyo político dentro del estado de Sinaloa, sino que también ponen en perspectiva la necesidad de equilibrar el diálogo con la firmeza en la defensa de los intereses nacionales.
El reconocimiento de Vargas Landeros hacia Sheinbaum subraya su liderazgo como estadista y su conocimiento del mercado internacional.
La Presidenta ha optado por el diálogo en lugar del enfrentamiento, lo que demuestra una estrategia pragmática en la relación con Estados Unidos.
Sin embargo, el matiz clave en sus declaraciones es la determinación de no poner en riesgo la soberanía del país, un punto que podría convertirse en un tema central en las futuras negociaciones con la administración de Trump.
El llamado del alcalde a la unidad con el gobernador Rocha Moya y la sociedad en general resalta la importancia del consenso interno en México.
En un momento en el que las relaciones internacionales pueden tornarse tensas, el apoyo de distintos niveles de gobierno es crucial para sostener una postura sólida y negociaciones equilibradas.
ADVERTENCIA
Cada vez que se anuncia un programa social de gran alcance, surgen oportunistas que buscan aprovecharse de la necesidad de la población. En este contexto, el Plan Nacional de Vivienda de la presidenta Claudia Sheinbaum no es la excepción. Las advertencias emitidas por la alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, sobre falsos gestores que buscan lucrar con la esperanza de las personas son un reflejo de un problema recurrente en la implementación de políticas sociales en México.
El Plan Nacional de Vivienda representa una oportunidad histórica para mejorar las condiciones de vivienda de sectores vulnerables en el país.
La propuesta de Sheinbaum se plantea con una visión de largo plazo, lo que implica una mejor planificación y una distribución más equitativa de los recursos.
A diferencia de otros programas que han sido criticados por su ejecución apresurada, este esquema se implementará durante el sexenio, lo que permitiría una correcta selección de beneficiarios basada en necesidades reales y no en criterios políticos.
Otro aspecto positivo es la participación de los Servidores de la Nación en el levantamiento de censos y en la gestión de los apoyos, lo que en teoría debería reducir la posibilidad de corrupción y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
Sin embargo, la falta de información clara sobre los mecanismos de selección y los plazos concretos de implementación puede generar incertidumbre entre la población, abriendo espacio para que estafadores ofrezcan “acelerar” trámites o garantizar la inclusión en el programa a cambio de dinero.
Esta situación no es nueva en México, donde muchos apoyos sociales han sido utilizados para clientelismo político o han sido objeto de fraudes por intermediarios sin escrúpulos.
Hay que estar atentos a estos casos.