” Nunca pierdas el tiempo lamentando errores. Basta con que no los olvides”, William Faulkner

SORPRESAS

Vaya que, en Concordia, el actual alcalde se despachó con la cuchara grande, pues entrando a gobernar su municipio y ante la precaria situación de municipio, él y algunos regidores se aventaron una jugarreta que ahora tiene endeudado, más al municipio.

El pasado 27 de noviembre, el Ayuntamiento de Concordia aprobó un préstamo por 5.6 millones de pesos para cubrir compromisos laborales pendientes, como aguinaldos, finiquitos y deudas con el sindicato.

Sin embargo, detrás de este movimiento financiero surgen dudas legítimas sobre la transparencia de la gestión municipal y la posible utilización de recursos públicos con fines políticos.

El dictamen, firmado por la regidora Rosa Margarita Zamudio Madrigal secretaria de la Comisión de Hacienda y esposa del exalcalde Raúl Díaz Bernal, así como por los regidores Teresita de Jesús Osuna Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda y Eduardo Alfredo Torres Castañeda, ha generado inquietudes en distintos sectores de la comunidad.

¿Se trata de una decisión justificada o de un acuerdo premeditado para encubrir problemas financieros heredados?

El documento presentado al Cabildo argumenta que la solicitud de financiamiento se debe a una urgencia de liquidez, lo que deja en evidencia un problema estructural en la administración municipal. Un gobierno bien planificado no debería recurrir a préstamos para cubrir obligaciones básicas como el pago de salarios y prestaciones.

Esto plantea varias interrogantes: ¿Cómo se llegó a este punto de crisis financiera? ¿Existen irregularidades en el manejo de los recursos municipales? ¿Se están priorizando gastos innecesarios en lugar de fortalecer la estabilidad económica del municipio?

El alcalde Óscar Zamudio Pérez ha mantenido una postura discreta sobre este tema. No ha cuestionado públicamente la necesidad del préstamo ni ha explicado cómo se llegó a esta situación.

¿Es un actor pasivo en este endeudamiento o ha sido parte de la negociación para sacar adelante este dictamen sin mayor resistencia? Le vamos a la segunda, y que hasta, incluso, movió los hilos internos de este tema.

Uno de los aspectos más controversiales es la participación de la regidora Teresita de Jesús Osuna Rodríguez, quien preside la Comisión de Hacienda y respaldó la solicitud de préstamo.

Su relación con el exalcalde Raúl Díaz Bernal no pasa desapercibida. ¿Su papel en esta decisión es legítimo o responde a intereses de una red política que sigue influyendo en la administración municipal?

El hecho de que la Comisión de Hacienda haya presentado el dictamen sin una amplia discusión pública genera dudas sobre la transparencia del proceso.

¿Se tomaron en cuenta otras alternativas antes de comprometer el futuro financiero del municipio?

Más allá de la justificación técnica del préstamo, el endeudamiento de un municipio siempre tiene implicaciones políticas. En muchos casos, se utiliza como un recurso para mantener estructuras de control dentro de la administración pública, favoreciendo ciertos grupos y dejando de lado el interés colectivo.

Si el Cabildo aprobó este endeudamiento sin un plan claro para sanear las finanzas municipales a mediano y largo plazo, Concordia podría estar atrapándose en una espiral de deuda que limitará su capacidad de inversión en infraestructura, seguridad y desarrollo social.

La ciudadanía tiene derecho a exigir claridad: ¿Cuáles fueron los criterios para solicitar este préstamo? ¿Qué medidas se implementarán para evitar futuras crisis de liquidez? ¿Se investigará si existen responsabilidades administrativas por la falta de recursos?

El endeudamiento de Concordia no solo es un tema financiero, sino también político. Si bien la justificación oficial es atender compromisos laborales urgentes, la falta de transparencia y el involucramiento de actores políticos con vínculos en administraciones anteriores generan sospechas.

El alcalde Óscar Zamudio Pérez tiene la responsabilidad de explicar cómo se manejarán estos recursos y qué acciones tomará para evitar que esta situación se repita. Mientras tanto, el papel de la regidora Zamudio en este proceso sigue dejando abierta la pregunta: ¿actuó en defensa del municipio o simplemente como comparsa de intereses políticos?

La administración pública debe regirse por la responsabilidad y la transparencia. Endeudar a un municipio nunca debe ser la primera opción, y cuando se hace, debe estar plenamente justificado. En este caso, las dudas siguen en el aire y la ciudadanía merece respuestas.

Tiempo al tiempo.

FRENTE POLÍTICO

La reciente amenaza del expresidente Donald Trump de imponer un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas ha generado reacciones en distintos frentes políticos.

En Sinaloa, los diputados de Morena han cerrado filas en defensa del gobierno federal, destacando la labor de la presidenta Claudia Sheinbaum en la negociación que logró una pausa en la aplicación de estas medidas.

Sin embargo, este posicionamiento deja varios puntos abiertos a debate. Si bien el discurso de los legisladores sinaloenses enfatiza la importancia del diálogo y la diplomacia, omiten abordar las razones estructurales que llevan a Estados Unidos a utilizar los aranceles como herramienta de presión.

La migración, la seguridad y el comercio son temas entrelazados en la relación bilateral, pero México sigue en una posición reactiva más que proactiva.

Por otro lado, aunque el diputado Eligio López resalta el impacto negativo que un arancel del 25% tendría en la agroindustria sinaloense, no se mencionan estrategias concretas para diversificar mercados o fortalecer la economía local ante posibles represalias comerciales futuras.

Este episodio deja claro que la relación con Estados Unidos sigue marcada por la incertidumbre y la volatilidad política, especialmente cuando Trump, aún fuera del cargo, continúa influyendo en la agenda bilateral.

Morena defiende su estrategia de negociación, pero la pregunta sigue siendo: ¿Es suficiente una tregua temporal o se necesita un replanteamiento más profundo de la política comercial y migratoria de México?

RELEVOS

La reciente designación de Alfonso Carlos Ontiveros Salas como nuevo director de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) no es un simple relevo administrativo.

Su regreso al cargo, en sustitución de Yamir de Jesús Valdez Álvarez, genera cuestionamientos sobre si se trata de un movimiento estratégico en el contexto de los desafíos legales que enfrenta la institución.

Bajo la rectoría de Jesús Madueña Molina, la UAS ha estado en el ojo del huracán por diversos procesos judiciales y administrativos.

La gestión jurídica se ha convertido en un frente clave en la defensa institucional, y la elección de Ontiveros Salas parece responder a la necesidad de fortalecer esa trinchera con alguien de experiencia en la estructura legal universitaria.

El nombramiento, encabezado por la secretaria general Armida Llamas Estrada, ocurre en un momento en que la universidad mantiene una tensa relación con el Gobierno del Estado.

La continuidad de Madueña Molina como rector es otro factor en juego, pues su eventual reelección podría depender de la solidez jurídica con la que enfrente los retos internos y externos.

Este cambio en la Dirección de Asuntos Jurídicos no debe verse solo como un ajuste burocrático.

Más bien, plantea la interrogante de si la UAS busca blindarse ante posibles embates políticos o si es simplemente una estrategia de continuidad. ¿Será Ontiveros Salas el operador legal que la universidad necesita en este momento?

El tiempo lo dirá.