No cabe duda que todo lo que cuestione el gobierno de Quirino Ordaz será perseguido con saña, y hasta con los peores argumentos, defendiéndolo hasta lo imposible por preservar ese escaño de ser el gobierno estatal el mejor evaluado del país, aun cuando muchos aspectos en sentido contrario sean contundentes, como el caso de las cuentas públicas que ha rechazado el congreso local.

No haber aprobado esas cuentas públicas está costando a MORENA, a su líder en el Congreso, la diputada Graciela Domínguez Nava, y a quien los encabeza en el Congreso de la Unión, el senador Rubén Rocha Moya, prácticamente un linchamiento como si quienes reprobaron al gobierno estatal, las cuentas de los municipios, de los organismos descentralizados y demás entes públicos, hubieran violado la ley y no existieran en las cuentas públicas irregularidades suficientes para obligarles a que se subsanaran y paguen los daños patrimoniales.

Si quienes opinan así, y más los diputados que están a favor del gobierno estatal y de los municipios, se pusieran a leer la información de las irregularidades que presenta la Auditoría Superior del Estado (ASE), deberían también reclamarle al órgano fiscalizador porque solo se pronunció por ocho municipios y no por todos para que se les suspendieran las cuentas, lo mismo que otros entes que carecen hasta de sus normas para rendir cuentas en los tiempos que se debieran presumir lo que tanto impulsaron Marco Antonio Fox y Antonio Vega (los anteriores auditores), un sistema de armonización contable para todos los entes públicos, cuestión que dice que vamos para atrás.

Por eso, porque existen múltiples irregularidades que no leen los diputados, es correcto lo que hicieron la mayoría de diputados de suspender las cuentas municipales y no se diga la cuenta del gobierno del estado, cuando sus organismos como el Centro de Ciencias, el Instituto del Deporte, ISIC, ISIFE, Hospital Civil, ICATSIN, COBAES, Universidad Indígena, etc., presentan múltiples irregularidades que acumulan decenas y decenas de millones de pesos con irregularidades.

El común denominador son dineros que han retenido de deducciones a los trabajadores ya sea por ISR (Impuestos Sobre la Renta), cuotas del IMSS, cuotas de INFONAVIT, ISSSTESIN, obligaciones fiscales ineludibles que usan para otras cosas, en el mejor de los casos. El peor de todos los casos son los mil 350 millones que adeuda el gobierno del Estado al Instituto de Pensiones hasta el 2017 y los 2 mil ochocientos millones que adeuda sin fuente de pago.

Y si se va a la obra pública, más del 80% no se licita en todas las dependencias, presentándose casos tan aberrantes como la asignación del contrato del estadio de futbol de Mazatlán por la suma de 460 millones, asignado a una empresa que no acreditó ni la experiencia ni la capacidad técnica requerida en la convocatoria, según reporta la ASE.

O la Secretaría de Salud que no licitó un contrato de 123 millones y que otorgó al proveedor “Cometa Mercantil S.A. de C.V”, a quien se le asignó directamente para proveer material, accesorios y suministros médicos.

Y por último, es evidente que la misma ASE muestra fallas recurrentes cuando la mayoría de los municipios, según sus parámetros de calificación (de la misma ASE), salen reprobados todos, con excepción de Culiacán (88%), ubicando a Mocorito como el más bajo con el 6% ¿Dónde está la eficiencia de la capacitación continua que debería impartir la ASE a los funcionarios municipales y de todos los entes públicos?

Todos estos datos y miles más que están escritos en los informes de la ASE son suficientes para fundamentar la suspensión de todas las cuentas públicas que aprobaron los diputados, lo que evidencia que los ataques a MORENA, Graciela Domínguez y Rubén Rocha tan cargados de resabios, recelos y servilismo político, solo sirven para oscurecer algo que de por sí no es fácil aclarar… ¿Dónde quedó el dinero?