El movimiento que surgió al seno de los gobernadores del país al arribo del presidente López Obrador y que prohijó la “alianza federalista de gobernadores”, es sin duda un tema crucial para la vida de la república, su sistema de funcionamiento gubernamental, y la capacidad de planear y coordinar el desarrollo nacional.

El tema de la distribución de los recursos fiscales será eterno porque cualquier sistema fiscal que pretenda equilibrar los ingresos y los gastos de los recursos ficales siempre camina sobre una cuerda floja, y los embates vienen de un lado y de otro.

Pero por ello mismo se trata de un asunto que debiera tener mecanismos de supervisión, control y ajuste permanente que les proporcione la mayor estabilidad, equilibrio y equidad.

En nuestro país, desarrollado por más de un siglo bajo un régimen político presidencialista, aunque el constituyente de 1917 pretendió una república federada con sustentos con base en el municipio libre, esta intención ideológica en los hechos no se materializó y se erigió el régimen presidencialista que concentró la mayor parte del poder institucional de la nación, tanto que se mantiene, pese a todos los intentos por reducirlo, como el poder supremo del país, después de casi cien año de lucha permanente contra él.

Por eso, avanzar en reformular un convenio de coordinación fiscal necesariamente pasa por acotar y, de ser posible, modificar el régimen presidencialista, donde un solo hombre decide tanto y buena parte por intereses particulares, de lo que se infiere que el proceso de cambio tiene que ser simultáneo, aunque no sean juntos.

De ahí que la lucha que iniciaron los gobernadores de la “alianza federalista” es una demanda de todos, incluso de aquellos estados que se consideran serían los afectados, porque incluso lo más probable es que todos salgan ganando.

Según las estadísticas, son ocho entidades las que aportan el 83% de los impuestos federales en los estados y que esas mismas tan solo reciben el 40% en aportaciones y participaciones de parte de la federación. Mientras que once estados, que aportan el 2.5% de los impuestos federales (ISR, IVA, IEPS e ISAN, principalmente) reciben también el 40% de participaciones y aportaciones del gobierno federal. Ocho estados que aportan 33 veces más reciben lo mismo que once que aportan una parte.

Esta es una simple ecuación que refleja si se redujera todo a un problema entre estados pobres y estados ricos, y puede llegar a visualizarse así si el gobierno presidencialista se estrecha y se cierra más para no abrir las arcas del tesoro fiscal y explica a todos cómo se aplica este, cuál es el plan y qué proyectos nacionales contempla para todos.

Porque a la hora de la discusión, y seguramente de la reyerta, el encono es muy fácil que prevalezca, pero si periódicamente se discuten los planes de cada estado y se planifica en el tiempo y la distribución de recursos, pues por allí se pueden encauzar las cosas, pero no pueden ser unilaterales y menos irracionales.

La CONAGO ya llegó al límite, los gobernadores de MORENA avanzan a otro proyecto seguramente adheridos al presidente, y los del PRI y el PAN reducidos cada vez más, pero el problema ahí está, y aunque sean fieles al presidente, el país necesita un nuevo convenio de coordinación fiscal, un sistema de planeación nacional y, sobre todo, combatir la evasión fiscal y elevar los ingresos estatales propios.

Por ejemplo, Sinaloa tiene 20 años trabajando y ha crecido su aportación en un cien por ciento en la recaudación nacional (de 0.8% pasó al 1.6%), sin que sus ingresos propios modifiquen la estructura presupuestal durante todo ese tiempo, siempre recibiendo el 90% del presupuesto de Sinaloa de parte de la federación, y la mayor parte no es inversión sino gasto corriente. En fin.